Se puede compartir el objetivo de mayor recaudación que persigue el gobierno, pero queda la fuerte sensación de que lo mismo podía lograrse de otra forma, sin producir el impacto que la Reforma Tributaria ha tenido y está teniendo en nuestra economía, conservando ciertos incentivos que permiten fomentar el crecimiento económico y conjugarlo con una mayor equidad desde el punto de vista social.
Publicado el 31.10.2016
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En febrero de este año la Presidenta Bachelet promulgó el proyecto de simplificación de la Reforma Tributaria. A ocho meses de ese hito podemos decir que contribuyó a aclarar ciertas materias, pero no cumplió con la expectativa de introducir algunos ajustes de fondo que eran necesarios.

El régimen de impuesto a la renta parcialmente integrado, junto con aumentar la tasa del Impuesto de Primera Categoría de las empresas a un 27%, impone una tributación total marginal sobre la utilidad del negocio, una vez ya retirada por el socio o accionista, de un 44,45% (27% pagado por la sociedad y un 17,45% pagado por el socio). Ello se debe a que el socio o accionista sólo tendrá derecho a utilizar como crédito en contra del Impuesto Global Complementario, un 65% del impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa, y no el total de dicho tributo, como ocurre en la actualidad.

Lo anterior, junto con elevar la tributación final sobre las utilidades empresariales a márgenes excesivos para nuestro nivel de desarrollo económico, introduce una inequidad en el sistema, puesto que la tributación final para quien es socio o accionista de una empresa será mayor (44,45% marginal) a la de la persona natural que desarrolla actividades económicas como tal (35% marginal bajo el nuevo sistema). En cambio, según lo ha manifestado el propio subsecretario de Hacienda, un objetivo equivalente de mayor recaudación podría haberse alcanzado manteniendo el sistema de impuesto a la renta 100% integrado, y elevando la tasa de impuesto de Primera Categoría de las empresas a un 30% o 31%.

También habría sido más simple desintegrar por completo ambos impuestos, estableciendo una tasa de impuesto a pagar por las empresas y otra a pagar por el socio o accionista, pero en tal caso habría sido necesario reducir la tributación del socio o accionista por debajo de las tasas vigentes en la actualidad.

El régimen de renta atribuida, aun cuando ha quedado más limitado que en el proyecto original, tampoco responde a las expectativas de mayor crecimiento económico que tiene un país como el nuestro, puesto que no es un incentivo al ahorro o inversión, sino que, muy por el contrario, fomenta el consumo o retiro de utilidades por parte del socio o accionista, ya que agota íntegramente la tributación sobre base devengada. Curiosamente, el sistema de renta atribuida se ha erigido como el régimen típico para las pymes, empresas que son las que requieren de un mayor incentivo al ahorro e inversión para continuar creciendo.

Respecto a la norma antielusiva general, era necesario ser mucho más claro para evitar cualquier intersticio de retroactividad, puesto que la aplicación retroactiva atenta contra los principios de seguridad jurídica y buena fe de las personas. Es por eso que está prohibida por nuestra Constitución. Tratándose de un tema tan sensible, era fundamental ser mucho más enfático en establecer la irretroactividad de la norma antielusiva.

Lo más simple era disponer que la norma sólo afectaría a operaciones iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia, sin ningún otro tipo de reserva. Personalmente, además, creo que la norma antielusiva general no era necesaria ni conveniente para nuestro régimen tributario. De hecho, la OCDE no la recomienda para países en vías de desarrollo, puesto que puede generar situaciones de abuso por parte de la autoridad y eventualmente corrupción. El mismo objetivo perseguido podía alcanzarse a través de la promulgación de normas antielusivas especiales y del fortalecimiento de las ya existentes. El impacto mediático a nivel de las confianzas de los contribuyentes habría sido mucho menor al producido, y probablemente el aumento en la recaudación habría sido muy similar o incluso superior.

En definitiva, se puede compartir el objetivo de mayor recaudación que persigue el gobierno, pero queda la fuerte sensación de que lo mismo podía lograrse de otra forma, sin producir el impacto que la Reforma Tributaria ha tenido y está teniendo en nuestra economía, conservando ciertos incentivos que permiten fomentar el crecimiento económico y  conjugarlo con una mayor equidad desde el punto de vista social.

Todo ello lleva a pensar que es muy probable que un futuro gobierno deberá introducir ajustes o modificaciones de fondo a la actual ley tributaria.

 

 

Claudio Bustos Alvarado, abogado, socio de Bustos & Cía.

 

 

Foto: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO