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Publicado el 30 de mayo, 2015

La tentación de la gratuidad

El Estado fijará los aranceles de las instituciones estableciendo un techo al desarrollo institucional y determinando la manera en que los proyectos educativos deberán llevarse a cabo.
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La Presidenta de la República anunció el pasado 21 de mayo que a partir de 2016 los jóvenes provenientes del 60% más vulnerable podrán estudiar gratis, sin becas ni créditos, siempre que lo hagan en universidades del Consejo de Rectores o en Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica acreditados y que no tengan fines de lucro. Lo que aparenta ser una buena noticia, es en realidad el anticipo de una política plagada de errores cuyos efectos son más negativos que beneficiosos y que, por ende, debe necesariamente corregirse.

Lo primero que salta a la vista es la arbitraria discriminación que implica privar del beneficio anunciado a los jóvenes de igual condición socioeconómica, pero que optaron por estudiar en una universidad que no pertenece al CRUCH o en un instituto o centro de formación técnica organizado como una sociedad comercial. En el caso de las universidades, el requisito que se impone resulta una barrera insuperable considerando que el Consejo de Rectores es una organización de derecho público cuyos miembros están determinados por ley; esto significa que por más que una universidad quiera ingresar, no puede hacerlo sin una ley que así lo disponga. Por lo demás, en ese Consejo conviven universidades de gran calidad y prestigio con otras que se alejan bastante de ese ideal. Fuera del CRUCH ocurre lo mismo, existiendo universidades que han alcanzado un alto nivel de desarrollo y calidad, así como otras que no cuentan con acreditación y tienen estructuras más bien débiles. Lo razonable entonces es fijar requisitos objetivos que estén al alcance de todas las instituciones y no por ello menos exigentes, como, por ejemplo, contar con acreditación.

Otro aspecto a destacar del anuncio es el reconocimiento de parte del gobierno de las restricciones presupuestarias para impulsar la política de gratuidad universal prometida. Lo positivo de esto es que obliga a una adecuada focalización del gasto, lo que explica el foco en los estudiantes más vulnerables. Lo negativo dice relación precisamente con la opción del ejecutivo, ya descrita, de diseñar políticas esencialmente discriminatorias y cuya implementación sugiere el fin de una política de becas que tiene en el centro a los alumnos y no a las instituciones.

Aquella parte del anuncio presidencial que destaca que la gratuidad será sin becas ni créditos debe también analizarse con mayor profundidad. Se trata justamente de cambiar por completo la forma en que el Estado contribuye al financiamiento de la educación superior, abandonando paulatina, pero inexorablemente, el apoyo a los estudiantes y transformándolo en un financiamiento institucional, con graves efectos en la autonomía de las instituciones y la diversidad y calidad del sistema. Lo anterior porque para implementar ese mecanismo de financiamiento, el Estado fijará los aranceles de las instituciones estableciendo un techo al desarrollo institucional, determinando la manera en que los proyectos educativos deberán llevarse a cabo y limitando los cupos de ingreso, lo que paradojalmente afecta a los estudiantes más vulnerables.

El anuncio de gratuidad hecho por la Presidenta debe entonces analizarse con cuidado. El foco no debe estar solo en evitar la discriminación que afecta a los alumnos excluidos del anuncio, sino también en que el diseño de política pública sea coherente con las características esenciales de nuestro sistema educacional y que coinciden con los pilares de una sociedad libre.

 

Raúl Figueroa, Director Ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTO:RODRIGO SÀENZ/AGENCIAUNO

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