El acceso de los estudiantes más vulnerables a la educación superior es y debe ser una política prioritaria para el país, pero deben diseñarse fórmulas que aseguren el beneficio del sistema en su conjunto y de forma sustentable.
Publicado el 18.01.2016
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Durante esta semana, en la que miles de estudiantes se están matriculando en las universidades del sistema único de admisión, la opinión pública parece encontrarse en un espejismo en el que todos los desafíos de la educación superior chilena han desaparecido gracias a la gratuidad. El Ministerio de Educación ha destacado algunos casos de alumnos que proviniendo de contextos de gran dificultad han accedido meritoriamente a la universidad de forma gratuita. Pero estos casos, muy notables, han eclipsado el hecho que prácticamente ninguna de las falencias de nuestro sistema de educación superior, varias de ellas incluso nombradas en el programa de gobierno, han sido siquiera abordadas. ¿Qué le espera al país cuando se descorra el velo de la gratuidad?

Nos espera el hecho de que alrededor de 25% de los estudiantes del sistema desertarán al primer año de estudios, sin importar su nivel socioeconómico. A lo anterior se suma el hecho que en las universidades del Cruch, la duración real de las carreras supera en un 50% su duración formal (hasta el momento la gratuidad sólo financia la duración nominal de la carrera). Sin duda muchos alumnos talentosos beneficiados por la gratuidad finalizarán sus estudios exitosamente, pero en general, el acceso gratuito está lejos de solucionar los problemas que los estudiantes encuentran al cursar la educación superior y que les impiden continuar. Una pista está en la calidad de la educación media. En efecto, el 71% de los alumnos de establecimientos municipales obtuvo menos de 500 puntos en la PSU, el puntaje mínimo de acceso para la mayoría de las universidades que adscriben a la gratuidad. El cobro de aranceles explica solo una parte del problema del acceso de los estudiantes más vulnerables.

Cabe recordar que el solo hecho de que una institución adscriba a la gratuidad no implica que ésta sea de buena calidad. Un ranking de calidad de docencia de pregrado publicado recientemente mostró la considerable heterogeneidad en la calidad de las universidades que participan en la gratuidad. Aunque todas ellas están acreditadas y varias son clasificadas en los mejores lugares, los últimos tres lugares del ranking son ocupados por instituciones que hoy adscriben a la gratuidad. La gratuidad ha postergado el debate sobre la calidad de la docencia y de la investigación en las universidades chilenas.

Por otro lado, reportes de la OECD y de varios académicos han hecho ver que los costos de proveer educación superior en el mundo han aumentado y deberían seguir haciéndolo fuertemente en el mediano plazo. Esto ha llevado a distintos países a diversificar las fuentes de financiamiento de sus instituciones de educación superior, frecuentemente a través de la inversión privada mediante aranceles. Estado y privados se benefician de la educación superior y por lo tanto, ambos deben contribuir a financiarla. Sin embargo, la gratuidad tal como está planteada define una fuente única de ingresos, el Estado. Es previsible entonces que la educación superior chilena pierda competitividad a mediano plazo, al ser incapaz de hacerse cargo de los crecientes costos de entregar educación superior de calidad.

Otro problema que enfrentaremos en el futuro es el desfinanciamiento de las universidades. El sistema de fijación de precios que implica el arancel regulado ya ha establecido un techo de ingresos para las universidades y un déficit por alumno para varios planteles que adscriben a la gratuidad. Quizás estas instituciones podrán sobrevivir utilizando su capital durante este año, pero no pueden hacerlo indefinidamente. Se trata de un modelo de financiamiento que no resulta sustentable. Como señalan férreos defensores de la gratuidad “la demanda de educación gratuita no puede ser entendida como una educación por la que nadie paga” (Atria y Sanhueza 2013, p.11).

Es esperable que una reducción en el gasto por alumno redunde necesariamente en una disminución de la calidad de la educación provista. Por otro lado, si quienes pagan son los estudiantes no beneficiados por la gratuidad, a través de sus aranceles (algo que probablemente ocurre en las universidades que no tienen acceso a fondos basales), se generarán incentivos a captar estudiantes de mayores ingresos y los alumnos con gratuidad, justamente los más desfavorecidos, serán menos atractivos para las instituciones.

Lo anterior muestra que con la gratuidad del pregrado como está planteada no se solucionan los problemas de fondo de la educación superior chilena. Es más, puede que se generen problemas nuevos que hagan aún más desfavorable la situación de los estudiantes más vulnerables, limitando el acceso y estableciendo requisitos para el ingreso que no podrán cumplir. El acceso de los estudiantes más vulnerables a la educación superior es y debe ser una política prioritaria para el país, pero deben diseñarse fórmulas que aseguren el beneficio del sistema en su conjunto y de forma sustentable.

 

Daniel Rodríguez Morales, investigador de Acción Educar.

 

FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO