En lugar de inflar su presupuesto o mejorar su administración, la solución es reducir la institucionalidad del canal estatal o, al menos, optimizarla.
Publicado el 21.05.2016
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Por vez primera luego de la gran reestructuración que tuvo TVN a principios de los ’90, se pretende cambiar su institucionalidad. El gobierno inyecta 70 millones de dólares y sin duda —en un ambiente de escasez como el que vivimos— eso escandaliza, pero lo que no se ve es lo importante.

Los congresistas de todos los colores políticos que se pararon en frente de esta iniciativa y la criticaron están en lo correcto: mal que mal, a este país no le sobra la plata y naturalmente hay prioridades (no olvidemos los problemas que existen en torno a la promesa de gratuidad en la educación terciaria, la grave deuda hospitalaria, los problemas del Estado para controlar la delincuencia y un largo etcétera). Pero lo más pernicioso no es cuánto se gasta el presupuesto del país, sino de qué forma se gastará y cómo estará configurada la institucionalidad para gastar ese dinero.

En definitiva, se harán cambios a la forma de dirigir la señal estatal: a los siete directores actuales, ahora se sumarán dos más; y de esos nueve directores, dos serán designados por el gobierno a través del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que es lo mismo que decir que los designará el Presidente (mal que mal, son funcionarios de exclusiva confianza de este último). El resto será designado por Alta Dirección Pública, sistema de selección que lo único que tiene de «alto» son los cuestionamientos que se le hacen por su falta de garantías de que su toma de decisiones sea neutral (los cuestionamientos a la dirección del Servicio de Impuestos Internos son el non plus ultra de esta situación). Además, la creación de un «consejo consultivo ciudadano» no asegura en nada la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, mediante la Ley 20.500 de transparencia todas las reparticiones públicas deben crear «consejos consultivos de la sociedad civil», pero nadie conoce esta institucionalidad y, de conocerla, difícilmente accederíamos a participar de esta instancia.

Más complicado aún es que los congresistas que están criticando esta medida no vean que el problema de TVN no es meramente de administración, sino que es una condición natural de las señales públicas en el mundo (BBC, por ejemplo, no la está pasando muy bien últimamente). No es casualidad que TVN tenga malas cifras: la excepción era precisamente que se financiara a son de publicidad de manera autónoma y que sobreviviera pese a aquello.

Las condiciones de la industria televisiva son muy áridas, lo cual hace muy complicado que cualquier canal se mantenga con números azules. La solución, entonces, en lugar de inflar su presupuesto o mejorar su administración, es reducir su institucionalidad o, al menos, optimizarla. Si el gobierno necesita canales de comunicación más adecuados para informar a la ciudadanía, mucho mejor que un canal estatal controlado intensamente es contratar un community manager que gestione de manera más notoria la exposición mediática de la agenda gubernamental. Esta es una solución que o nadie ve, o a nadie le interesa ver.

 

Jean Masoliver Aguirre, cientista político, investigador Fundación para el Progreso.

 

 

FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO.