Cuando el Estado se encuentra cooptado por quienes debiesen ser sus servidores, comienza a ponerse en duda cuáles son los reales intereses de los líderes de estas asociaciones funcionarias.
Publicado el 06.11.2016
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En un país donde desde hace un tiempo se cuestiona todo —se pone en duda (con o sin razón) la validez de las instituciones, se critica la relación entre empresa y Estado, y existen grupos que aseguran que detrás de todas las decisiones están los llamados “poderes fácticos”—, vale la pena preguntarse si hemos visibilizado correctamente a todos los que ejercen en forma ilegítima este tipo de poder.

Pese a los innegables problemas que presentan los contratos en el sector estatal, he tenido la suerte de conocer funcionarios públicos extraordinarios, tanto de carrera como de carácter político, entregados con fervor a su trabajo e irremediablemente orientados al bien de la gente a la que se deben.

Pero lo que sucede hoy con los funcionarios públicos es inédito: “O se sienta a negociar con nosotros o renuncia”, han notificado los integrantes de la mesa de los trabajadores del sector al ministro de Hacienda. Como si ellos tuvieran voz y voto en la designación de ministros. Como si el titular del Ministerio de Hacienda fuera un cargo de su confianza. Como si no fuera suficientemente complicado para el ministro Rodrigo Valdés asignar recursos limitados a necesidades ilimitadas. Es más, como si hoy no se hubiesen constatado urgencias nacionales dramáticas, como la de los niños del Sename.

Tanto en municipalidades como en ministerios públicos, he sido testigo de cómo hay funcionarios que se niegan a trabajar si es que llega al poder alguien del sector político contrario al que ellos adhieren: se visten de luto, hacen huelga de brazos caídos, o peor aún, atornillan al revés para “que no le vaya bien” a quien no es uno de los suyos. Para qué decir entidades completas en que, por cambio de mando, se borran “accidentalmente” todos los discos duros.

Como si el hecho de que le vaya mal a un sector u otro no significara que, en definitiva, le va a ir mal a la gente. Es de una estrechez mental infinita no entender que ojalá siempre le fuera bien al gobierno de turno, y que todas las reformas y políticas públicas fueran reconocidamente exitosas, porque eso siempre va a significar que nuestra gente y nosotros mismos estaremos mejor. Independiente de quién o qué sector esté en el poder. Independiente de quién se lleve los laureles.

Lo que tampoco deja de sorprender —y resulta de una tozudez inconcebible—, es la incapacidad de ceder cuando en una negociación se han presentado todos los argumentos y condiciones que hacen que, en forma excepcional, se pueda ofrecer un aumento salarial acotado, en consideración a la realidad económica por la que atraviesa el país. Y eso dejando de considerar que el promedio de las remuneraciones del sector público es mayor que en el privado, que en los últimos 10 años el aumento salarial estatal ha sido mayor que el promedio de los reajustes privados (al que muchos trabajadores ni siquiera tienen derecho, por cierto), y que muchos de estos empleados públicos cuentan con beneficios extras como la inamovilidad funcionaria, que tanta tranquilidad entrega a quienes gozan de ella.

Me atrevería a decir que la mayoría de los funcionarios no son responsables de la situación que atravesamos. Incluso he tenido la oportunidad de conocer a dirigentes notables, sensatos, que siempre ponen el bien común por delante, sin descuidar los intereses de su gente. Sin embargo, al parecer, parte de sus líderes hoy no han sido capaces de dejar de lado sus intereses particulares frente a los de Chile.

Y no solo vemos el descaro de pedir la renuncia al ministro de Hacienda, sino además de presionar mediante paros que producen consecuencias tan indeseadas como la imposibilidad de hacer trámites esenciales, tardanzas en recibir el cuerpo de un fallecido desde el Servicio Médico Legal, impedimento de ingresar una carpeta municipal para un trámite en la dirección de obras, entre miles de otras consecuencias que solo producen efectos negativos para el desarrollo del país y sus habitantes. Para qué decir la suspensión de cirugías de todo tipo, que muchas veces llevan años esperándose o que podrían significar la muerte de los pacientes. Darse el lujo de paralizar el país no es justo. Menos por parte de quienes debiesen ser ejemplo de entrega y trabajo por y para la gente.

Entonces, cuando el Estado se encuentra cooptado por quienes debiesen ser sus servidores, comienza a ponerse en duda cuáles son los reales intereses de los líderes de estas asociaciones funcionarias y empezamos a pensar que existen otros grupos, que no hemos visualizado apropiadamente, que también deberían formar parte de los sospechosos y poderosos de siempre.

 

Carol Bown, abogada

 

 

Foto: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO