Lo que resulta incomprensible es el silencio que han mantenido las autoridades de la Cancillería ante la opinión pública, respecto de un incidente en el cual les cabe una responsabilidad directa.
Publicado el 17.11.2015
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En su novela “El Increíble Hombre Menguante” (The Incredible Shrinking Man), un clásico de la ciencia ficción, el escritor Richard Matheson narra las peripecias de un hombre que, luego de haberse expuesto a una extraña tormenta radiactiva, comienza a disminuir inexorablemente de tamaño. Empequeñece tanto, que finalmente ingresa a un mundo subatómico, se pierde de vista y… desaparece.

Algo similar le ocurre desde hace dos décadas a nuestro país, cuya diplomacia no ha logrado detener el progresivo deterioro de nuestra soberanía territorial y marítima. Al infausto fallo arbitral de 1994 que resto casi 500 kilómetros cuadrados de territorio en la zona de Laguna del Desierto, sumamos en el 2014 los 18.000 kilómetros cuadrados de mar que la Corte de La Haya dejó  en manos del Perú. Del mismo modo, la soberanía de Chile también se ha visto perjudicada por la firma de una serie de tratados internacionales que restringen su ejercicio sobre distintos recursos del país. Ejemplo de aquello es el acuerdo de 1991 que nuestro país suscribió con Argentina y que comprometió la plena soberanía de Chile sobre gran parte de las aguas que provienen de la cordillera.

No obstante, existen otras formas, más silenciosas (o silenciadas), lejos del interés de los medios, en las que correcciones fronterizas han mermado territorio a Chile. Es el caso de un botadero que la minera Los Pelambres habilitó el año 2003 cerca de ese yacimiento, en un lugar que la empresa de buena fe creía ser territorio chileno.  También los organismos del Ministerio de Minería que dieron luz verde al proyecto debieron creerlo así, porque los mapas oficiales y autorizados por la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería así lo decían.

Lo que no sabía la minera Los Pelambres ni tampoco el Ministerio de Minería, era que esos terrenos no eran chilenos, a pesar de que los mapas afirmaban lo contrario. Pareciera que varios años antes ambos gobiernos habían acordado modificar el límite en ese sector, pero por una inexplicable omisión este cambio no fue recogido por los mapas oficiales de Chile, tarea en la cual la Dirección de Fronteras y Límites del Estado de la Cancillería desempeña un papel importante. En otras palabras, el mismo organismo de la Cancillería que convino la modificación de límites con Argentina, no hizo la tarea siguiente, de comunicar el nuevo trazado limítrofe para la elaboración de los mapas correspondientes.

Según recogemos de lo que la prensa ha informado, recién en 2008 -es decir, casi una década después-, la directora Nacional de Fronteras y Límites de la Cancillería habría ordenado registrar el nuevo trazado fronterizo, oficializando en los mapas que usan las distintas reparticiones del Estado, la ubicación del botadero en Argentina. Muy tarde para el Ministerio de Minería, que cinco años antes había autorizado la ubicación del botadero, y demasiado tarde para la empresa minera, que a esas alturas había depositado más de 50 millones de toneladas de escombros en el lugar.

Se entiende entonces las dificultades que ha tenido la ministra de Minería para explicar esta situación. Pero lo que resulta incomprensible es el silencio que han mantenido las autoridades de la Cancillería ante la opinión pública, respecto de un incidente en el cual les cabe una responsabilidad directa. Cosas que ocurren lejos del mundo de la ciencia ficción, en este país “increíblemente menguante”.

 

Jorge Canelas, Cientista Político, Embajador (r).

 

FOTO: CRISTÓBAL ESCOBAR RAMIREZ/AGENCIAUNO