La claridad de lo que se esperaría de un candidato como Piñera no es tan fácil de hallar en el caso de los posibles candidatos de la Nueva Mayoría. Tanto Alejandro Guillier como Ricardo Lagos deben hacer frente a una realidad que les resulta tremendamente incómoda: representan a un conglomerado de Gobierno cuyas reformas en materia educacional han sido defectuosas y carecen del respaldo ciudadano.
Publicado el 13.02.2017
Comparte:

Uno de los aspectos que sin duda marcarán la carrera presidencial que se inicia será la necesidad de resolver la siguiente pregunta: ¿qué hacer con las reformas de este Gobierno en materia educacional? Por supuesto que la respuesta varía dependiendo del sector político de que se trate y, aunque parezca obvia, tiene ciertos ribetes que conviene analizar.

En el caso de Chile Vamos, lo más probable es que el candidato sea Sebastián Piñera, cuyo discurso en educación es conocido. El ex Presidente ha sido un claro defensor de la necesidad de reconocer el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos y, desde ese punto de vista, es esperable que un nuevo mandato se concentre en promover la existencia de un sistema educativo diverso que ofrezca múltiples alternativas de elección y que reconozca el mérito y el esfuerzo. En ese sentido, claramente las reformas aprobadas durante esta administración son un obstáculo con el que deberá lidiar, apuntando a correcciones que permitan recuperar la confianza tanto en los sostenedores como en la capacidad de escoger de las familias. Afortunadamente para Piñera, no necesita demostrar que las últimas reformas han dificultado el funcionamiento del sistema escolar; ese trabajo lo hizo el propio Gobierno al tramitar con urgencia una ley cuyo objetivo literal es “permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar” y que, en síntesis, no hace otra cosa que postergar los problemas que la denominada ley de inclusión ocasiona. El ex Presidente tendría, entonces, que enfrentar esa tarea tarde o temprano.

La claridad de lo que se esperaría de un candidato como Piñera no es tan fácil de hallar en el caso de los posibles candidatos de la Nueva Mayoría. Tanto Alejandro Guillier como Ricardo Lagos deben hacer frente a una realidad que les resulta tremendamente incómoda: representan a un conglomerado de Gobierno cuyas reformas en materia educacional han sido defectuosas y carecen del respaldo ciudadano. En un escenario de fuerte escasez de recursos, deberán implementar las siguientes etapas de políticas costosas en lo económico y conflictivas en lo político, que no son otra cosa que el legado de la administración actual. Así, se enfrentan al dilema de optar entre hacerse cargo de los problemas reconociendo la necesidad de enmendar, o bien justificar las reformas y ofrecer un programa de continuidad. La primera opción implica criticar al Gobierno, acercarse al centro y perder el respaldo de los grupos más extremos que parecen tener el control; la segunda alternativa implica apostar a la fuerza de la maquinaria política de izquierda y comprometerse a profundizar cambios estructurales cuyos costos, no solo económicos, son inmensos.

En materia de educación superior, todo dependerá del destino que tenga el proyecto de ley que actualmente se discute la Cámara de Diputados y cuya idea de legislar ni siquiera ha sido aprobada. En el caso de que el proyecto no se apruebe, los candidatos oficialistas enfrentarán un dilema respecto de la gratuidad: detener su avance les implicará un costo político imposible de manejar ante sus socios más radicales, mientras que ampliarla implica invertir los pocos fondos fiscales que quedan en grupos socioeconómicos cada vez menos vulnerables. De persistir con las glosas presupuestarias, deberán solucionar el grave déficit que enfrentan las instituciones adscritas. Nuevamente, arreglar el desorden y las contradicciones que este Gobierno hereda no les saldrá gratis.

Con todo, Sebastián Piñera ha sido claro sobre su visión de lo que el sistema de educación superior necesita: reglas claras para el funcionamiento de las instituciones, una adecuada capacidad fiscalizadora de parte del Estado y un mecanismo de financiamiento estudiantil basado en la combinación de becas y créditos focalizado en quienes más necesitan. La clave será desplegar una gestión política que le permita mostrar a la ciudadanía y a diputados y senadores que es necesario cambiar de rumbo.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO