Con las declaraciones del rector de la U. de Chile, queda en evidencia la falta de visión sistémica que se traduce en una mirada hegemónica del aparato estatal en el ámbito educacional y que da cuenta de una incapacidad de convivir con la diversidad que representa el impulso privado.
Publicado el 19.09.2016
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Aunque nos hemos ido acostumbrando, no dejan de sorprender las últimas declaraciones del rector de la Universidad de Chile en el marco de la discusión del proyecto de educación superior que se tramita en el Congreso. Por un lado insiste en el afán de utilizar el lenguaje para construir realidades que no tienen sustento en los datos y, por otro, da cuenta de una verdadera obsesión en contra de un conjunto de instituciones cuyo desarrollo sostenido parece asustarle.

¿Qué dijo el rector?: “Las instituciones estatales tienen todo en contra. Me atrevería a decir que los planteles privados viven en paraísos fiscales dentro del país cuando se trata de financiamiento”.

Analicemos primero qué tan perjudicadas son las universidades estatales en materia de financiamiento. La matrícula de pregrado de estas universidades representa el 15% del total del sistema de educación superior, y el 27% si solo consideramos el subsistema universitario; no obstante, las universidades del Estado reciben el 55% de los fondos que el fisco asigna directamente a las instituciones y las privadas del CRUCH (G9) un 40%. Las universidades privadas que no pertenecen al CRUCH y que reúnen al 53% de la matrícula universitaria del país reciben sólo el 5% del total de recursos fiscales destinados al desarrollo institucional. En la misma línea, al considerar la distribución de dichos montos por el total de estudiantes matriculados en cada grupo las conclusiones se mantienen: el monto promedio por alumno en términos de financiamiento fiscal para las universidades del Estado es de $1.273.000, cifra 1,07 veces más alta que lo que en promedio captan por alumno las universidades del G9 y 25 veces superior a lo que obtiene en promedio por alumno el resto de las universidades privadas. Los pocos fondos fiscales que reciben estas universidades privadas para su desarrollo son concursables y están destinados a proyectos específicos, mientras que el aporte fiscal directo que reciben las universidades del CRUCH es de libre disposición. El único fondo de similares características en su uso al que las privadas podían acceder, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), fue reducido a la mitad el año pasado luego de un intenso lobby de las propias universidades estatales.

Ahora bien, no faltará quien diga que el análisis hecho no considera los recursos públicos que se destinan a estudiantes de universidades reciben por concepto de becas y créditos. Efectivamente no se consideran porque se trata de una situación distinta, toda vez que esos recursos tienen por finalidad facilitar el acceso a los jóvenes a la educación superior resguardando su derecho a elegir, beneficiando indirectamente a las instituciones en la medida que éstas sean atractivas para sus alumnos. A diferencia de los aportes institucionales, donde los recursos se destinan según la preferencia del Estado, en el caso de las becas y créditos son los alumnos quienes establecen la preferencia.

No hay que ser un genio de las estadísticas para constatar que no son precisamente las universidades del estado las que “tienen todo en contra”.

Lo otro que queda en evidencia con las declaraciones del rector es la falta de visión sistémica que se traduce en una mirada hegemónica del aparato estatal en el ámbito educacional y que da cuenta de una incapacidad de convivir con la diversidad que representa el impulso privado. En ese sentido, es triste constatar que ante el fracaso en su capacidad de influir en el proyecto de ley, pretenda darse por satisfecho con la imposición de verdaderos lastres al sector que ha sido el motor de desarrollo del sistema en los últimos 25 años.

 

Raúl Figueroa Salas, Director Ejecutivo Acción Educar.

 

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO.