El error de Velasco estuvo en enarbolar las banderas de las buenas prácticas y ser descubierto en prácticas reñidas con las buenas prácticas.
Publicado el 13.01.2015
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Una de las repercusiones positivas del caso Penta es que ha puesto en el debate las diferencias respecto a los estándares que deben regir el comportamiento de los que ocupan puestos de representación popular —o aspiran a hacerlo— y el resto de los ciudadanos. Si bien en campaña acostumbran a criticarse mutuamente por no respetar códigos de ética más exigentes que el que se aplica al resto de los ciudadanos, cuando son sorprendidos en malas prácticas —o abiertas irregularidades—, los políticos tienden a escudarse en que sus actuaciones se ajustan a lo exigido por la ley. El caso de Andrés Velasco, que construyó un relato a partir de sus denuncias a las malas prácticas en la política —y que ahora ha sido sorprendido en prácticas cuestionables— hace todavía más importante que se aplique universalmente la vara alta de las buenas prácticas —y no sólo la vara menos exigente de la legalidad— como exigencia a todos aquellos que ocupan cargos de liderazgo en la democracia chilena.

Cuando Velasco lanzó su campaña presidencial en 2012, el ex ministro de Hacienda y reconocido líder en el sector concertacionista más liberal y libremercadista construyó una plataforma atractiva pero potencialmente peligrosa para diferenciarse. Velasco buscó exitosamente obtener espacio en los medios de comunicación fustigando a políticos que, de acuerdo a su criterio, hacían políticas con malas prácticas.  Personificando las malas prácticas en el senador Guido Girardi, Velasco denunció cómo algunos políticos ejercían presión para conseguir empleos en puestos de confianza para sus aliados y cabildeaban para beneficiar intereses particulares. La estrategia de Velasco dio buenos resultados —aunque no sobresalientes—. En las primarias de la Nueva Mayoría en 2013, Velasco obtuvo el segundo lugar, con un 13%. No fue una votación estelar —Bachelet arrasó con un 73%—, pero le permitió a Velasco superar la votación del presidenciable PDC Claudio Orrego.

Después de hacer campaña por Bachelet en 2013, Velasco devino en uno de los más férreos y certeros críticos de algunas de las políticas voluntaristas y potencialmente contraproducentes que ha impulsado Bachelet en su afán de cumplir su promesa de disminuir la desigualdad sin dañar las bases sólidas que promueven el crecimiento del país. Incluso antes de que estallara el caso Penta, el distanciamiento de Velasco con la NM llevó a muchos a creer que él ya no era parte de la coalición con la que formalmente se identificó en 2013, aunque prevalecían dudas sobre su disposición a unirse a la Alianza, la otra coalición que, junto a la NM, han dominado la arena política chilena desde el retorno de la democracia.

El escándalo Penta, que ha salpicado fundamentalmente a políticos de la UDI —aunque la gran mayoría de los políticos UDI no tenga nada que ver con Penta—, también alcanzó a Velasco. Si bien no ha sido formalizado, aparece como sospechoso de haber recibido financiamiento por debajo de la mesa para su campaña presidencial. En su defensa, Velasco ha insistido en que su relación con Penta fue estrictamente profesional. Los pagos recibidos son producto de charlas y asesorías en su condición de reconocido y reputado economista y académico.

Aunque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal, la defensa de Velasco confunde los criterios de legalidad con el de las buenas prácticas. Aquello que es legal bien pudiera ser también una mala práctica. Como Velasco era también candidato presidencial, era perfectamente posible que un cliente se confundiera respecto a cuál rol estaba asumiendo Velasco al ser contactado para una invitación a un almuerzo. Incluso hoy, aunque no lo quiera reconocer (lo que en sí mismo constituye una mala práctica política), Velasco es aspirante presidencial. Cualquier empresa que lo contrate para una charla bien pudiera creer que mata dos pájaros de un tiro: recibe la opinión de un experto y compra cercanía con un candidato presidencial. Por cierto, muchas fundaciones y think-tank asociados a partidos han usado informes y charlas como mecanismos de financiamiento. Pero nadie diría que esa práctica estrictamente legal es sinónimo de buenas prácticas. El error de Velasco estuvo en enarbolar las banderas de las buenas prácticas y ser descubierto en prácticas reñidas con las buenas prácticas.

Independientemente de lo que ocurra con Velasco, no debiéramos echar por la borda su mensaje original de 2012. Los políticos —y aquellos que aspiran a dirigir el país— debieran estar sometidos a estándares más altos que los que aplican para el resto de los ciudadanos. Precisamente porque muchas cosas que son legales constituyen, no obstante, malas prácticas en la política, la sociedad juzgar a sus líderes con una vara que incluya no sólo lo legal, sino que también exija que los políticos eviten malas prácticas en la forma en que se comportan en la vida pública y privada.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y Académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO

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