Al ser parte del proceso, concluyo que si bien en un principio tuve sospechas del proyecto original, los legisladores fueron haciendo modificaciones que terminaron con una mejor institución.
Publicado el 22.01.2016
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Me tocó participar muy activamente en el proceso de reforma al sistema electoral binominal. Fue un trabajo académico y político. Junto al grupo de asesores del ministro Peñailillo, poco a poco se fue generando un discurso común. Si bien en un principio tuve sospechas del proyecto original, los legisladores fueron haciendo modificaciones que terminaron con una mejor institución. Por ejemplo, en un principio se sugería que las listas pudieran presentar el doble de candidatos por distrito. En un distrito que repartiera seis escaños, las listas podrían competir con 12 candidatos. Eso, a mi juicio, era un exceso. Al final, se acordó el mecanismo de “M+1”. Es decir, las listas podían presentar un candidato adicional según el número de escaños a repartir por distrito.

Lo más difícil de esa reforma fue la supresión de los subpactos entre partidos. Eso generó polémica dentro de la Nueva Mayoría, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Subrayo que en este proceso se escuchó la voz de expertos, académicos y, por cierto, de los legisladores. Por ningún motivo se les dejó fuera de la discusión, a pesar del desprestigio -bien ganado en algunos casos- en la opinión pública. Los presidentes y directivas de partidos fueron integrados al debate. Lo que quiero decir es que la reforma fue participativa y lentamente consensuada. No fue de un día para otro ni impuesta por la soberbia.

En lo que sí estuve en total desacuerdo era en la rebaja en las barreras de entrada para formar partido. Si bien sirvió como moneda de cambio para obtener el apoyo de Amplitud, tal modificación iba en contra de una cuestión esencial: evitar la proliferación de partidos caudillistas y escasamente representativos. Al rebajar al 0.25% el número de firmas y permitir la constitución de partidos en una sola región, daba espacio para situaciones extremas. Por ejemplo, que en Aysén un partido pudiera constituirse con 94 firmas, o en Arica y Parinacota con 178. ¿Cuáles serían los efectos de una reforma así? Claro está que generaba incentivos para la emergencia de nuevos partidos, pero también para la fractura de algunos. Un grupo de militantes podría salirse de su partido, formar otro, presentar candidatos, abultar exageradamente las papeletas de votación, y aumentar los costos de información para el votante. En lugar de estimular la unión de los partidos, tal rebaja en las barreras de entrada generaría incentivos para la fractura. De haber aprobado esta normativa, Chile -en el contexto latinoamericano- habría quedado como uno de los sistemas más permisivos para la constitución de partidos.

En cuanto a las leyes de cuota, siempre estuve de acuerdo, en especial con su vigencia temporal. Hoy se propone que dichas cuotas también apliquen para las dirigencias de los partidos. Según Geppal (Género y partidos políticos en América Latina), esta iniciativa es poco usual. Los países donde se implementan cuotas obligatorias -es decir, con sanciones en caso de que no se cumplan- son dos: Costa Rica y Honduras. En Costa Rica se exige una cuota del 50%, mientras que en Honduras es del 30%. En otros países como Uruguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú y Paraguay; esas cuotas existen, pero no hay sanción por incumplimiento. En promedio, las cuotas son del 37.5%. Lo que se propone en Chile es una cuota del 40%. Algunos partidos -que ya se sienten invadidos con la cuota de candidatas- se han manifestados dudosos. Incluso, en la base de militantes es usual encontrar opiniones cruzadas respecto al tema. En algunos casos, las mismas mujeres manifiestan la tensión entre la cuota y el mérito personal para acceder a candidaturas. ¿Qué sucederá si finalmente el Senado aprueba la cuota para dirigencias partidarias? Seguramente serán las mismas diputadas o senadoras las que deberán asumir esos cargos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Las legisladoras verían recargada su agenda de trabajo, pudiendo descuidar su distrito y hacer peligrar su re-elección. Dado que es un grupo de representantes menos voluminoso que el de los hombres, el trabajo partidario quedaría a cargo de muy pocas legisladoras.

¿Qué se podría hacer como medida alternativa? Si hay respaldo en el Senado para la cuota femenina en las dirigencias partidarias, sería razonable que ésta entrara en vigencia luego de las legislativas de 2017. ¿Por qué? Si efectivamente la cuota de candidatos funciona y hay más mujeres electas, entonces el trabajo partidario se podrá distribuir de manera más equitativa, equilibrando las funciones propias de las legisladoras con las funciones propias de su cargo como dirigente partidario.

 

Mauricio Morales, académico Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP.

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO