Lo mejor que pueden hacer los políticos para proteger a sus hijos es actuar como políticos y defender la independencia de las instituciones. Pero cuando actúan como padres y salen a defender a los hijos, terminan alimentando las sospechas de que éstos no son seres autónomos, sino que son meras extensiones de los intereses y negocios de sus progenitores.
Publicado el 21.03.2017
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Nadie tiene culpa ni mérito por tener los padres que tiene. En la medida que los hijos de los Presidentes no participen de las actividades políticas o empresariales de sus padres, no deberían estar sometidos al mismo escrutinio público al que deben estar sometidos ellos. No corresponde poner en cuestionamiento la compra de un terreno cerca del proyecto minero Dominga realizada por Sofía Henríquez, la hija de la Presidenta Bachelet. Pero resulta poco apropiado que la Presidenta declare que fue ella quien compró el terreno para regalárselo a la hija, pues eso genera espacios para que se cuestione si es necesario que ella se inhabilite por conflicto de intereses respecto a la decisión que debe tomar su Gobierno sobre el destino de ese proyecto.

En una sociedad igualitaria donde predomina la meritocracia, nadie debiese cargar con responsabilidades por lo que hacen sus padres. En la medida que no se involucren en política —ni aprovechen las redes e influencias de sus padres para avanzar sus carreras—, la privacidad de los hijos de los políticos debe ser respetada. Por cierto, aquellos hijos de políticos que se involucran en negocios con sus padres renuncian a esa privacidad en tanto todos aquellos involucrados en los negocios de políticos pueden ser sometidos a escrutinio público por los potenciales conflictos de interés que puedan existir. A su vez, si un hijo de político realiza sus propias actividades empresariales, pero utiliza el nombre de su padre o madre para mejorar su posición de negociación, también puede ser sometido a un mayor escrutinio público.

De ahí que sea razonable que Sebastián Dávalos haya sido sometido a un fiero examen en tanto optó por entrar al Gobierno de su madre y en la medida que había sospechas fundadas que utilizó sus lazos familiares para abrirse oportunidades de negocios. De igual forma, la investigación sobre la participación que pudo haber tenido Sebastián Piñera Morel en la compra de la pesquera Exalmar se justifica en tanto Piñera Morel participaba activamente de los negocios de su padre.

Nada justifica, en cambio, que se investiguen los negocios, las compras de terreno o el empleo de otros hijos de los Presidentes chilenos si no hay sospechas fundadas que hayan usado sus lazos familiares para conseguir trato privilegiado o para obtener ventajas indebidas. De ahí que la información publicada sobre la compra de un predio cerca del proyecto minero Dominga que realizó Sofía Henríquez Bachelet parece injustificada. Nada tiene que ver Sofía Henríquez con la decisión de un comité compuesto por personeros de confianza del Gobierno de Bachelet de rechazar la autorización para la realización del proyecto.

Resulta comprensible el disgusto de la Presidenta —y la molestia que también expresara el ex Presidente Piñera— por el intento de relacionar esa compra con la negativa del Gobierno a autorizar el proyecto. Lamentablemente, ella confundió las cosas en su explicación y, en vez de lograr aislar a su hija de la polémica, abrió una ventana para que aumenten las críticas a la venta del terreno. Ya que Bachelet reconoció que ella había regalado el dinero a la hija para la compra del terreno, reconoce un cierto nivel de involucramiento en la decisión de comprar ese terreno en particular. En vez de decir que ella le había regalado dinero a su hija para que se comprara cualquier terreno que quisiera, Bachelet reconoció haber pagado por la compra de ese en particular. La diferencia es sutil, pero no trivial. Si la Presidenta sabía que su familia tenía intereses que se verían directamente afectados por el proyecto minero, genera espacio para alimentar sospechas sobre si ella tiene una postura al respecto y si comunicó esa postura a sus subalternos. Es verdad que no hay ninguna ilegalidad, pero ella debió ser más cuidadosa en el argumento que elaboró para ir en defensa de su hija.

Como estamos en año electoral y reina la incertidumbre sobre quiénes serán los candidatos, resulta inevitable que cualquier suspicacia se convierta en una oportunidad para dañar a los adversarios políticos. Como, además, el caso Caval manchó la reputación de uno de los hijos de Bachelet y el caso Exalmar ha puesto el foco en las actividades de un hijo de Piñera en los negocios de su padre, la revelación sobre la compra de una propiedad hecha por Sofía Henríquez Bachelet cerca del proyecto minero Dominga también se ha politizado.

Lo mejor que pueden hacer los políticos para proteger a sus hijos es actuar como políticos y defender la independencia de las instituciones. En la medida que sepan construir cortafuegos entre sus intereses privados y su función pública, se estarán protegiendo ellos y protegerán también a sus familias. Pero cuando los políticos actúan como padres y salen a defender a los hijos, terminan alimentando las sospechas de que éstos no son seres autónomos, sino que son meras extensiones de los intereses y negocios de sus progenitores.

 

Patricio Navia, #ForoLíbero

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

 

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