Incluso antes de que las normas de la mal llamada Ley de Inclusión -que obliga a los colegios subvencionados a eliminar cualquier tipo de cobro en forma gradual- estén siquiera en régimen, el gobierno ya está pretendiendo desconocer sus obligaciones, reduciendo a través de la ley de presupuestos los recursos que él mismo se comprometió a entregar a los colegios gratuitos y sin fines de lucro.
Publicado el 12.10.2017
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Uno de los principales objetivos que se propuso el gobierno de Michelle Bachelet fue establecer la gratuidad universal de la educación, tanto a nivel escolar como superior. Esto significa entregar al Estado, en forma gradual, el financiamiento completo de la educación, impidiendo que los establecimientos educacionales obtengan ingresos extra a través del cobro de aranceles.

Quienes nos hemos opuesto a que se lleve a cabo una medida como ésta hemos argumentado —entre otras cosas— que, dado que el gasto por alumno en Chile es comparativamente bajo, parece poco razonable limitar desde ya los recursos disponibles a las posibilidades financieras del Fisco. Más aún, que establecer la gratuidad universal significa someter al sistema educacional a la voluntad del gobierno de turno, con el evidente riesgo de instrumentalización política que ello conlleva. Hay que pensar en la película completa: la plata no cae del cielo, y en el caso del presupuesto fiscal, éste depende, por un lado, del desempeño de la economía nacional, pero también de las decisiones y prioridades de los gobiernos.

De esta forma, uno de los temores al respecto es que cuando el Estado no tenga suficiente plata, ya sea porque recaudó menos de lo esperado o porque decidió gastarla en otra cosa, el perjuicio sobre aquellos servicios que se sostienen únicamente con recursos públicos es mucho más grave que en aquellos casos en que hay otras alternativas de financiamiento. Así, para los colegios gratuitos, por ejemplo, un recorte del gasto público los condena irremediablemente, en tanto no tienen la opción de compensar mediante el cobro de aranceles.

Pues bien, a menos de dos años de promulgada la mal llamada Ley de Inclusión, que obliga a los colegios subvencionados a eliminar cualquier tipo de cobro en forma gradual, el mismo gobierno que la impulsó hoy nos demuestra con hechos concretos cuán acertadas eran nuestras aprensiones al respecto. Esto, porque antes de que las diversas normas se encuentren siquiera en régimen, La Moneda ya está pretendiendo desconocer sus obligaciones, reduciendo —a través de la ley de presupuestos— los recursos que él mismo se comprometió a entregar a los colegios gratuitos y sin fines de lucro.

Es decir, el gobierno cuyas reformas han perjudicado a la economía nacional y que además ha optado por gastar sus recursos en otras cosas, decidió no entregar íntegramente las subvenciones que la ley determina. Con ello no sólo se ven afectados los ingresos de los colegios, también se defrauda la confianza de aquellos que decidieron dejar de cobrar a las familias anticipadamente, descansando en la certeza de que el Estado les daría el financiamiento que prometió para suplir dichos pagos.

Es evidente que esta situación transgrede la ley, por lo que espero nuestros legisladores presionen para que sea revertida. No obstante, lo ocurrido hasta ahora confirma uno de los inconvenientes que vendrán con la gratuidad universal de la educación, especialmente cuando los gobiernos gestionan mal sus recursos. Los colegios han tenido la oportunidad de sufrir en carne propia el problema que significa depender única y exclusivamente del Estado, y de las prioridades políticas del gobierno de turno. La lección que la administración de Bachelet ha dado es bastante clara: mejor piénsenlo dos veces antes de confiar en sus reformas, pues la gratuidad podría terminar constándoles muy caro.

 

María Paz Arzola, economista UC

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO