Las indicaciones del Ejecutivo, en su conjunto, se dirigen no sólo a reconocer el derecho a la identidad de género, sino que lo convierten en un “supra-derecho” que está, incluso, por sobre el legítimo ejercicio de derechos de terceros y que ni siquiera reconoce como límite el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.
Publicado el 27.12.2017
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Durante el primer trámite constitucional, en el Senado, el proyecto que reconoce y da protección a la identidad de género había moderado el alcance ideológico de su contenido. Sin embargo, luego de haber pasado a segundo trámite, el pasado miércoles 13 de diciembre, el Ejecutivo presentó 82 nuevas indicaciones que buscan llevar al extremo el sentido ideológico de la iniciativa.

Por ejemplo, el proyecto de ley aprobado por el Senado no permitía el cambio de nombre y sexo a los menores de edad. No obstante, las indicaciones buscan reincorporar el derecho a la identidad de género para todos los niños, sin importar su edad y sin considerar la opinión de los padres al respecto. Lo anterior no se condice con las cifras expuestas por la Sociedad Chilena de Endocrinología ante la Comisión de Derechos Humanos, en las que indicaba que cerca del 85 a 95% de los niños con Disforia de Género remite al llegar la pubertad.

Otra radicalización del proyecto se ve respecto del término del matrimonio. El proyecto aprobado por el Senado permitía el cambio de nombre y sexo para personas casadas, sin embargo, dicho cambio daba paso a un término exprés del matrimonio (por no existir el requisito esencial del matrimonio de la diferencia de sexos). Sin embargo, las indicaciones del Ejecutivo buscan que una persona casada sí pueda cambiar su sexo y, a la vez, decidir si pone fin al matrimonio o no. Lo anterior, indirectamente, se traduce en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ello demuestra la intención ideologizada de este proyecto puesto que agrega nuevas reivindicaciones del gobierno cuya discusión no pertenece a esta materia.

Además, el Ejecutivo busca cambios en materia de prueba de la identidad de género. El proyecto aprobado por el Senado exigía que la persona, al momento de presentar la solicitud de rectificación de nombre y sexo, presentara también una evaluación médica realizada por un experto calificado en la materia, con el objeto de determinar que el solicitante cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas necesarias para formular la solicitud. Sin embargo, las indicaciones del Gobierno eliminan este requisito.

Lo anterior es especialmente preocupante si consideramos que, luego de dicha eliminación, el proyecto entregará derechos sin que se exija prueba alguna de que la identidad de género se verifica, es decir, que efectivamente existe una “convicción personal e interna del género”. Lo anterior lleva a que la utilización fraudulenta del derecho a la identidad de género no pueda ser probada y, por lo tanto, no pueda penarse tampoco. Ello podría generar problemas de incerteza jurídica en distintos ámbitos: cumplimiento de ley de cuotas electorales, cobertura de salud, edad de jubilación, entrega de subsidios, entre otros.

En definitiva, las indicaciones del Ejecutivo, en su conjunto, se dirigen no sólo a reconocer el derecho a la identidad de género, sino que lo convierten en un “supra-derecho” que está, incluso, por sobre el legítimo ejercicio de derechos de terceros y que ni siquiera reconoce como límite el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Esto demuestra una intención del Gobierno de sentar bases ideológicas de forma tan extrema que un probable daño a la familia y a la infancia es sólo un daño colateral que se está dispuesto a soportar.

 

María Teresa Urrutia, Fundación Jaime Guzmán

 

 

FOTO: SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO