La decisión de Hacienda abre un espacio para que el Banco Central acomode mejor su política monetaria. Adicionalmente, descarta otro aumento de impuestos, que además de abusivo, resulta inmoral, pues obligaba a pagar la bacanal populista a quienes no participaron de ella. Por último, minimiza la posibilidad de una nueva rebaja en la clasificación de riesgo, lo que implica un alivio para empresarios, consumidores y el mismo Estado, cuya deuda se duplicó en la última administración.
Publicado el 13.05.2018
Comparte:

Hacienda reveló una serie de cifras ligadas a la estrechez fiscal heredadas de la anterior administración. La autoridad mencionó que, para el período 2018–2021, existen US$ 5.566 millones en gastos comprometidos que no tienen financiamiento.  Y como gobierno que entiende la importancia de los equilibrios fiscales como herramienta primordial para acceder al desarrollo, no como variable residual a intereses políticos de ciertos sectores, anunció otro recorte fiscal que llegaría a US$ 4.600 millones en los próximos cuatro años.

La primera reflexión es cómo hacemos los ciudadanos para que los políticos que aprueban leyes con impacto fiscal, y los ministros que las proponen, se hagan responsables de los estropicios que éstas generan. Como contribuyente exijo que los responsables del “error” paguen por él. Y no como sucede hoy, que en el peor de los casos son removidos y asignados a otra parte o recibidos en alguna ONG. ¿Por qué debemos aceptar los errores involuntarios o negligentes de los políticos? ¿No es acaso injusto que las penas para la elusión y/o la evasión de impuestos sean onerosas e ineludibles para quienes no cumplen, y no lo sean para quienes malgastan nuestro dinero? Lo lógico y justo sería que todos tuvieran los mismos estándares. Muchos políticos no están preocupados por la eficiencia con que acometen sus deberes para con los que los financian, sobre todo cuando ello dista de sus intereses políticos electorales. Es importante que quienes pagamos impuestos entendamos que el Estado existe y subsiste gracias al dinero de los contribuyentes, y que por ende son éstos los beneficiarios, no los partidos políticos, ni los operadores de turno.

La decisión de Hacienda abre un espacio para que el Banco Central acomode mejor su política monetaria. Adicionalmente, descarta otro aumento de impuestos, que además de abusivo, resulta inmoral, pues obligaba a pagar la bacanal populista a quienes no participaron de ella. Por último, minimiza la posibilidad de una nueva rebaja en la clasificación de riesgo, lo que implica un alivio para empresarios, consumidores y el mismo Estado, cuya deuda se duplicó en la última administración. La señal no podría ser más favorable para el sector privado, que debería retomar la costumbre de empujar el carro del crecimiento económico y no el Estado, como en un acto de voluntarismo presuntuoso pretendió el gobierno anterior.

¿Por qué debemos aceptar los errores involuntarios o negligentes de los políticos? ¿No es acaso injusto que las penas para la elusión y/o la evasión de impuestos sean onerosas e ineludibles para quienes no cumplen, y no lo sean para quienes malgastan nuestro dinero?

¿Qué gastos se reducirán? Aunque es una fantasía, me gustaría que ajustaran el sueldo de los parlamentarios y su cantidad, que a pesar de no ser muy significativa en el total de gastos fiscales, sí entregaría una señal fuerte al sector político. Seguiría con el despido de los “apitutados” en el sector público, cuyo salario está por sobre lo que es su productividad. Conste que el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, sostuvo que parte del excesivo gasto fiscal del segundo gobierno de Bachelet era “por algunos aumentos de salarios públicos” (a confesión de partes, relevo de pruebas). Luego habría que revisar las empresas estatales y ver cómo han manejado su capital, y pasar una ley para que las futuras capitalizaciones no sean a costillas de los contribuyentes. Por ultimo, pondría suma urgencia a la ya anunciada ley para la creación del Consejo Fiscal Autónomo, con su propio presupuesto, administración independiente de los políticos, y con capacidad de vetar leyes cuya aprobación no cuente con el debido financiamiento fiscal.

Hay que reforzar la idea a nivel de ciudadano de que los contribuyentes al Fisco chileno no son sólo los “poderosos de siempre”, sino más bien los trabajadores y la clase media, pues entre el IVA, los impuestos específicos (combustible, azúcar, alcohol, etc.) y otros varios, explican casi el 60% del total de ingresos del gobierno. Es clave que el votante entienda que cerca de un cuarto de lo que gasta en bienes y servicios son impuestos que recibe el gobierno, no 0%, como algunos políticos, ya sea por ignorancia o mala intención,  han querido hacerles entender.

El dilema de recortar las “presiones de gastos”, como eufemísticamente lo denominaron los ex ministros de Hacienda, no deja muchas alternativas. Señor ministro, seguramente los políticos de oposición, como artilugio para esconder su deficiente acometido, argumenten que el gobierno del Presidente Piñera está tratando de desmantelar los derechos sociales conquistados en administración Bachelet. Sin embargo, los contribuyentes, que estamos conscientes de dónde fueron a parar nuestros incrementos de impuestos, no sufriremos con los recortes. Pretender que la solución a la pobreza y desigualdad pasa por aumentar los impuestos, como de hecho lo han sugerido los beatos del colectivismo y del Estado proveedor, es tan ridículo como (parafraseando a Churchill) que un hombre dentro de un balde trate de levantarse tirando de la manilla.

 

Manuel Bengolea, estadístico PUC y MBA de Columbia

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO