El gobierno sostiene una soterrada lucha de intereses funcionarios en torno a una universidad, como la U. de Aysén, que no existe. Paralelamente, desarrolla una ofensiva contra las universidades dependientes de Laureate.
Publicado el 25.08.2016
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Jorge Luis Borges o su amigo Bioy Casares podrían haber escrito una estupenda obra literaria, basados en lo que ocurre hoy con la Universidad de Aysén.

Dicha institución de educación superior ostenta hoy un récord mundial difícil de superar y destinado a mantenerse por largos años: en su corta vida ha tenido dos rectores (rectoras, en rigor) y ningún alumno.

En efecto, Roxana Pey, su primera rectora, fue removida por el Ministerio de Educación hace pocos días. En su reemplazo se nombró a la académica María Teresa Marshall, quien era parte del equipo de Pey. Entre las razones que dio la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para despedir a Roxana Pey es que había problemas con el sistema de acceso que se había propuesto.

Esta decisión ministerial, que sorprendió a todos y todas, deja en evidencia que la Universidad de Aysén no sólo no tiene ningún alumno, sino al parecer tampoco tenía claro cómo iba a obtenerlos. Esto no es tan extraño si consideramos que la Región de Aysén es la menos poblada del país y tan solo mil doscientos jóvenes egresan de la educación media cada año para rendir la PSU. Como antecedente adicional para evaluar esta situación, hay que considerar que hace pocos años la Universidad de Los Lagos cerró su sede en la ciudad de Coyhaique, capital regional, por falta de alumnos. Por último, la Universidad de Magallanes ofrece en esa misma ciudad seis carreras, con una matrícula total inferior a los 300 alumnos.

La verdad es que los problemas de esta universidad comenzaron con la decisión de crearla, como uno de los elementos simbólicos de la reforma a la educación superior de Michelle Bachelet. Arguyendo que en las regiones de Aysén y O’Higgins no había oferta universitaria, se decidió la creación de dos universidades estatales ubicadas en las ciudades de Coyhaique y Rancagua. Nadie en el gobierno se preguntó, aparentemente, si es que habría alumnos interesados en estudiar en universidades situadas en esos lugares, considerando la escasa población de Aysén y la cercanía de Rancagua con la ciudad de Santiago y su profusa oferta de vacantes en educación superior. Primó, al parecer, el cuestionable concepto de que la población de esas regiones tenía “derecho” a tener una universidad. Esta decisión gubernamental, que refleja muy bien los criterios que ha utilizado este gobierno para tomar sus decisiones, terminó siendo un dolor de cabeza para la ex Rectora Pey. Preocupada por la necesidad de tener alumnos y el temor de encabezar el proyecto de una universidad “no consumada” por falta de alumnos, aparentemente Roxana Pey habría abogado por bajar los puntajes de ingreso a su universidad por debajo de los umbrales que la reforma universitaria establecía para recibir diversas ayudas del Estado, criticando este aspecto de la reforma. Esto habría provocado roces con el Ministerio de Educación.

En todo caso, al parecer los problemas de la Universidad de Aysén y las críticas a la gestión de Roxana Pey no terminaban ahí. Fuera de no tener alumnos, la universidad tampoco tenía aulas donde impartir clases, ni claridad respecto a la forma de hacerse de la infraestructura necesaria para escapar de su condición de universidad Borgeana.

Pero el elemento, a mi juicio, más revelador de todo este episodio aún no ha sido comentado: la ex Rectora Roxana Pey decidió resistirse a la decisión del Ministerio de Educación de removerla de su cargo. Apelando a una supuesta autonomía universitaria, de una universidad que como hemos visto no existe, ella ha señalado que va a interponer todas las medidas judiciales, incluso el recurso de protección, para evitar el despido. Sus pares del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas, ignoramos si por unanimidad, han decidido respaldarla en su reclamo contra la violación de la autonomía universitaria.

Esta disputa da cuenta, de manera palmaria, del concepto que prima en el gobierno de la Nueva Mayoría a la hora de definir el sentido de la acción del Estado. Lo que verdaderamente importa son los cargos y las “pegas” que los funcionarios afines políticamente puedan obtener. La función que debían ejercer, los sujetos de su trabajo, en este caso los alumnos, pueden incluso no existir.

El gobierno de la Nueva Mayoría sostiene una soterrada lucha de intereses funcionarios en torno a una universidad, como la Universidad de Aysén, que no existe. Paralelamente, desarrolla una ofensiva contra las universidades dependientes de la empresa norteamericana Laureate (acusándolas de lucro), entre ellas la Universidad Andrés Bello, que es la que tiene más alumnos en Chile, cerca de 45.000, y es la cuarta del país en materia de investigación.

Una pintura de lo que ha sido el gobierno de Michelle Bachelet.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

 

FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

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