Si bien hay que valorar que la etapa participativa del proceso constituyente produjo ciertos beneficios específicos (estimular el debate, producir insumos, etc.), cuando dicha etapa es instrumentalizada para vestir con un disfraz “ciudadano” algo que no lo es, se incrementa la desconfianza y se deslegitima aún más el proceso constituyente en curso.
Publicado el 13.08.2016
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Terminada la etapa participativa del proceso constituyente, Bachelet señaló que su “compromiso es que la voz de los ciudadanos pueda ser vinculante con lo que va a ser luego un proyecto de nueva Constitución”. Indicó que “la participación es el hilo conductor del proceso constituyente”, que la “palabra ‘ciudadanía’ va a quedar impresa en la Carta Fundamental” y que la “palabra de los ciudadanos va a modelar la nueva Constitución”.

Si bien puede decirse que dichas expresiones son un recurso retórico (normal en política) que pretende celebrar y exagerar el supuesto éxito de la etapa participativa del proceso constituyente, lo cierto es que ellas son inconsistentes con los objetivos de la misma y estimulan una expectativa irreal: que la participación tendrá efectos en el texto constitucional y que la nueva Constitución será el resultado de lo que la ciudadanía quiere. Dicha expectativa tiene, al menos, dos problemas:

En primer lugar, cuando Bachelet insinúa que la etapa participativa sirvió para identificar la “voz de la ciudadanía”, está siendo inconsistente con el diagnóstico que muchos han desarrollado. Personas de distintos colores políticos (incluyendo miembros del Gobierno) han reconocido que la etapa participativa no tiene por objetivo generar representatividad. Después de todo, el proceso parece elitista, los grupos mejor organizados se escuchan más fuerte y posiblemente existe un sesgo en quienes participan. Por ello, se equivocan quienes asumen que el proceso genera o debería generar una legitimidad política basada en la representatividad de las opiniones y personas que participaron en los encuentros y cabildos. La etapa participativa no reemplaza la representación. En consecuencia, no cabe esperar que las virtudes de la representación estén presentes en los encuentros y cabildos.

Los fines de la etapa participativa del proceso, atendido su diseño, se limitan a: producir un efecto pedagógico, promover el debate y fomentar la participación ciudadana en una materia de alto interés público. A ello puede agregarse la creación de insumos para futuras discusiones y el aprendizaje que la clase política debe adquirir para llevar adelante este proceso con éxito. La inconsistencia de Bachelet es grave, ya que esconde estos objetivos precisos (y menos ambiciosos) detrás de un fin que la etapa participativa no ofrece ni puede ofrecer: ser la “voz de la ciudadanía”. En vez de ser considerada como una instancia de discusión donde la ciudadanía tiene la oportunidad de manifestar sus inquietudes y de entablar una conversación que servirá de insumo para el futuro, Bachelet ha desnaturalizado los encuentros y cabildos, instrumentalizando (o engañando) a quienes participaron en ellos de buena fe.

El segundo problema de las palabras de Bachelet es que asumen que es posible redactar un texto basado en las opiniones de quienes participaron en los encuentros y cabildos. Ello es un error. El Comité de Sistematización está redactando un informe que servirá para que el Consejo de Observadores redacte las “Bases Ciudadanas”, que se utilizarán como insumo para el nuevo texto constitucional que se propondrá. Se ha dicho que el informe de sistematización no sólo tendrá un valor cuantitativo, sino también cualitativo. No obstante, si los encuentros y cabildos no representan a la ciudadanía, ¿por qué se insiste en que se ofrecerá un texto constitucional basado en la opinión de ella?

La metodología que se ha anunciado para redactar estos informes arroja muchas dudas. Por un lado (el cuantitativo), se cuentan las menciones de principios, derechos e instituciones que, de forma limitada, los participantes pudieron elegir y priorizar luego de una breve discusión. El problema es que esa metodología cuantitativa no considera: 1) que la sola mención de uno de estos elementos puede obedecer a distintos tipos de valoraciones que compiten, 2) que existen conceptos poco comprendidos pero importantes (e.g. debido proceso), 3) que varios elementos no estaban en el listado ofrecido por el Gobierno y 4) que la baja mención de un principio, derecho o institución, no significa que las personas estén en desacuerdo con el mismo o que lo valoren de forma reducida.

Por ejemplo, del hecho que muy pocas personas hayan mencionado la libertad de expresión no se sigue que la inmensa mayoría no valore ese derecho. Es natural que hoy las personas, de forma espontánea, se inclinen por priorizar la discusión de temas contingentes (i.e. educación y pensiones), por sobre otros que hoy no aparecen en la vitrina de la agenda pública. La libertad de expresión es un derecho esencial para la existencia de una democracia saludable, pero muy pocas personas lo mencionan. ¿Significa ello que la “ciudadanía” no valora la libertad de expresión? ¿Significa ello que el texto final debiera relegar la libertad de expresión a una posición secundaria? Por supuesto que no. Como las constituciones deben ser escritas para el largo plazo, ellas no pueden estar condicionadas exclusivamente por las condiciones coyunturales existentes. De lo contrario, quien controla la agenda comunicacional influirá de forma desproporcionada en la discusión constituyente.

Por otro lado, se ha dicho que el informe (y las “bases”) contendrán información cualitativa, tendiente a incorporar la forma en que los distintos encuentros y cabildos valoraron cada principio, derecho o institución. No está claro cómo se desarrollará esta metodología, ni la forma en que los datos disponibles permitirán reproducir este ejercicio de manera confiable.

Cualquiera sea el resultado final de este proceso de sistematización y elaboración del proyecto de nueva Constitución, el mismo difícilmente será el resultado de la “voz de la ciudadanía”. Si bien hay que valorar que la etapa participativa del proceso constituyente produjo ciertos beneficios específicos (estimular el debate, producir insumos, etc.), cuando dicha etapa es instrumentalizada para vestir con un disfraz “ciudadano” algo que no lo es, se incrementa la desconfianza y se deslegitima aún más el proceso constituyente en curso.

 

Sergio Verdugo, Centro de Justicia Constitucional, Derecho UDD – Doctorando en Derecho, Universidad de Nueva York (NYU).