Contrario a lo que plantean las tesis historiográficas convencionales, el antiguo régimen francés de Luis XVI y María Antonieta no sucumbió por la imperiosa obra y gracia de las ideas ilustradas, cuya penetración era -por cierto- muy marginal y acotada. La crisis del antiguo régimen estuvo esencialmente determinada por un proceso de desacralización de sus prácticas y cuestionamiento de sus excesos, que catalizaron un proceso de indignación popular, como respuesta a la exposición caricaturesca y satírica de los privilegios y extravagancias de la clase noble en diversos espacios de la primigenia opinión pública. Es la tesis que sostiene el historiador Roger Chartier en “Espacio Público, Crítica y Desacralización en El Siglo XVIII”. En definitiva, la popularidad de María Antonieta no fue esencialmente minada por los textos de Rousseau ni Voltaire, sino más bien por episodios como los del recordado «escándalo del collar».
¿Pero en qué se vincula la anterior reflexión con el momento político nacional marcado por un crudo cuestionamiento a la clase política, sus partidos tradicionales y la exaltación de cualquier práctica que pueda sembrar la menor sospecha de privilegios o corruptela?
Los exégetas de la probidad, algo así como los jacobinos de la transparencia, han jugado un rol central en esta trama. Se trata de un grupo de líderes de opinión, académicos y representantes de grupos de presión de la sociedad civil que han predeterminado un escenario, en el cual, cualquier objeción a sus planteamientos, ha de ser catalogada como una defensa del antiguo régimen, entendiendo a éste como el ámbito de las malas prácticas, irregularidades y opacidades expresadas en una «incestuosa» relación entre el empresariado y la política.
En este marco, argumentar sensatamente respecto de los potenciales riesgos de la disminución de los requisitos para la constitución de nuevas agrupaciones partidarias, ponderando variables tales como la gobernabilidad y la fragmentación partidaria, poco importa, si como acto reflejo se adjudica dicho planteamiento a una supuesta defensa fáctica al «cartel de partidos coludidos» para frenar la competencia.
Así como en la sátira jacobina, no se escatima en el grado de exaltación o de distorsión de la realidad a efectos de hacer sucumbir lo vetusto. Uno de estos activistas pro transparencia -prolíferos en producción tuitera, pero precarios en la elaboración de documentos- sostenía que el requisito de exigencia de un 5% de los votos para la permanencia de partidos políticos era empleado en muy pocos lugares del mundo. Habría que recordarle que países como Alemania, España, Italia, Austria, Japón, Suecia y Turquía, entre otros, también emplean barreras mínimas de un porcentaje de votos para poder acceder al parlamento. Pero ahí donde se busca legislar con pasiones, poca cabida encuentran las razones.
Para qué hablar de la postura frente a los aportes anónimos. Defenderlos en la esfera pública pasa a ser prácticamente un acto de inmolación por el poder en las sombras -desde la perspectiva de los exégetas de las probidad-, cuando, por el contrario, estos aportes tienen como objeto posibilitar que pequeños donantes -no precisamente los poderosos de siempre- puedan contribuir a una campaña con el debido resguardo de ser acosado, presionado o extorsionado por su preferencia política. No por nada, el 73% de los países OCDE contempla alguna forma de anonimato como fórmula de financiamiento.
Pero, volviendo al fondo, quizás el punto medular sea que los exégetas de la probidad ven en la transparencia un fin, y no un medio para optimizar nuestro entramado democrático, de ahí la voluntad de imponer, y no promover, ciertas verdades reveladas, ¿por qué las elecciones internas de los partidos deben realizarse siempre conforme al criterio de un elector un voto? ¿O es que acaso la democracia indirecta pasó a ser sinónimo de corrupción, tráfico de influencias y falta a la probidad? De ser así, ¿toda la densa tradición democrática anglosajona podría ser catalogada de «espuria»?
Los exégetas de la probidad han llegado al extremo de promover la anulación de una ley aprobada por más de 90 parlamentarios, por fundados cuestionamientos al comportamiento de un parlamentario. Sí, uno de 90 parlamentarios.
La instrumentalización de la probidad y la transparencia es también una táctica política, quizás orientada a fortalecer nuestra democracia, pero ¿por qué no también orientada a terminar con un antiguo régimen? En honor a la consecuencia, correspondería que muchos de estos exégetas de la probidad, lo transparentaran.
Jorge Ramírez, cientista político.
FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO