La determinación de beneficiar al alumno se transforma en forma misteriosa en un financiamiento a las instituciones, eliminándolos a él y a su familia del eje central. Esto, porque se requiere fijar precios y vacantes, por lo tanto, la discusión se centra en el financiamiento institucional, lo que desata el apetito de las universidades estatales y de las privadas del Consejo de Rectores por recibir mayores recursos del Fisco.
Publicado el 26.11.2016
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Nos encontramos a escasos días del término de la discusión y aprobación de la Ley de Presupuestos de la Nación. Ley que año tras año debemos analizar en profundidad, ya que el Gobierno incorpora artículos y glosas que generan políticas públicas permanentes, las que al ser tramitadas con premura, poca meditación y visión de sus consecuencias, provocan impactos negativos en las instituciones. Esta mala costumbre se ha convertido en una constante y este año no es la excepción.

En primer lugar, se reitera el grave error que existe en la conceptualización de la gratuidad. El Gobierno, en su discurso público, siempre la ha destacado como un beneficio al que pueden acceder los alumnos de las familias más vulnerables del país y que, por razones presupuestarias, lo acotó a los primeros cinco deciles. Esta es la mirada correcta, ya que el beneficiario es la persona, que por definición va acceder a la educación superior por su condición de vulnerabilidad.

Hasta ahí todo bien; sin embargo, al llevar a la práctica esta voluntad, el Gobierno se desdice.

La determinación de beneficiar al alumno se transforma en forma misteriosa en un financiamiento a las instituciones, eliminándolos a él y a su familia del eje central. Esto, porque se requiere fijar precios y vacantes, por lo tanto, la discusión se centra en el financiamiento institucional, lo que desata el apetito de las universidades estatales y de las privadas del Consejo de Rectores por recibir mayores recursos del Fisco. Se genera, entonces, un curioso cambio de visión y de eje en la discusión.

A esta altura de la discusión de la Reforma a la Educación Superior, no deberíamos asombrarnos ya que en tres años hemos visto con pesar los reiterados cambios de parecer y las constantes improvisaciones en las ideas que sustentan el proyecto.

En segundo lugar, llama profundamente la atención que los integrantes del Poder Legislativo no le hayan hecho ver a las autoridades responsables de la elaboración del presupuesto la grave omisión de eliminar la glosa de asignación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Sencillamente la hicieron desaparecer.

Todo funcionario público, cualquiera sea su rango y responsabilidad, solo puede hacer lo que expresamente lo mandate la ley. También es sabido que los ciudadanos tenemos la obligación de dar cumplimiento a la ley, con mayor razón la autoridad pública. Al ministro sectorial le corresponde dar cumplimiento expreso a lo que la ley mandata. En este caso, el  DFL N°4 de 1981, en su Título I y, específicamente, en su artículo 3°, es perentorio en el mandato a asignar recursos para el AFI.

Dicho artículo dice textual: “Sin perjuicio del aporte referido en el artículo anterior, el Estado OTORGARÁ a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, reconocidos por aquel como instituciones de educación superior, anualmente un aporte fiscal indirecto, el que será distribuido de la siguiente forma: (…)”.

Es decir, la autoridad no tiene otra posibilidad que asignar los recursos, aunque no lo quiera, no le guste o no lo considere apropiado.

No asignarlo sería un incumplimiento grave de los deberes del cargo y los fijados específicamente por el DFL antes mencionado. Lo anterior podría ser atribuible a un olvido o a un descuido, lo que sería gravísimo, o tratar por la vía de los hechos de concretar la supresión del Aporte Fiscal Indirecto, efectuando una maniobra intencionada de no cumplir el próximo año el mandato legal que le corresponde, dejando el ítem sin financiamiento y sin disponibilidad presupuestaria.

Los parlamentarios deben exigir la corrección de esta “extraña” omisión, pues de otra manera estarán avalando un grave incumplimiento en los deberes del cargo que ostentan.

Sorpresa generaron las declaraciones del Consejo de Rectores, que criticó la eliminación del AFI, pero no por la ilegalidad que se está cometiendo, sino porque la promesa del Gobierno ha sido que los montos que se disminuyan del AFI les serán traspasados por vía directa, que para este año fueron de libre disposición y para el próximo año, no.

El Gobierno nuevamente consolida una discriminación en contra del sector privado, que año a año iba creciendo en la participación de este indicador, que en el fondo era un indicador de reputación.

 

Rubén Covarrubias Giordano, rector Universidad Mayor

 

 

Foto: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO