Lo estrictamente educacional pasó a segundo plano; de aquí a unos años más, cumplir con las exigencias administrativas del Mineduc será lo primordial.
Publicado el 30.07.2016
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Faltando más de un año para que finalice el plazo para el cumplimiento de las primeras exigencias impuestas por la Ley 20.845 a los sostenedores escolares, ya se están acercando los problemas que varios anticipamos. Es que esta ley –mal llamada- de inclusión, bajo la excusa de “evitar el lucro”, impuso a los establecimientos una carga innecesaria y no contempló los mecanismos apropiados que permitieran cumplir satisfactoriamente con ella. Así, en vez de generar incentivos y apoyo para el mejoramiento escolar y para la verdadera integración de los estudiantes más desaventajados –esto es, en términos de aprendizajes, no sólo haciendo aleatorio el proceso de admisión-, esta ley terminará por distraer tiempo y recursos hacia aspectos administrativos que no repercutirán en lo que ocurre en la sala de clases.

El mejor ejemplo de lo anterior es la obligación de que todos los sostenedores educacionales estén constituidos como persona jurídica sin fines de lucro en un plazo de 3 años (hasta diciembre de 2017). Y, junto con ello, que se hagan dueños del inmueble en que funciona el colegio. Esto, para evitar que –tal como algunos sostienen ocurriría en algunas universidades- el arriendo a precio sobre mercado sea utilizado como un mecanismo mediante el cual los dueños puedan retirar recursos a través de personas relacionadas. Lo cierto es que esta misma ley crea una serie de nuevas regulaciones en cuanto al uso de los recursos, justamente bajo la excusa de evitar el desvío de recursos de lo que la Superintendencia considere son fines estrictamente educativos.

Ahora bien, para apoyar el logro de dicha nueva obligación, la ley establece la posibilidad de que los sostenedores contraigan un crédito avalado por CORFO para comprar los inmuebles de aquí al año 2021, el que en todo caso deberá adecuarse a un precio y plazo determinados. Éste deberá pagarse con cargo a la subvención, aunque no se podrá destinar más del 25% del total anual de ésta. De excederse ese límite, el sostenedor perderá el derecho a recibir la subvención y el establecimiento pasará a manos del Estado.

Este mecanismo es criticable fundamentalmente por dos razones. Primero, es un despropósito que, por satisfacer un capricho ideológico, se derrochen recursos en la compra de edificios. Especialmente si se trata de los mismos recursos que existen hoy, pues no se estableció un incremento excepcional de la subvención para hacerse cargo de este ítem.

Y en segundo lugar, en aquellos casos en que se den las condiciones para el otorgamiento del crédito –que el banco esté dispuesto y que el valor de mercado del inmueble no exceda la tasación aprobada por CORFO-, vemos un riesgo inminente para el sostenedor y la continuidad de su proyecto educativo. La razón es que en un contexto de estancamiento –o incluso de decrecimiento- de la población en edad escolar, es posible que la matrícula disminuya y con ello caigan también los ingresos por concepto de subvención. De esta forma, se podría llegar a un punto en que el 25% de la subvención total sea insuficiente para costear el pago de la cuota del crédito, en cuyo caso el sostenedor perderá su colegio.

Es de esperar que no se llegue a este punto, pero el riesgo y la incertidumbre son evidentes. Cualquier decisión que finalmente tomen los sostenedores escolares requiere de una gran apuesta y acuciosa evaluación. De esta forma, lo estrictamente educacional pasó a segundo plano; de aquí a unos años más, cumplir con las exigencias administrativas del Mineduc será lo primordial.

 

María Paz Arzola, investigadora Libertad y Desarrollo.

 

 

 

FOTO:JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO