Al gobierno le gusta hablar de tener claras las reglas del juego. Al parecer la tarea también pasa por casa.
Publicado el 03.07.2016
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Sigue el debate en torno a la reforma laboral. Ahora parlamentarios de ChileVamos acusan reserva de constitucionalidad respecto del veto del gobierno a los pactos de adaptabilidad. Es bueno darse un tiempo y analizar en detalle qué ha sucedido con estos pactos.

El veto presidencial suprime los pactos regulados en el art. 376 (Pactos sobre sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso), art. 377 (Pactos de horas extraordinarias) y art. 378 (Pactos sobre tiempo de preparación para trabajar y jornada pasiva) señalando que “la supresión de las normas de titularidad sindical desequilibra el sistema propuesto de negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo”. A primera vista se entendería que, al no existir exclusividad del sindicato para negociar, la balanza se estaría inclinando hacia el empleador y por ende los pactos deben ser vetados. De esta forma, el Ejecutivo acataría que la titularidad sindical no podría aplicarse en los pactos dado el fallo del TC. Sin embargo, el veto no toca el art. 375 que dictamina que “en aquellas empresas que tengan una afiliación sindical igual o superior al 30% del total de sus trabajadores, la o las organizaciones sindicales, conjunta o separadamente, podrán acordar con el empleador los pactos sobre condiciones especiales de trabajo de que trata este Título”. A falta de una ley corta -idea ya desechada- que modificara este artículo, se abre la interrogante acerca de quiénes pueden efectivamente negociar con el empleador.

Pues -a diferencia de lo que se ha manifestado en la opinión pública- no todos los pactos fueron vetados. No fueron tocados el art. 379 (Pactos sobre distribución de jornada de trabajo semanal) ni art. 379 bis (Pactos para trabajadores con responsabilidades familiares). Muchos se podrán preguntar cuál es la razón por la cual el veto no fue para todos los pactos. La razón es simple: estos pactos son por necesidades del trabajador y no por necesidad de la empresa y por lo tanto -en este caso- la balanza no  se inclina hacia el empleador .

La Fundacion ChileMujeres propuso -dentro del debate de la reforma laboral- los pactos para trabajadores con responsabilidades familiares, los que fueron trabajados con la senadora Carolina Goic y acogidos por el Ejecutivo a través del sobreviviente 379bis. Estos pactos abren un enorme abanico de posibilidades para fomentar el trabajo femenino, pues permitirían que las condiciones laborales de los trabajadores se ajusten a sus responsabilidades familiares permitiendo pactar -por ejemplo- la discontinuidad de la jornada. Una madre que debe -o quiere-  ir a buscar a sus hijos al colegio ahora no deberá conformarse con jornada parcial, sino que podrá pactar -si su realidad laboral se lo permite- continuar su trabajo desde la casa. Es importante destacar que estos pactos son para trabajadores con responsabilidades familiares -y no solo las madres- condición fundamental para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad.

Afirmar que estos pactos no contribuyen a mejores relaciones laborales en nuestro país es desconocer por completo la realidad laboral chilena. Pretender que sean vetados es cerrarle la puerta a más de un millón de mujeres inactivas por razones familiares y a sus hijos.

Lo que sin duda es cierto es que -a pesar del fallo del TC y en incoherencia con el texto del veto- la reforma aun -a través del 375- le atribuye solo a los sindicatos la facultad de negociar, lo cual es claramente inconstitucional. Es aquí donde todos -sociedad civil, sector público y sector privado- debemos alzar la voz y exigir que la Constitución debe siempre ser acatada en un estado de derecho.

Al gobierno le gusta hablar de tener claras las reglas del juego. Al parecer la tarea también pasa por casa. Permitir de forma expresa que solo los sindicatos puedan negociar estos pactos, pero a la vez vetar los demás debido a que la titularidad sindical fue suprimida, es como decirle a un niño que puede copiar en el colegio pero que de hacerlo va contra las reglas. Es totalmente incomprensible e incoherente. Tampoco es responsable de parte de los parlamentarios de ChileVamos exigir que todos los pactos sean vetados.  La política -si quiere ser reivindicada- debe ser responsable y el gobierno debe entender que es a la Presidenta – y no los tribunales – a  quien la ciudadanía ha elegido para gobernar.

Verónica Campino G-H

Co-fundadora Fundacion ChileMujeres