No puede argumentarse que las tomas se ajustan a nuestro ordenamiento jurídico. No lo hacen.
Publicado el 01.09.2014
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Las “tomas” son ilícitas. Podrá discutirse cuáles son las facultades de las Cortes al respecto, evaluarse la manera de acomodar los diferentes bienes jurídicos en juego, debatirse acerca de la mejor manera en que debe lidiarse con esta forma de protesta, e incluso algunos la justificarán porque simpatizan con las demandas de la protesta, pero no puede argumentarse que las tomas se ajustan a nuestro ordenamiento jurídico. No lo hacen.

La desobediencia civil parte de la base de que el orden establecido es infringido. Una vez que aceptamos esta premisa, las diversas (y a veces contradictorias) teorías sobre la desobediencia podrán orientarnos acerca de la mejor manera en que quienes protesten deban comportarse y la forma y procedimientos que debiera emplear la autoridad para enfrentarlos. Por esa misma razón, manifestantes en otros países que ocupan ilícitamente (y de forma excluyente) algún espacio respecto del cual carecen de facultades, siguen protocolos auto-impuestos donde se reduce al máximo posible el uso de la fuerza. Su propósito es hacer visible una demanda ante la opinión pública y exigir derechos a la autoridad. Para ello, de forma consciente, eligen una vía ilícita para expresarse porque consideran que la importancia de su demanda es tal, que bien vale la pena violar el ordenamiento jurídico aceptando las sanciones procedentes. Por consiguiente, están dispuestos a pagar el precio por el acto ilícito cometido (incluyendo detenciones y sanciones), entendiendo que el beneficio de haber podido darle visibilidad a sus exigencias es mayor que el costo al que se exponen.

Tienen razón quienes argumentan que la autoridad policial debe ser respetuosa de los derechos de los manifestantes (los infractores del orden jurídico deben someterse a un trato justo y respetuoso de su dignidad); y tienen razón los apoderados y estudiantes que se manifiestan en contra de la toma (tienen derecho a que se respete el orden jurídico en beneficio de sus propios derechos). Lo que no es pertinente es utilizar la bandera del derecho de reunión (que sólo protege actos “pacíficos”), ni el argumento de la libertad de expresión, olvidando la existencia de otros importantes bienes jurídicos, entre los cuales encontramos derechos fundamentales (educación, enseñanza) e intereses estatales de relevancia (presupuestos escolares, cumplimiento de deberes legales). Los constitucionalistas tienen profundas discusiones acerca de cómo resolver o acomodar diversos intereses legítimos en juego, y asumir que uno solo prima en términos generales implica desconocer de manera simplista la existencia de una larga literatura al respecto.

Algunos de quienes intentan resolver este problema teórico, sostienen que el caso del Instituto Nacional (como muchos otros) se trata de una cuestión política que no debiera ser llevada ante las Cortes. De esta manera, como sostuvo el voto disidente a la sentencia de la Corte de Apelaciones, los jueces debieran mantenerse alejados de este tipo de conflictos, dando pie a una supuesta neutralidad del Poder Judicial respecto de la política. Esta posición es inaceptable por dos motivos:

En primer lugar, sostener esa posición no es ser neutral. Con ella, los grupos más débiles en el caso se ven desfavorecidos de forma casi automática. Si una persona cree que sus derechos están siendo afectados y requiere el auxilio del Estado para defenderlo, está buscando una vía institucional para utilizar la fuerza legítima en contra de la violencia espontánea. Decirle a esa persona que los jueces no se deben vincular al caso, es lo mismo que permitir que el que usa la violencia espontánea gane la batalla.

En segundo lugar, intentar la utilización de una doctrina como esa debería considerar algunos problemas que suelen observarse cuando se invoca la “deferencia judicial”, la “auto-restricción de los jueces” o la existencia de una “cuestión política no justiciable”. La separación entre “derecho” y “política” es un ejercicio difícil (sino imposible), el cual (para ser efectivo) requeriría de criterios claros y predecibles que sean uniformemente aplicados. En cambio, este tipo de doctrinas puede producir un resultado inverso al que se busca. Lo que se persigue es aislar a los jueces de la política, pero al entregarles la facultad para elegir los casos que conocen sin criterios claros en la selección, se les reconoce el poder para (en los hechos) resolver un caso antes de que exista un proceso debido. Con ello, los jueces podrían desechar las acciones judiciales que no comparten sin necesidad de dar argumentos mediante una sentencia definitiva. Ello lesionaría algunos principios importantes de nuestro ordenamiento jurídico, como ocurre con el derecho a acceder a la justicia para obtener amparo para los derechos fundamentales que se creen infringidos y con la necesidad de que los jueces rindan cuentas a la ciudadanía mediante la redacción (y publicidad) de sentencias razonadas y basadas en el sistema jurídico aplicable.

En otras palabras, una doctrina sobre “cuestiones políticas” no es necesariamente una manera eficaz de separar el Derecho y la política, sino que puede convertirse en un instrumento para que los jueces que simpatizan con alguna de las partes del proceso tengan una buena excusa para resolver del modo que más conforme parezca a la parte con la cual empatizan, sin dar cuenta de los verdaderos motivos por los cuales se adoptó esa posición.

Hoy, la Corte Suprema tiene en sus manos una importante oportunidad para esclarecer los límites de los derechos involucrados, lo que constituirá una señal importante para los actores y la comunidad toda. Un fallo preciso, que delimite con suficiente claridad la manera en que se acomodan los diferentes intereses en juego, es a estas alturas necesario para nuestro Estado de Derecho.

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO