Por ahora, están abiertos dos frentes para quienes valoramos y defendemos la diversidad del sistema, la libertad de asociación y la posibilidad de que las comunidades educativas desarrollen su ideario y proyecto educativo autónomamente.
Publicado el 17.04.2016
Comparte:

Desde que el gobierno de la Presidenta Bachelet asumió en marzo de 2014, todos sabíamos que tarde o temprano se vendría la anhelada reforma a la educación superior, la cual se coronaría como su proyecto estrella en las transformaciones estructurales que le prometió a Chile.

Entrados ya en el segundo tiempo, vemos una serie de indefiniciones que dan cuenta que este objetivo está lejos de materializarse. El MINEDUC, con un equipo no menor de personas dedicadas a esto, aún parece no haber dado con el clavo con algo que parecían tener tan presente.

Hasta el momento todo parece ser dudas e imprecisiones. En este mismo medio, se filtraron documentos preliminares que han sido duramente criticados. Al mismo tiempo, está latente el riesgo de que la promesa de ingresar este proyecto antes del 21 de Mayo –fecha que se auto fijó SEGPRES para ingresar el proyecto- implique que para 2017 la gratuidad deba volver a ser implementada vía glosa presupuestaria. Esto, porque el cambio de cimientos que se pretende hacer requiere un largo debate y también, porque hasta la fecha, no se ha visto por parte del MINEDUC y de su grupo de asesores una propuesta sustantiva que explique mediante qué mecanismos pretende financiar la educación gratuita que proponen de manera sustentable, inclusiva y respetando la legítima elección que los estudiantes realizan.

¿Qué está en juego de lo que se ha ido sabiendo?

Además de la incertidumbre que genera esta falta de información sobre los cambios que se vienen en los estudiantes y sus familias, de lo que hemos conocido se expone una reingeniería completa al sistema de educación superior que se aleja bastante a lo dicho por el ex ministro Eyzaguirre sobre que la obra gruesa hecha ya estaría terminada, sino todo lo contrario, cambios que van a los cimientos del actual sistema de educación superior.

En primera instancia llama la atención la creación de un régimen especial para universidades de propiedad del Estado que contaría con regalías especiales. Gratuidad para los estudiantes que opten por carreras de pregrado en estas instituciones, vínculo directo con CONICYT, cercanía con la DIPRES, entre otros. Múltiples beneficios que responden a una imagen idílica con la que se ha vestido a la educación estatal, que si revisamos la realidad, es difícilmente reconocible como evidente. Basta revisar indicadores como años de acreditación, cantidad de investigación, vínculo del medio, entro otros, donde vemos que no son todas las universidades estatales la que muestran un comportamiento significativamente superior a lo que muestran varias universidades no estatales.

En segundo lugar, es preocupante el error conceptual en el modo de entender la definición de vocación pública que tienen las universidades, el cual sólo solo se identifica con las universidades que son propiedad del Estado. ¿Es que universidades con vocación explícita como la Universidad Católica o la Universidad Diego Portales no son públicas sólo por no ser propiedad del Estado, aunque impacten positivamente y sea reconocido por todos? Una línea argumental que está cargada de una visión que pone los énfasis en el rol que puede hacer el Estado en el sistema universitario poniendo serias cortapisas al pluralismo del sistema, la autonomía institucional y la libertad académica.

En tercer lugar, para las universidades no estatales se reconoce un eventual rol público pero que implica decisiones tan costosas en autonomía para acreditarlo que, sin dudas, inhibirá cualquier intención de acceder a este reconocimiento. Además, se propone una Superintendencia con fuertes atribuciones que amenazan y muestran cómo desde el gobierno ven con resquemor la existencia de estas universidades poniendo todo el énfasis en eliminar la posibilidad de que exista posibilidad de lucro –hecho que actualmente está penalizado por la ley- más que en procurar cambios que se enfoquen en que las universidades cumplan con su rol de manera integral.

Finalmente, para el mundo no universitario se enuncian algunas propuestas de orgánica, pero nada relacionado con los urgentes cambios que este sistema necesita. Entre tanta nueva burocracia se echan de menos propuestas que vayan en la línea de garantizar la calidad de este sector, potenciar a aquellas instituciones que cumplen con el estándar y definitivamente terminar con otras que entregan dudosa educación, o pensar en modos de vincular más los programas con el mundo del trabajo, articularlos con la educación universitaria y el mundo de los postgrados de especialización, entre otras tantas propuestas necesarias.

Lo que hasta la fecha conocemos, parece desconocer la compleja tipología del sistema de educación superior. En él coexisten diversas instituciones las cuales apuntan a distintos fines y por tanto atraen a personas con perfiles y necesidades muy distintas. Pretender que una propuesta que pone el foco principalmente en la educación universitaria estatal se hará cargo de los urgentes cambios que transversalmente se identifican es un error garrafal que ya es hora que el gobierno rectifique. Mientras este cambio de actitud se sigue esperando, los estudiantes han vuelto a organizar con el primer llamado a marcha para este 21 de abril para presionar al Ejecutivo, a clarificar su agenda y presionar para que se materialicen las propuestas que desde 2011 vienen presionando. Por ahora, están abiertos dos frentes para quienes valoramos y defendemos la diversidad del sistema, la libertad de asociación y la posibilidad de que las comunidades educativas desarrollen su ideario y proyecto educativo autónomamente.

 

Cristóbal Ruiz-Tagle C., Director de Estudios IdeaPaís.

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO