La esencia de la iniciativa del gobierno es: menos poder para la gente, más poder para los políticos.
Publicado el 20.11.2014
Comparte:

La obsesión por la igualdad que la izquierda logró introducir en nuestro país oscurece la discusión de muchos temas. Es el caso del financiamiento de la política. Porque cómo no va a ser raro que se reproche a la gente que done su propia plata para apoyar a un candidato, amenazándolos incluso con la cárcel, y en cambio se proponga, como lo hará el gobierno de Bachelet, que un grupo de políticos reparta la plata ajena en beneficio de ellos mismos.

Porque ese es, a fin de cuentas, el cambio que pretende introducir el Gobierno con el proyecto de ley que modificará el financiamiento de la política. Como lo hizo ver con gran acierto Eleonora Urrutia en sendos artículos publicados en El Líbero acerca de la moralidad del financiamiento de la política, es altamente cuestionable que se usen dineros públicos, provenientes de impuestos que pagan los ciudadanos, para financiar candidatos que harán propuestas que pueden ir contra las ideas de esos ciudadanos. Resulta, en cambio, perfectamente legítimo que alguien done su propio dinero para apoyar a un candidato que piensa como él.

En países más libertarios que el nuestro, como lo es todavía Estados Unidos, la Corte Suprema en un fallo reciente (abril de 2014) sentenció que los límites fijados a lo que una persona puede donar a un candidato violan la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda de la Constitución americana. Vale decir que los aportes a la política por parte de los ciudadanos son parte de su libertad de expresión en ese país.

Por otro lado, los aportes reservados, que nuestra legislación contempla y se vendrían suprimiendo, cumplen un rol equivalente al de voto secreto para evitar el cohecho. En efecto, impiden a los políticos extorsionar o amenazar a quienes favorecen con su donación a adversarios políticos. Esa fue la lógica de su introducción a la legislación chilena los años 2003 y 2004, como parte del acuerdo político entre el gobierno de Ricardo Lagos y la UDI, liderada por Pablo Longueira, luego del escándalo Mop-Gate, en el que precisamente se determinó que se usaron platas públicas para financiar campañas políticas.

Hay otras trampas en los cambios a la ley de financiamiento de la política. Cuando se pregunta a la gente simplemente si estaría de acuerdo en disminuir los aportes privados a la política, la mayoría está de acuerdo. Muy pocos de ellos, no obstante, caen en la cuenta de que ello no significará menos plata para la política, sino que esa plata ya no llegará por aportes privados, sino que será reemplazada por financiamiento público. Es impensable que los políticos accedan a contar con menos recursos. Una prueba de la blancura para los políticos, entonces, sería que ningún peso que se rebaje de aportes privados pueda reemplazarse por aportes públicos.

Porque, ¿qué son los aportes públicos sino aportes privados repartidos por los políticos? ¿Acaso esos recursos se originaron en el sector público? No señor, son recursos generados por los privados, tal como los otros, sólo que en este caso quien toma la decisión de cómo asignarlos no es quién los generó, sino los políticos. Esa es la esencia de este gobierno: menos poder para la gente, más poder para los políticos.

La Nueva Mayoría ni siquiera ha sido muy púdica para mostrar sus intenciones. En una columna publicada en La Tercera apenas estalló el caso Penta, el economista Eduardo Engel nos anticipó lo que venía. La legislación que regía el financiamiento de la política, que como dijimos data de 2003-2004, se originó en el escándalo Mop-Gate y por lo tanto se negoció en un momento de debilidad política de las fuerzas de izquierda, afirmaba Engel. Ello los llevó a aceptar cosas que no les gustan, como el aporte de empresas y los aportes reservados. La situación actual sería distinta, pues con el caso Penta la UDI sería la que está en un momento de debilidad política, de modo que es el momento para la izquierda de cambiar la legislación.

Lo que no calculó Engel es que las insensatas reformas en que ellos embarcaron a la Presidenta Bachelet terminarían en una debilidad política del Gobierno. Por eso la prisa.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: HANS SCOTT /AGENCIAUNO

Ingresa tu correo para recibir la columna de Luis Larraín