Cuánta decepción sentirán ahora quienes legítimamente confiaron en el discurso majadero que construyó la ex Concertación para justificar su transformación en “Nueva Mayoría”.
Publicado el 25.09.2015
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Horas después de aterrizar en Santiago, el 27 de marzo de 2013, la entonces candidata Michelle Bachelet reconocía ante sus partidarios en la comuna de El Bosque que los chilenos estaban cansados de “los abusos de poder”. Durante toda la campaña, reiteró disciplinadamente el mismo mensaje; y ya como Presidenta de la República ha pronunciado la palabra “abusos” un centenar de veces, recordándonos siempre que combatirlos está en el corazón de su mandato.

La reforma tributaria terminaría con los “abusos” de nuestro sistema tributario, la reforma educacional con los “abusos” a los padres de colegios particulares subvencionados y la Nueva Constitución derribaría los “enclaves autoritarios” -imaginarios, porque los reales fueron derribados en 2005 por la Constitución de Lagos -, una entelequia de la izquierda para representar a una especie de  enemigo universal, al que adjudica el “abuso” en todas las expresiones posibles de imaginar.

Todos los abusos a los que ha hecho referencia la Presidenta Bachelet y la izquierda en estos 18 meses, por cierto, se limitan al ámbito privado, un “demonio” al que parecen combatir con auténtico coraje y convicción: empresarios (grandes, medianos y chicos), profesionales (últimamente las han emprendido contras los médicos), universidades y clínicas privadas, centros comerciales, estacionamientos, etc. En los mismos 18 meses, sin embargo, no le hemos oído una sola palabra respecto a los abusos que ha amparado su gobierno, que en esa materia comienza a parecerse a las administraciones de la antigua Concertación, cuyo prontuario es largo y muy contundente (desde el desmalezado de 380 millones de pesos en la Refinería de Petróleos de Concón en 1992, hasta MOP Gate, pasando por Chile Deportes, EFE y un largo y lamentable etcétera).

Para comenzar: en menos de dos años, el gobierno ha contratado a más de 30 mil nuevos funcionarios, convirtiéndose en el único sector de la economía que crea empleo. Nunca antes el Estado de Chile contó con tantos funcionarios y nunca antes un gobierno estuvo peor evaluado en su gestión por la ciudadanía (más personal, con más recursos, para entregar un peor servicio).

En septiembre de 2014, el ministro Eyzaguirre había reclutado a 52 asesores con dedicación exclusiva a la reforma educacional, con un gasto mensual de 147 millones de pesos (mil 800 millones anuales). Al mismo tiempo, a cargo de Estela Ortiz -una de las amigas más cercanas de la Presidenta Bachelet- el gobierno creaba a través de un decreto un Consejo Nacional de la Infancia y Adolescencia que, vamos a ser francos y directos, no sabemos bien cuál es su objetivo, qué tareas ejecuta, a quién reporta y qué diablos hacen 53 funcionarios, con un gasto mensual en remuneraciones de 130 millones de pesos (casi mil 600 millones al año).

Además de ensanchar groseramente la bolsa de empleo estatal, el gobierno de la Nueva Mayoría insiste en amparar al menos a tres mil falsos exonerados, la mayoría militantes del PS y el PC, quienes obtuvieron una pensión de por vida mintiendo respecto a su situación laboral entre 1973 y 1990, y que contaron para ello con el aval de un parlamentario de la Concertación (parlamentarios de la oposición han solicitado a la Contraloría que declare ilegales esos pagos y los suspenda).

Y esta semana, el mismo día que el ministro de Hacienda congelaba los sueldos de las máximas autoridades del Estado para simbolizar la voluntad de austeridad del gobierno, nos hemos enterado de que el BancoEstado va a pagar a sus nueve mil trabajadores un bono de fin de conflicto de más de sies millones de pesos a cada uno. El costo total será de 58 mil millones de pesos, equivalente al 90% de la rentabilidad obtenida por la institución en el primer semestre y a más del 20% de los 450 millones de dólares por concepto de “capitalización” que se le entregó con bombos y platillos a BancoEstado el año pasado. En síntesis: prácticamente todo lo obtenido por una empresa del Estado de Chile durante seis meses de operaciones, o una quinta parte de la inyección de capital traspasada el año pasado, va a ir a parar a las planillas de sus trabajadores, tras la presión ejercida por los poderosos líderes sindicales.

Cuánta decepción sentirán ahora quienes legítimamente confiaron en el discurso majadero que construyó la ex Concertación para justificar su transformación en “Nueva Mayoría”, arrogándose el papel de únicos defensores de los chilenos frente a los abusos. Hasta dónde es capaz la izquierda de mantener un doble estándar, predicando contra los privilegios, mientras dispone abusivamente del patrimonio de todos los chilenos.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

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