En el Campus San Joaquín de la UC ocurrió un hecho al que aparentemente ya nos estamos empezando a acostumbrar, cuando un grupo de estudiantes -al igual que antes en Concepción, Iquique y Arica- se arrogó el derecho de impedirle a un ciudadano de nuestro país ejercer sus derechos constitucionales a la libertad de opinión, de reunión y a su integridad física y psíquica, garantizados en el artículo 19 de la Carta Magna.
Publicado el 29.04.2018
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Lo sucedido al ciudadano Kast, don José Antonio, en Concepción, Iquique, Arica y ahora en Santiago, debe hacernos reflexionar, como ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes, sobre la gravedad de estos hechos, particularmente porque ocurren en los centros de formación de quienes, a futuro, serán los responsables de conducir el país.

Me pregunto, ¿qué pasaría si se les negara a estos mismos estudiantes el permiso a marchar por las calles exigiendo derechos de todo tipo, aduciendo la autoridad que no acepta que lo hagan, porque son provocadores sociales que pretenden victimizarse?  ¿Qué dirían si les negara su derecho a marchar porque sus ideas le parecen inaceptables por calificarlas de extrema izquierda?

Aquí no se trata de ser afín o no a lo que sustenta el ciudadano Kast; se trata de defender valores anteriores a las ideas, como lo son los derechos constitucionales y humanos de los que gozamos todos los ciudadanos: expresar con libertad nuestras opiniones, reunirnos libremente y a tener garantizada nuestra integridad física y psíquica, todos derechos que fueron violados en estos casos, por estudiantes universitarios, que se supone están siendo formados con pensamiento crítico.

¿Qué dirían esos estudiantes si la autoridad les negara su derecho a marchar porque sus ideas le parecen inaceptables por calificarlas de extrema izquierda?”

Pero más allá de la violación a los derechos del ciudadano Kast, me preocupa también que aquellos que lo invitaran a reunirse con ellos el jueves pasado se rindieran ante las amenazas de violencia por parte de estudiantes de izquierda, si se concretaba su presencia en el campus de la Universidad Católica. Porque para que esto ocurra, sólo basta que no haya nadie que lo impida. ¿Por qué, en lugar de rendirse, no exigieron a sus autoridades que garantizaran la libertad de opinión y de reunión en la universidad?

Reitero, no se trata de ser o no partidario del ciudadano Kast o de su ideario; se trata de algo mucho más profundo. De seguir quedando en la impunidad más absoluta, mañana podríamos ser testigos de algo similar que ocurra con la libertad de prensa, o con la libertad de culto, porque un grupo no acepta opiniones disidentes a las propias.

El gran error que se comete al no dimensionar la gravedad de este verdadero totalitarismo intelectual es pensar que lo sucedido no tiene importancia porque es producto de un pequeño grupo de exaltados, nada más. Lo que se olvida es que siempre los grandes cambios son generados por unos pocos, no por muchos. A veces, incluso, por una sola persona, y el siglo XX nos brinda los mejores ejemplos de lo que ocurre cuando nada se hace por detener a tiempo los excesos de quienes tratan de imponer por la fuerza y la violencia sus ideas.

El gran error que se comete al no dimensionar la gravedad de este verdadero totalitarismo intelectual es pensar que lo sucedido no tiene importancia porque es producto de un pequeño grupo de exaltados, nada más”.

Y lo sucedido ya en cuatro universidades a lo largo de Chile nos dice que no se trata de algo espontáneo. Curiosamente, el domingo 22 de abril, en una columna en El Mostrador, el ex ministro de Desarrollo Social, militante del PC, Marcos Barraza, se refiere al ciudadano Kast como un “provocador de las comunidades universitarias que busca victimizarse y estructurar en el campo social y estudiantil una derecha radical”. Lo que insinúa Barraza es que las ideas que quiere compartir el ciudadano Kast  son inaceptables para ellos y, por ende, estará vetado y/o será víctima de violencia por parte de sus adherentes ideológicos. Digo esto porque, si nada le fuera a pasar, ¿de qué se estaría victimizando?

Debe preocuparnos que las autoridades universitarias no tomen medidas contra estas violaciones a los derechos tanto constitucionales como humanos de un ciudadano por parte de sus estudiantes, los cuales han llegado a la violencia para impedir el ejercicio de la libertad de opinión en sus aulas, violando además la integridad física de un expositor.

Hasta el momento no hay sanciones y tampoco reacciones de la mayoría silenciosa de nuestro país, que debiera exigir que se protejan los derechos de cualquier ciudadano a expresar libremente lo que piensa, sin que nada ni nadie le impidan hacerlo por razones de intolerancia, especialmente en las universidades.

O se para esto a tiempo, o no lloremos más tarde ante la leche derramada.

 

Jaime Jankelevich, consultor de empresas

 

 

FOTO: HECTOR ANDRADE/AGENCIAUNO