Mientras la ministra de Justicia implementa el reemplazo de los trabajadores del Registro Civil en huelga, con funcionarios de otras reparticiones, la ministra del Trabajo tramita en el Congreso una reforma que prohíbe al sector privado esa práctica y que deja en manos de una negociación con los sindicatos la definición de los servicios esenciales que deben seguir operando durante una paralización. Notable, ¿verdad?
Publicado el 06.11.2015
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Casi 20 meses de mandato presidencial y el mambo sigue bailándose al mismo ritmo. La caída estrepitosa de la economía; el deterioro del empleo, que se sostiene únicamente multiplicando las contrataciones de operadores en el aparato público; la caída de Chile en casi todos los rankings internacionales; el débil respaldo ciudadano; la salida en masa del primer equipo político de La Moneda; el rechazo mayoritario a las reformas emblemáticas, en fin, nada ha impedido que se mantenga el rumbo diseñado en 2013 por un pequeño grupo cercano a la Presidenta Michelle Bachelet y que está implementando con el acelerador al fondo desde el mismo 11 de marzo de 2014.

La reforma educacional sigue adelante, sin que hasta ahora se haya modificado una coma del curriculum escolar, ni innovado en el sistema de enseñanza, ni modificado los estándares pedagógicos, ni ninguno de los factores que inciden en la calidad, que es el gran objetivo al que, esperábamos, se apuntara (cuántos miles de millones de pesos destinados a una reforma decepcionante, que pudo convertirse en una gran oportunidad). Esta semana la Presidenta firmó el proyecto de desmunicipalización –según ella, “la última gran pieza” de la reforma- al que han bautizado como Sistema Nacional de Educación Pública. Todos los especialistas repiten desde hace una década que la calidad en la educación pública depende de los recursos, la autonomía de los directores y el estándar de formación de los profesores. ¿Qué propone el gobierno? Nada que modifique esos factores: la iniciativa se reduce a un cambio de administración de colegios, para su total estatización en un plazo de seis años.

Como con todas las reformas que ha impulsado, durante la ceremonia de firma del proyecto la Presidenta fue pródiga en slogans y en declaraciones poéticas: “La firma de hoy nos llena de alegría y de satisfacción, porque le estamos cumpliendo a Chile, estamos completando la construcción institucional de un sistema educativo justo, inclusivo y de calidad, porque es lo que nuestros niños y niñas requieren y merecen, por lo demás”.

La reforma tributaria sigue también su curso, pese a los errores gruesos que ha confesado incluso el Servicio de Impuestos Internos en su implementación y que lo obligó este año a enviar 60 circulares aclaratorias a los contribuyentes ¡60! El gobierno prometió una “reforma a la reforma” para fin de año, que corrija esos errores.

En el intertanto, La Moneda le pide ropa prestada a organismos internacionales para defender el alza de impuestos, sindicada por la mayoría de los especialistas dentro y fuera de Chile, como uno de los factores que ha impactado mayormente la economía de nuestro país. Es una lástima que un organismo de la envergadura del Banco Mundial se preste para un juego político algo rasca, publicando un estudio sobre los efectos redistributivos de la reforma tributaria con problemas técnicos, fuentes sesgadas y una declaración final que no se sostiene ni siquiera en los datos que arroja el estudio: concluye que la reforma tributaria tiene “un efecto redistributivo claro”, pero luego señala que “no tiene ningún efecto sobre el 75% inferior de la distribución de ingreso” (plop).

Y en el Congreso sigue avanzando la reforma laboral, claro que ahora contamos con una novedad. Si antes algunos criticaban la iniciativa por los efectos que podría generar, ahora podemos hacerlo millones de chilenos teniendo a la mano información pura y dura: los resultados del ensayo que está montando Nelly Díaz, la dirigente de los trabajadores del Registro Civil que mantiene paralizando ese servicio desde hace 40 días.

Mientras la ministra de Justicia implementa el reemplazo de los trabajadores del Registro Civil en huelga, con funcionarios de otras reparticiones, la ministra del Trabajo tramita en el Congreso una reforma que prohíbe al sector privado esa práctica y que deja en manos de una negociación con los sindicatos la definición de los servicios esenciales que deben seguir operando durante una paralización. Notable, ¿verdad?

El gobierno sigue adelante también con el mayor objeto de deseo de la izquierda y, en particular, de la Presidenta Bachelet y de su círculo más íntimo: la Nueva Constitución. En un mes La Moneda ha dado pasos gigantescos, tienen ya un cronograma que extenderá el debate constitucional por una década (2011 al 2021 cuando se convocaría a un plebiscito) y que coincide con la elección Municipal 2016 y las elecciones Presidencial y Parlamentaria 2017. Tienen también un plan de “educación constitucional”, para el cual están pidiendo a través del Presupuesto 3 mil millones de pesos y la autorización para contratar más de 400 activistas (adelantando camino, TVN ya está implementando las clases sobre la Constitución en Buenos Días a Todos, en esta nota usted puede comprobar con sus propios ojos su contenido y orientación).

Lo único que la Presidenta Bachelet todavía no tiene es el contenido del nuevo texto constitucional, que en el fondo es la clave para entender por qué razón asegura que Chile necesita una Nueva Constitución, que reemplace a la de 2005, firmada no por Augusto Pinochet, sino por el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar.

Como podemos ver, no ha habido renuncias ni realismo, y todos los cónclaves con que animó el invierno 2015 la Presidenta Bachelet y el oficialismo están quedando como una más de las tantas anécdotas que le han regalado a Chile en estos casi 20 meses de mandato.

El PC, la CUT, el Colegio de Profesores, los intelectuales que contribuyeron a redactar el Programa de Gobierno pasarán, entonces, unas fiestas de fin de año más tranquilos. En lo que más les importa, todo marcha sobre ruedas: ¡Las reformas van!

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

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