En ese claroscuro nos encontramos hoy en Chile: al final de una cultura política que hasta hace poco gozó de prestigio y legitimidad, y al comienzo de una (nueva) cultura política que aspira a regirse por estándares más exigentes y acordes con las actuales nociones de transparencia, probidad, corrección y mérito que, se espera, constituya una fuente renovada de reputación y confianza en el campo de la política y la ciudadanía.
Publicado el 24.02.2016
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I

A diferencia del famoso verso de Elliot –“Abril es el mes más cruel: engendra/lilas de la tierra muerta, mezcla/recuerdos y anhelos…”– para el gobierno de la Presidenta Bachelet, sin duda, febrero es el mes más cruel, con su mezcla de malos recuerdos y anhelos frustrados.

Febrero de 2015: Caval, empresa asociada a familiares de la Presidenta, irrumpe en la prensa a propósito de negocios con posible mal uso de influencias y echa a andar un escándalo político que lleva un año desplegándose en los medios de comunicación (hoy los escándalos son  ‘mediados’ o no existen), en combinación con otros escándalos políticos nacidos de la invasión del dinero privado en la política y las políticas públicas (casos Penta, SQM y Corpesca).

Febrero de 2016: el administrador de La Moneda, cargo de confianza presidencial en la esfera doméstica del palacio de gobierno –lejano descendiente del mayordomo de palacio (del latín: maior domus, “el más importante o el principal de todos los servidores de la casa” que durante el periodo merovingio era el intendente principal del rey)– presenta su renuncia forzada por acusaciones que lo envuelven en supuestos negocios privados incompatibles con su posición.

En ambas fechas, la Presidenta Bachelet y su gobierno se ven cuestionados por los media y por representantes de la clase política y sectores de la élite académico-cultural, cuestionándose su reputación y la confianza depositada en ellos. Con esto arriesgan debilitar su poder simbólico; con toda probabilidad así ha ocurrido en las dos situaciones. Pues como señala el sociólogo británico John B. Thompson en su magnífico tratado sobre el escándalo político –poder y visibilidad en la edad de los media–, “los escándalos no necesariamente destruyen la reputación y erosionan la confianza sino que poseen la capacidad de hacerlo. Y es por eso, por su potencial de dañar reputaciones y corroer relaciones de confianza, que los escándalos son tan importantes en el campo de la política”.

El tiempo transcurrido entre ambos meses crueles –año horribilis para el gobierno y la Presidenta que ella misma ha calificado como el peor dentro de sus dos períodos– nos permite formular algunas reflexiones sobre la dinámica sociocultural de los escándalos políticos inspirados por Thompson y en la huella de sus escritos. Hablaré pues sobre protagonistas, implicados, participantes y  persecutores; sobre tiempos, hitos y duración; sobre sucesos, ramificaciones y encadenamientos; sobre efectos e impactos. En breve, ensayaré una mínima sociología de los escándalos políticos.

II

¿Quiénes son los actores protagonistas y quiénes los implicados en un escándalo político?

Aquellos son quienes se ven directamente comprometidos en los actos o palabras transgresores –personas y organizaciones, en este caso del campo político– y quienes los descubren o revelan haciéndolos emerger a la luz pública. En cambio, implicados son las personas u organismos que, por una relación especial con los protagonistas, se transforman (voluntaria o involuntariamente) en parte del escándalo, exponiendo igual que aquellos su reputación y credibilidad.

Así, por ejemplo, protagonistas del affaire Caval son la nuera y el hijo de la Presidenta, su empresa y los directos asociados comerciales o participantes en los hechos investigados, junto con quienes ‘destaparon’ el caso en la prensa y las redes sociales. En tanto, se hallan implicados por la dinámica del escándalo la Presidenta, en primer lugar y, en términos más generales de poder simbólico, también su gobierno. Más lejanamente los partidos de la Nueva Mayoría (NM) que integran la coalición gubernamental y la ideología de igualdad, transparencia, no-abuso y no-clientelismo, crítica del lucro y la codicia, etc., que la principal implicada y los demás implicados en este escándalo buscaban encarnar ante la opinión pública.

Nótese la importancia sociológica que adquieren los implicados que, por cierto, nada tienen que ver con la figura jurídica de los cómplices o encubridores. Son aquellos o aquellas que se ven enredados o comprometidos en un asunto, señala la RAE; a veces sin que sean parte o, incluso, ni siquiera estén al tanto de él. El escándalo, entonces, consigue implicarlos.

De hecho, en los dos escándalos políticos que mencionamos inicialmente (Caval y maior domus), la magnitud del escándalo está dada más por los implicados (la Presidenta, La Moneda, el gobierno y su ideología) que por los protagonistas (dramatis personae), los que  más bien aparecen en términos dramáticos como personajes secundarios. Hay otros escándalos políticos, por cierto, donde el protagonista es, él mismo o ella, el personaje político definitorio del escándalo, como podrían ser en Chile senadores, diputados, jefes de partidos, candidatos presidenciales, altos funcionarios, etc.

Como sea, ha de notarse que los implicados no aparecen en el primer momento -el de la denuncia o revelación-, sino que son incorporados (más o menos rápidamente) a la vorágine del escándalo producto de sus propios actos o silencios y de los ecos, reacciones e interpretaciones a que da lugar la dinámica del escándalo en cuestión y que pasan a ser –como veremos luego– parte del mismo.

El otro actor relevante de un escándalo en su origen es, según anticipamos hace un momento, quien revela el hecho transgresor volviéndolo así potencialmente escandaloso, figura que en inglés tiene el gráfico nombre de whistle blower (el que hace sonar la alarma y denuncia la transgresión o irregularidad). Esta función puede ser cumplida anónimamente o mediante una denuncia pública o por la prensa (investigativa) o a través de filtraciones u otros dispositivos de desvelamiento o por enemigos o competidores políticos, o la policía y fiscales. Adquiere relevancia precisamente en la medida de su publicidad, publicidad que antiguamente solía ser local y operar de boca en boca pero que hoy es mediática y opera frente a audiencias masivas y a través de los media y las redes sociales.

III

Para completar el triángulo de agentes principales del fenómeno del escándalo político, falta mencionar todavía, junto a (i) los protagonistas de la transgresión y sus asociados y a los  implicados principales y secundarios, y (ii) a los o las denunciantes o desveladores de la irregularidad, (iii) a los persecutores, o sea, aquellos que persiguen –desde la fiscalía y los tribunales o desde el púlpito, la prensa, y el discurso moral– a quienes se percibe o son acusados o han cometido actos denunciados como transgresiones de la ética política.

Recordemos a Thompson: sin respuesta, juicio público, evaluación negativa, acusación, inquisición, dice él, no hay escándalo. Hace falta el coro, diré yo, para comenzar y completar esta música. Debe existir una reacción relativamente airada de parte de diferentes voces (respetables) en la sociedad, que acuse a una persona o situación de ser responsable de un  acto o acto de palabra (speech act) constitutivo de una transgresión. Esto es de un hecho considerado éticamente condenable. Recién entonces existe la combustión que puede producir la incandescencia que denominamos escándalo.

Probablemente este, el del coro evaluativo o tribunal moral que opera como un púlpito para la prédica y condena por parte de los persecutores, sea el terreno sociológicamente más fértil para el análisis de estos fenómenos sociales. ¿Quiénes son los que aquí he llamado persecutores o perseguidores, más allá del rol decisivo pero legalmente circunscrito de los fiscales? ¿Qué papel juegan estas figuras de la denuncia, la inquisición laica, la crítica moral, la condenación ética? ¿Quiénes son? ¿Qué función social cumplen?

Es un capítulo poco explorado por la sociología de los escándalos, me parece a mí.

Según algunos, su rol sería mantener vivos ciertos principios y normas morales –en este caso del campo de la política– a través del rito de la acusación y la condena y de parte del acusado, de la confesión y la expiación. El mismo Thompson sugiere que los acusadores cumplen una función performativa: no sólo describen un estado de cosas –un escándalo que existe independiente de ellos–, sino que mediante sus juicios, evaluaciones y condenaciones contribuyen a conformar el escándalo. Sus elocuciones son parte constitutiva del escándalo, afirma. Sus reacciones serían, pues, parte integral del escándalo, no comentarios retrospectivos sobre él. Y luego se pregunta, ¿cuál es el lenguaje más apropiado para el cumplimiento de esa función?

Son variados, responde. Pero tienen en común, según él, ser parte de lo que denomina “discurso del oprobio”, el cual sería un tipo de discurso moralizante que reprocha y desaprueba, que censura y condena, que manifiesta disgusto respecto de personas, conductas o acciones. Es un discurso, explica, que acarrea consigo la idea de que tales acciones provocan vergüenza y descrédito al individuo o individuos que las realizan. Un discurso, en suma, que puede estigmatizar.

Ya lo decíamos: los escándalos ponen en juego la reputación y credibilidad de las personas –que es una parte del poder simbólico de los políticos– y los persecutores, al enunciar su “discurso del oprobio”, pueden llegar a incidir fuertemente en la asignación de culpas y el enjuiciamiento moral de los políticos.

Parte de nuestro debate de los últimos días ha sido precisamente sobre el papel de los persecutores y sus antagonistas. Se discute, en el fondo, sobre qué y cómo condenar, qué y cuánto explicar, qué y hasta dónde justificar. Es una disputa, en realidad, sobre los límites de la moral y el poder de emitir juicios de esa índole en un campo que reconocemos como  moralmente complejo y ambiguo, donde el alma de los políticos –como la de Fausto– siempre está en disputa entre Mefistófeles y una incierta salvación.

IV

Mirados diacrónicamente a lo largo del último año, podemos constatar que los escándalos poseen un ritmo, una secuencia, una duración y que evolucionan alimentados por sus propias fuerzas internas y por las lógicas políticas, judiciales, de prensa y comunicacionales que forman parte de ese desenvolvimiento.

No necesariamente se trata de un continuo crescendo, cuyo volumen iría en constante aumento, como a veces se piensa. Hay ciertamente etapas del fenómeno que adoptan ese ritmo. Pero en la larga duración, los escándalos políticos de cierta magnitud tienen la característica de ciertas ondas que crecen y decrecen, moviéndose con desiguales intensidades. A ratos parecen perder fuerza, disminuyen su visibilidad mediática y hay quienes llegan a pensar que “lo peor ya pasó”. Pero de golpe una nueva revelación, o un hito judicial como una formalización, o una investigación periodística, vuelven a impulsar la onda y ésta se eleva, intensifica y genera reacciones que aumentan su visibilidad e impacto en la opinión pública.

Asimismo hay hitos, verdaderos marcadores que determinan fases o etapas del proceso, los cuales pueden coincidir con momentos políticos importantes o con instancias procesales o con efectos comunicacionales. La semana pasada, por ejemplo, el caso Riquelme, administrador de La Moneda, entró en una nueva fase, más intensa, más visible, más comprometedora para las partes implicadas, esto es, La Moneda, el equipo político-comunicacional del gobierno, la Presidenta que concluía sus vacaciones, el PPD, partido en el cual milita el protagonista de este emergente escándalo, y la G 90, generación dentro de dicho partido a la que pertenece y que había logrado transformarse en una potente red de poder dentro de la administración Bachelet hasta que el primer ciclo de escándalos –Penta, Caval y un incipiente caso SQM– forzó en mayo de 2015 la abrupta salida de su jefe del cargo de ministro del Interior.

Del mismo modo, la mecánica de los escándalos aparece impulsada por ramificaciones y encadenamientos. Los primeros se refieren a la red de hechos y argumentos constitutivos del fenómeno que se van agregando y derivando unos de otros e interactuando sinérgicamente desde el momento de su primera aparición hasta su desaparecimiento de la esfera pública. SQM es un buen ejemplo: tronco (Ponce Lerou) y ramas cada vez más frondosas, entreveradas y múltiples que fueron dibujando una figura de interrelaciones, apellidos de políticos, sus familiares, partidos, flujos de mails, ideas, dineros, solicitaciones, reconocimientos, en un cuadro de actuaciones invisibles hasta antes de estallar el escándalo y que luego fue alimentando un coro público de persecutores y argumentos políticos, morales, electorales, financieros, contractuales, de amistad, conveniencia, distribución, intereses, justificaciones, confesiones, explicaciones, silencios y nuevas revelaciones, en un espiral que se expande y contrae diacrónicamente.

Los encadenamientos, en tanto, se producen cuando dos o más escándalos inicialmente separados se entrecruzan, traslapan o fusionan, generando diversas sinergias que hacen que la acción combinada de ambos produzca efectos superiores a la suma de los efectos individuales y separados de cada uno de ellos. Caval, por ejemplo, amenaza con dar lugar a varios escándalos (de posible mal uso de influencias políticas, ganancias especulativas en compra venta de terrenos, chantaje, facilitación de ventas a organismo público sin observancia de los debidos procedimientos, etc.) que –de probarse como transgresiones– podrían  combinadamente provocar efectos explosivos, tanto por sus protagonistas y asociados, implicados, status y variedad de los persecutores y alta visibilidad de los asuntos comprometidos.

V

Por último, ¿qué decir sobre los efectos e impactos del escándalo político a la luz de nuestra experiencia del año transcurrido entre Caval y el asunto del “mayordomo de palacio”? ¿Qué resultados produce y qué huellas deja?

Parto por lo más obvio: el escándalo político daña la reputación de las personas que se ven envueltas e implicadas por el escándalo político, así como reduce la confianza en y entre ellas. Es la gran lección que podemos extraer del año transcurrido y que se halla corroborada también por la literatura internacional inspirada en Thompson.

Igual como él concluye que los políticos son particularmente vulnerables a cualquier circunstancia que amenace o disminuya su capital simbólico puesto que esto puede debilitar o erosionar su capacidad de ejercer poder político, así también constatamos que en Chile los políticos involucrados en el actual ciclo de escándalos –con independencia del curso judicial de los asuntos– han experimentado un daño reputacional, la confianza en ellos, medida por las encuestas, ha disminuido, y con esto su soft power –en buena parte dependiente de su prestigio (capital simbólico) – se halla amenazado y es razonable pensar que está disminuyendo. Pienso en la Presidenta Bachelet, en su antiguo ministro del Interior y en el recientemente renunciado jefe administrativo de La Moneda por un lado y, por el otro, en figuras relevantes de la oposición como senadores, ex senadores y ex candidatos a la presidencia.

El drama personal, íntimo, familiar, de estas personas es probablemente el aspecto más íntimamente doloroso de este fenómeno social, cuyas aristas están lejos, sin embargo, del alcance de un ensayo sociológico. Mas no debería uno dejar de compadecer esa aflicción, pues el político –sujeto del escándalo– es un padre, hijo, hermano, marido, vecino, miembro de grupos y comunidades que, como cualquier persona, depende de la estima en que es tenido por los demás. Fenómenos como los escándalos no sólo destruyen la reputación política, sino que afectan también la reputación personal y causan dolor moral en la esfera de la vida privada de protagonistas e implicados. (Es un tópico profundamente shakespeariano: Antonio: “Si yo pierdo mi honor,/me pierdo yo mismo”. Antonio y Cleopatra, III, iv, 22-23. Casio: “¡Reputación, reputación, reputación!… ¡Oh! ¡He perdido mi reputación!… He perdido la parte inmortal de mi ser, y lo que me resta es bestial… ¡Mi reputación, Iago, mi reputación!” Otelo, II, iii, 248-249).

Sin duda, los escándalos políticos provocan múltiples otros efectos e impactos, directos e indirectos. En los casos que aquí analizamos afectan a la administración Bachelet en su conjunto, a los partidos de la coalición, a la élite política gubernamental y opositora, afectan el ánimo de la opinión pública encuestada, debilitan la institucionalidad de la polis, disminuyen el prestigio del Congreso, restan legitimidad a la democracia representativa, alteran relaciones de poder –por ejemplo, elevando el poder de la prensa y los persecutores frente a los políticos–, y pueden terminar en crisis de diversa magnitud, de gabinete por ejemplo, como vivimos a comienzos de 2015, o de conducción gubernativa como hemos tenido a lo largo del año entero desde entonces hasta ahora.

¿Son daños irreparables los causados por los escándalos? La experiencia revela varias dimensiones respecto de este asunto.

Una es que estos fenómenos sociales suelen comenzar con un “estallido” pero terminan con un “quejido”, parafraseando el conocido verso de T. S. Elliot. Una vez que el efecto coro y persecutores empieza a decaer y finalmente se deshilacha en los media, también el impacto se reduce –al menos en la esfera pública– a un gemido y desaparece. ¿Qué queda del escándalo después? Lo que resta en la memoria de casos como Profumo en Inglaterra, Watergate y Clinton-Lewinsky en Estados Unidos, y de los numerosos escándalos políticos en Italia y más recientemente en España. La suerte corrida por los actores e implicados es disímil; algunos desaparecen con el estallido, otros tras el quejido y algunos, no muchos, salen indemnes, o casi, y pueden tener una fructífera sobrevida, aunque no necesariamente en el núcleo de la vida política de su país.

El mayor impacto de los escándalos suele ser correctivo; las crisis permiten adoptar soluciones antes impensadas y acelerar cambios legislativos e institucionales bajo el lema “evitar que se repitan estos escándalos”, tal como ha ocurrido ya dos veces en Chile. Primero bajo la presidencia de Ricardo Lagos; ahora con la Comisión Engel y las reformas impulsadas por la administración Bachelet. Es decir, los escándalos servirían como una plataforma de aprendizaje social, aunque esto no significa que una sociedad pueda volverse inmune a futuros escándalos.

Finalmente, el otro efecto mayor, significativo e interesante, es sobre la cultura política, tanto de la élite política cuyos propios estándares, convenciones, ethos y costumbres cambian con estos fenómenos y su impacto, como también de la ciudadanía, la cual, impulsada por persecutores y los media, altera asimismo sus estándares ético-evaluativos con los cuales juzga las conductas de la política y los políticos. Podría decirse que los escándalos son una forma de mantener viva la cultura política de una sociedad y permitir su evolución, tanto en su dimensión de élite como de masas, tanto a nivel individual como colectivo.

Este último punto es de gran interés. Significa que parte de los desgarros causados por los escándalos es que atrapan a los políticos en medio de un proceso de cambio cultural. Un momento en el cual sus conductas, hasta ayer legitimadas por sus propios pares y por los medios de comunicación y los hacedores de opinión pública (intelectuales, académicos, alto clero de la cultura en general), son ahora sometidas a escrutinio, cuestionadas, evaluadas negativamente, declaradas ignominiosas y vergonzosas y consideradas públicamente como una transgresión del (nuevo) ethos emergentes de la política.

En ese claroscuro nos encontramos hoy en Chile: al final de una cultura política que hasta hace poco gozó de prestigio y legitimidad comunitaria, siendo fuente de reputaciones y prestigios, y al comienzo de una (nueva) cultura política que aspira a regirse por estándares más exigentes y acordes con las actuales nociones de transparencia, probidad, corrección y mérito que, se espera, constituya una fuente renovada de reputación y confianza en el campo de la política y la ciudadanía. Ya veremos si tal deseo se materializa o si, por el contrario, la nueva cultura política resulta no ser más que la antesala para una siguiente generación de transgresiones, sus protagonistas, implicados, persecutores y coro. El eterno retorno de la ambigüedad.

 

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.

 

 

FOTO: MARCELO SEGURA / AGENCIAUNO

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