Este Gobierno prometió educación gratis para todos los universitarios y terminará dándosela apenas a 200 mil estudiantes. También prometió que la llegada de 35 nuevos diputados y 12 nuevos senadores sería “a costo cero”, y ya sabemos que no será así. Ahora nos promete que, con su reforma previsional sin aumentarnos la edad de jubilación y “sin dolor”, nuestras pensiones subirán un 20%. ¿Alguien de verdad le cree?
Publicado el 17.04.2017
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El ministro de Hacienda dijo hace exactamente dos semanas que no había acuerdo entre los dirigentes de la Nueva Mayoría para reformar el sistema de pensiones, por lo que no valía la pena enviar un proyecto de ley al Congreso. Diez días después, la Presidenta Bachelet le quitó nuevamente el piso a Rodrigo Valdés y decidió zanjar ella misma el impasse, proponiendo una reforma que supone desmontar un modelo que efectivamente requiere mejoras, pero que posee fortalezas que han sido reconocidas e imitadas por otros países. También ha sido defendido por expertos internacionales como Pedro Videla, profesor de Economía del IESE, quien ha dicho que no se le puede pedir al sistema de AFP que entregue pensiones altas si los sueldos son bajos. Es algo obvio, pero que raramente se esgrime como argumento.

Los sueldos se han estancado en Chile porque la productividad laboral ha sufrido retrocesos significativos en los últimos años, según la medición de Clapes de la UC. Si a eso sumamos que debido a la alta precariedad del empleo y al robustecimiento de los trabajos por cuenta propia (sin contratos ni seguridad social, lo que se produce en más lagunas previsionales) las remuneraciones siguen cayendo (los sueldos reales bajaron 0,5% en la última medición de febrero, según el INE), pues qué duda cabe que eso termina afectando negativamente a las pensiones.

Tampoco van a subir las pensiones si los chilenos no trabajamos más. Decir esto es impopular y resulta más fácil seguir los pasos demagógicos de Camila Vallejo, pero es evidente que si las mujeres viven en promedio hasta los 83 años —pues nuestro país tiene la mayor esperanza de vida de la región gracias a este modelo económico tan vilipendiado—, no hay sistema privado ni público que pueda entregarles pensiones altas durante 23 años (recordemos que hoy pueden jubilarse a los 60 años de vida). ¿Pues qué propone Bachelet para sortear este problema que sí afrontó Alemania cuando subió la edad de jubilación de los 65 a los 67 años? Absolutamente nada.

Tampoco van a mejorar las pensiones si no se ahorra más para cumplir con ese objetivo. El problema es que el Gobierno ha decidido que, en vez de depositar ese dinero directamente en nuestra cuenta, este será administrado por un ente estatal “técnico, independiente y profesional”, el cual, supuestamente, manejará y realizará inversiones con nuestra plata de manera más eficiente que los economistas y especialistas financieros del sector privado.

Y es aquí donde surgen las dudas más apremiantes. ¿De verdad será un organismo estatal independiente y profesional? ¿O funcionará cómo el Sename y la Conaf? ¿O será cuoteado políticamente como TVN, cuyo presidente fue designado a dedo por ser amigo de la Presidenta y participa regularmente en las reuniones de su Partido Socialista? ¿O será una organización  como Gendarmería, la misma que encumbró a la mujer de Osvaldo Andrade hasta jubilarla con cinco millones de pesos mensuales? ¿O se impondrá el modelo del Consejo de Defensa del Estado, el mismo sitio a donde fue a parar la ex ministra Javiera Blanco, en perjuicio de cientos de abogados que sí litigan y que por currículum o capacidades sí merecían ese puesto?

En suma, los mismos que han capturado el Estado ahora nos prometen que formarán un organismo técnico, independiente y profesional para gestionar nuestra plata.

Por desgracia, todo hace pensar que este nuevo organismo “técnico y profesional” terminará llenándose de militantes, operadores y asesores políticos, y que contratará a destajo a lobistas y expertos comunicacionales afines al Gobierno, quienes recibirán millones de pesos por informes “copiados y pegados” por ex parlamentarios y otros amiguetes.

Por último, ¿acaso usted de verdad cree que ese 5% lo pagarán los empleadores? ¿O no ve que los empresarios le empezarán a descontar ese 5% en el largo plazo cuando dejen de subirle el sueldo cada vez que, en justicia, a usted le corresponda un incremento? ¿Piensa usted que a los nuevos contratados no les van a descontar ese 5% del sueldo líquido? Tampoco hay que descartar un impacto en la creación de empleo, pues si los costos laborales suben, los empleadores contratan menos y los sueldos caen.

Este Gobierno prometió educación gratis para todos los universitarios y terminará dándosela apenas a 200 mil estudiantes. También prometió que la llegada de 35 nuevos diputados y 12 nuevos senadores sería “a costo cero”, y ya sabemos que no será así. Ahora nos promete que, con su reforma previsional sin aumentarnos la edad de jubilación y “sin dolor”, nuestras pensiones subirán un 20%. ¿Alguien de verdad le cree?

 

Ricardo Leiva, doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra