La democracia y el buen gobierno no se logran por decreto, menos aun persistiendo en políticas equivocadas como las del socialismo del siglo XXI, pero nada indica que los bolivarianos estén dispuestos a admitirlo. Los venezolanos seguirán pagando el precio.
Publicado el 26.01.2016
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La crisis económica que azota a Venezuela es de tal magnitud, dice el Presidente Nicolás Maduro, que para enfrentarla necesita que la Asamblea Nacional le conceda —por tercera vez— poderes extraordinarios. La primera ocasión fue en 2013 y lo facultó para legislar durante seis meses sin la venia del Congreso; la segunda fue en 2015, con los llamados “superpoderes antiimperialistas”, por nueve meses más.

Significa que durante más de un año de los dos y medio que lleva en el poder, Maduro ha tenido carta blanca para dictar alrededor de un centenar de leyes sin rendirle cuentas al Poder Legislativo. En esto ha seguido los pasos de su predecesor: Hugo Chávez obtuvo de la AN cuatro “leyes habilitantes” en sus 14 años al mando del país, que sumadas le permitieron legislar por decreto durante ¡cuatro años y medio, un tercio de su mandato! (54 meses en total).

En otras palabras, los mandatarios de la era bolivariana han hecho práctica habitual del uso de facultades “extraordinarias” muy rara vez otorgadas a sus pares democráticos en el resto del mundo. Siempre que el Ejecutivo ha requerido poderes adicionales alegando escenarios críticos —desabastecimiento, roces diplomáticos, corrupción, desplome del petróleo, censura internacional, fuga de divisas, conflictividad social, desastres naturales, etc.—, un Congreso de mayoría oficialista le ha dado luz verde para actuar sin controles institucionales.

Y, sin embargo, Venezuela posiblemente está viviendo la peor crisis en su historia. Pese al inmenso poder que implica legislar por decreto durante largos períodos y sobre todo tipo de materias, los dos gobernantes chavistas han profundizado (y multiplicado) los problemas del país.

Es una triste ironía que la primera vez que Maduro pidió facultades extraordinarias fue para ganar la “guerra económica”, el mismo argumento con el cual pretendía que la nueva AN, hoy de mayoría opositora, aprobara la semana pasada un decreto de emergencia económica que lo hubiera facultado por 60 días para adoptar medidas que normalmente deberían pasar por el Congreso, como el uso de partidas presupuestarias, reglas contra la evasión fiscal, cambios en las condiciones arancelarias, metas de producción para las empresas estatales y varias más.

El viernes, la oposición rechazó el decreto presidencial y, lecturas políticas aparte, no cuesta mucho entender por qué.

Gracias a la ley habilitante de 2013, Maduro dictó normas para, entre otras cosas, poner límites a las ganancias de las empresas, centralizar la distribución de alimentos, fijar precios, decretar impuestos específicos a la renta y el consumo, e intervenir comercios. Nada de eso sacó del sótano a la economía venezolana, más bien todo lo contrario. Su segunda habilitante, vigente hasta diciembre pasado, tuvo una justificación más bien política —“la protección contra la injerencia de otros Estados en asuntos internos” de Venezuela—, pero también buscaba contrarrestar los efectos económicos negativos de una supuesta campaña desestabilizadora orquestada desde Washington. Esa ley tampoco sirvió de mucho, excepto para caldear aún más la retórica antiimperialista de Caracas y sus aliados.

¿Cuál sería la lógica de conceder nuevas facultades extraordinarias a un régimen que, habiéndolas tenido en abundancia durante más de década y media, no sólo no alcanzó con ellas ninguno de los resultados prometidos, sino que empeoró las cosas? El evidente fracaso de esa forma de gobernar es, de hecho, la mejor prueba de que la separación de poderes es a la vez una cualidad democrática y un factor de buen gobierno.

Los motivos del chavismo para legislar obviando el filtro parlamentario —ni hablar de sutilezas institucionales como una Contraloría autónoma o una Corte Suprema políticamente neutra, que simplemente no existen— son los mismos que tienen los ministros del gobierno para negarse a ser interpelados por la AN para responder consultas sobre la producción petrolera, las finanzas públicas, la inflación récord, la dependencia alimentaria, la inseguridad rampante, la escasez de medicinas o la gestión de las empresas del Estado, entre muchos otros temas ingratos. Ocurre que un ejercicio de transparencia tan básico como ése, de rutina en Chile y otras democracias, dejaría al descubierto más allá de cualquier duda que la chavista es una revolución fallida.

Maduro no necesita más poderes para hacer bien su trabajo y él mismo se ha encargado de demostrarlo con su administración, tal como antes lo demostró Chávez. La democracia y el buen gobierno no se logran por decreto, menos aun persistiendo en políticas equivocadas como las del socialismo del siglo XXI, pero nada indica que los bolivarianos estén dispuestos a admitirlo. Los venezolanos seguirán pagando el precio.

 

Marcel Oppliger, periodista y autor de “La revolución fallida: Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez”.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.