Si se investiga un delito que no existe, basado únicamente en un borrador de informe que es una vergüenza y que ni siquiera fue aprobado por la Cámara de Diputados, que es el órgano del Estado que tiene potestad para emitirlo, cuatro años parece un plazo excesivo para decidir el archivo de la investigación.
Publicado el 04.05.2017
Comparte:

Las movilizaciones estudiantiles del año 2011 tenían como una de sus consignas principales el fin al lucro en la educación superior. Se atribuía al lucro toda suerte de males, y millones de estudiantes y sus familias fueron convencidos por un discurso demagógico y populista de que la raíz de sus problemas estaba en que había gente que lucraba con las universidades.

Como consecuencia lógica de esa creencia, mucha gente pensó que si se ponía fin al lucro en las universidades se acabarían sus problemas.

Para crear esta imagen no sólo se recurrió a los afanes revolucionarios de los jóvenes, a los problemas económicos de sus familias para financiar la educación o al manejo irresponsable de instituciones, que los hubo; sino que además se utilizaron instituciones del Estado cuyas actuaciones contribuyeron a crear esta falsa imagen de que el lucro era responsable de buena parte de los problemas en educación superior.

Así, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que se creara para investigar el lucro emitió en junio de 2012 un vergonzoso informe. Vergonzoso desde varios puntos de vista: primero, porque sobrepasaba los límites de la legalidad; segundo, porque realizó una serie de acusaciones que no se basaron en evidencia ni en una investigación, sino sólo en opiniones de invitados a exponer a la Comisión, algunas de cuyas afirmaciones, sin que se contara con prueba alguna, fueron incluidas textualmente en el Informe de la Comisión; tercero, porque el documento carece de un orden lógico, contiene transcripciones pegadas de algunas de las exposiciones a la Comisión, varias de ellas en forma repetida, en un texto de 400 páginas que constituye en definitiva un verdadero adefesio que quedará en los anales de la Cámara de Diputados.

El informe sobrepasó los límites de la legalidad porque la Comisión fue creada para investigar “el financiamiento de las universidades públicas, rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el fisco de Chile y en general funcionamiento de éstas.”. Pues bien, la Comisión no hizo eso, hay sólo escasas menciones a las universidades públicas y en cambio numerosas menciones y acusaciones contra universidades privadas, todas ellas sin evidencia alguna. Con esto los diputados que avalaron el informe transgredieron la Ley Orgánica del Congreso, al exceder el marco del acuerdo que dio lugar a su formación y además contravinieron la Constitución al atribuirse derechos distintos a los que expresamente les hayan sido conferidos en virtud de la Constitución y las leyes, que es la conducta en que incurrieron al investigar instituciones privados.

El informe, como decíamos, no se basó en hechos, sino en opiniones. Señala, por ejemplo, entre las conclusiones que: “esta Comisión cumplió a cabalidad su mandato a pesar de no haber podido obtener toda la información requerida”, y afirma luego que “se concluye que existe lucro en la educación superior”. Vale decir, no contaron con los antecedentes requeridos para llegar a una conclusión e igualmente llegaron a una. Nombra también a ocho  universidades en las que según la Comisión hay lucro y pide al Ministerio de Educación que las fiscalice, sin aportar una sola prueba o antecedente de por qué esas universidades y no otras, en las que se pueden encontrar los mismos procedimientos y conductas, son las que lucran.

Por último, como señaláramos, la redacción del documento, sus fallas sintácticas y de ortografía, la falta de preocupación por hilar el texto son tales, que éste puede calificarse de vergonzoso.

Tanto es así, que la Concertación en esa época, pese a tener mayoría en la Cámara de Diputados, no logró aprobar el informe de la Comisión en la Sala, donde la mayoría de los diputados lo rechazó. Quedó así sólo como un borrador, mudo testigo del oprobioso cometido de los diputados de la Comisión que suscribían el proyecto de informe.

Pero la historia no terminó ahí.

A veces es útil hacer la trazabilidad de los hechos para tener una mejor comprensión de cómo una consigna, “fin al lucro” en este caso, se convirtió para muchos en una verdad revelada.

Lo que ocurrió es que el Ministerio Público, que recibió una copia de este informe por parte de la Comisión, abrió una investigación criminal por “lucro en la educación superior”, un delito que no existe, y encargó al fiscal Carlos Gajardo este cometido.

El fiscal Gajardo realizó una investigación durante cuatro años. Interrogó a varios directivos de las instituciones de educación superior acusadas en el Informe del oprobio. Finalmente, hace unas semanas archivó la causa sin efectuar acusaciones.

No se necesita ser abogado para adivinar que la investigación iba a terminar así. Si se investiga un delito que no existe, basado únicamente en un borrador de informe que es una vergüenza y que ni siquiera fue aprobado por la Cámara de Diputados, que es el órgano del Estado que tiene potestad para emitirlo, cuatro años parece un plazo excesivo para decidir el archivo de la investigación.

Entretanto, la investigación abierta tuvo efectos reales y muy negativos.

Primero, porque cubrió con un manto de sospecha a universidades donde estudian cientos de miles de jóvenes chilenos y que pueden exhibir importantes logros académicos, la investigación contribuyó a paralizar las inversiones necesarias para el crecimiento natural de esos planteles. Segundo, porque actuó como distractor de los verdaderos problemas de la educación superior chilena, tanto, que el proyecto sobre la materia que el Gobierno de Michelle Bachelet ha enviado al Congreso hace pocos días está plagado de regulaciones y normas sobre el gobierno corporativo de las universidades destinadas a impedir el lucro, las que dificultarán seriamente su funcionamiento y atentan contra su autonomía, sin atender a los problemas de calidad, que son los que verdaderamente importan.

Eso es lo que ocurre cuando las instituciones del Estado se desnaturalizan y en lugar de cumplir con la misión que les corresponde pasan a perseguir fines de carácter político o ideológico.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

 

Ingresa tu correo para recibir la columna de Luis Larraín