Es cierto que nuestros índices de criminalidad son relativamente más bajos que el resto de la región, pero hay amenazas que se ciernen en el horizonte sin que el gobierno de la Nueva Mayoría esté reaccionando con medidas preventivas, o bien, siquiera reconocido ante la opinión pública la gravedad de lo que se viene.
Publicado el 04.01.2016
Comparte:

A pesar de no ubicarse en una zona de guerra como el Medio Oriente, salvo Colombia -en su momento- con las FARC y la narcoguerrilla, América Latina y Caribe muestran hoy el mayor índice de criminalidad en el mundo. Con una población que representa solo el 8% del total mundial, la región produce hasta el 40% de todos los homicidios con armas de fuego (más de 10 muertes por cada 100 mil habitantes) y el 66% del total de secuestros.

Desde la constitución de comités de autodefensa frente a los carteles en Michoacán (México), al asesinato de una actriz y ex Miss Venezuela en plena carretera de Venezuela (sicarios), al enfrentamiento sangriento entre pandillas urbanas en Centroamérica, hasta la muerte de policías argentinos en manos de criminales, la inseguridad ciudadana se ha convertido hoy para los latinoamericanos en uno de sus problemas más acuciantes.

Los expertos en el tema sostienen que las olas de violencia y de inseguridad pública amenazan la estabilidad democrática de los países, la vigencia del estado de derecho y, en definitiva, las posibilidades de desarrollo de la región.

Factores básicos de criminalidad

La experiencia demuestra que un mix de cinco grandes factores explica la violencia y los altos índices de inseguridad pública. A saber:

(i) La desigualdad, el desempleo, y la mala educación son fuentes estructurales de delincuencia. Por ello, el subdesarrollo y la pobreza son las grandes taras que caracterizan a la violencia latinoamericana;

(ii) Si en los guetos de las grandes urbes europeas se están incubando los yihadistas del Medio Oriente, una gran población de jóvenes desarraigados explica el aumento de las bandas delictivas (“Maras”) como forma particular de violencia en la región, especialmente en Centroamérica;

(iii) El narcotráfico hacia el mercado norteamericano, el crimen organizado vinculado con la trata de personas, y el flujo de armas pequeñas y livianas desde los EE.UU. hacia la región, son las fuentes inmediatas. En el tema de las armas, el flujo norte-sur existe a pesar de que nuestro continente es la única zona del mundo que adoptó una Convención contra la Fabricación y el Trafico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA);

(iv) El abuso del alcohol tiene un impacto directo en la violencia doméstica: violencia interpersonal, maltrato de mayores, abuso infantil, agresiones sexuales, etc.

(v) La inacción gubernamental, el deterioro de las fuerzas policiales y bajas tasas de encarcelación, son causales complementarias. La violencia crece tanto por ausencia o exceso de Estado, ausencia en la protección de las personas y en el castigo de los delincuentes, o bien, exceso por la militarización represiva de la seguridad.

Intensidad y extensión del problema

El incremento de la violencia de los carteles de la droga fue el principal disparador de la ola de violencia en Colombia, México y América Central, con un costo aproximado del 14% del PBI. A su vez, las “Maras” (agrupaciones de delincuentes juveniles cuya designación proviene de la voraz hormiga africana “marabunta”) es otro fenómeno creciente que abarca a casi dos millones jóvenes y que se extiende, prácticamente, desde el sur de California hasta el istmo de Panamá. La rabia, la competencia, los ritos de iniciación, o incluso un simple error, producen muertes entre bandas, cuyos códigos de conducta los llevan a la retaliación y a una cadena sin fin de asesinatos.

En América del Sur, la situación de violencia más grave concierne a Colombia, Brasil y Venezuela. Este último país, con un índice de homicidios en sostenido aumento desde 1994, va camino a convertirse en el país más violento del continente, ya que 2015 cierra con unas 27.875 muertes violentas, lo que representa una tasa de 90 fallecidos por cada 100.000 habitantes. En Caracas, se registran las tasas de criminalidad más altas del país. Rio de Janeiro, en tanto, padece de milicias de narcotraficantes fuertemente armadas, que controlan extensas zonas de la ciudad, incluyendo servicios como el transporte y la televisión por cable.

Un problema de salud

La violencia en América Latina ha adquirido el carácter de epidemia. Se ha extendido a todo el hemisferio y crece día a día. Hay que tratarla y erradicarla como cualquiera otra enfermedad. Así, por ejemplo, las restricciones en la portación de armas y en el acceso a armas de fuego resultan en una reducción de homicidios. Igual ocurre con el alcohol. La restricción del alcohol es aún más efectiva en reducir homicidios: hasta 25% menos asesinatos con una reducción de un par de horas de acceso al alcohol en algunas ciudades.

Las actividades de control son necesarias e importantes, pero no las únicas ni las mejores. La prevención da muchos más beneficios a largo plazo que solo las actividades represivas. El control policial y la mejora de las estructuras y gestión judiciales son claves, pero la prevención es más importante.

Otra perspectiva a considerar es que los jóvenes son los que más cometen actos violentos, así como sus principales víctimas, particularmente tratándose de varones. La educación, el deporte, la música y las artes en general, han probado ser buenas herramientas para encarrilar a la juventud con problemas.

El flagelo del narcotráfico

Pero la inseguridad en el continente responde, en una medida importante, a la expansión del narcotráfico, un poder que infiltra toda la sociedad y que carcome a los Estados. La producción, consumo y tráfico de drogas ha continuado creciendo en forma explosiva en la región. Perú, por ejemplo, enfrenta un problema potencial de lucha contra el narcotráfico, similar a la que sufrieran antes Colombia y México, al haberse transformado en el primer productor mundial de hoja de coca. El 80% de los campesinos involucrados en el cultivo de la coca, en zonas rurales de la selva de difícil acceso, producen también pasta básica con un grado importante de depuración (VRAE o Valle del Río Apurimac y Ene). Ese paso facilita a los laboratorios de conversión hacia el clorhidrato, que se ubican en las zonas urbanas aledañas a la producción o en los ejes de tránsito de la droga. Hoy Perú produce más cocaína que Colombia y su gobierno se ha declarado incapaz de enfrentar el problema sin ayuda internacional, lo cual debería ser una señal de alerta para el resto de América del Sur.

El caso chileno

A la postre, Perú no es el único afectado. Al dejar que la situación escale en la región sin una mayor contención, es la América Latina toda la que va a entrar en una guerra, ya no en forma convencional entre países vecinos, sino para defender unidas sus instuciones republicanas (evitar los países “sin ley”).

¿Y cómo vemos las cosas en Chile? De partida, según las estadísticas que manejan los estudios sobre el tema (BID, BM, OEA, OMS), el país latinoamericano más seguro sería Chile, con solo 2.74 homicidios por 100 mil personas en 2013.

¿Debemos quedarnos tranquilos? Es cierto que nuestros índices de criminalidad son relativamente más bajos que el resto de la región, pero hay amenazas que se ciernen en el horizonte sin que el gobierno de la Nueva Mayoría esté reaccionando con medidas preventivas, o bien, siquiera reconocido ante la opinión pública la gravedad de lo que se viene.

El primer gran problema es el conflicto en La Araucanía, una región donde se mezcla la delicuencia común con el terrorismo (equivalente a la relación entre narcotráfico y guerrilla en Colombia), donde el Estado de Derecho está siendo puesto en duda y donde el gobierno ha seguido la “política del avestruz”: no ve el problema y, por lo tanto, no existe. Además, la movida extemporánea de la Presidenta, con su visita “clandestina” y sorpresiva a la IX Región, sin el ministro encargado de la materia (Burgos), es una burla para todos los sectores afectados de La Araucanía. De no haber justicia ni gobierno en la zona, la violencia política del mal llamado conflicto mapuche terminará siendo tratada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y/o en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Un punto íntimamente relacionado con lo anterior, es que la violencia siempre está presente en todas las manifestaciones y protestas populares en Chile. Ya no existen las demostraciones pacíficas como en el resto del mundo y los desmanes contra la propiedad y las personas es pan de cada día. Se siguen autorizando las movilizaciones estudiantiles para probar que todavía hay libertades en Chile, pero no se ataca la violencia de ciertos grupos denominados eufemísticamente como “encapuchados”. ¿Quiénes son? ¿Ácratas, extremistas de izquierda, desarraigados, “flaites”?

El segundo gran problema es el ya mencionado narcotráfico. No nos podremos escapar de la tendencia general de América Latina, pues en los hechos ya no solo somos un país de tránsito de la droga, sino de producción y consumo. Entre las graves consecuencias, hay que considerar las amenazas que representan nuestra frontera norte (Perú y Bolivia) como una zona “caliente” del narcotráfico, al próximo tráfico de armas y personas que esas mismas organizaciones criminales desarrollarán en Chile y, tal vez lo más candente hoy, las poblaciones de Santiago, que son refugio de la violencia y la criminalidad, y están prácticamente abandonadas por el Estado.

 

Juan Salazar Sparks, cientista político, embajador (r) y director ejecutivo de CEPERI.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO