Los ciudadanos serán perjudicados no por culpa de las empresas ni de los trabajadores en huelga, sino por los parlamentarios que voten a favor de la eliminación del reemplazo en la huelga sin reparar en sus consecuencias.
Publicado el 16.05.2015
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Hoy las empresas Brinks y Prosegur, quienes abastecen  de dinero los cajeros automáticos y trasladan las remesas de dinero a lo largo de Chile, están en huelga. Por cierto, el sindicato y sus afiliados están en su pleno derecho al adherir a la huelga, pero interesa aquí analizar los efectos.

Los ciudadanos ya están sufriendo la falta de dinero en los cajeros y se anuncia por la televisión que los pensionados no han podido recibir oportunamente sus merecidas pensiones. Eso es grave. Pero a pesar de todo ello, hay cajeros automáticos que funcionan. ¿Por qué? Hasta el momento existe la posibilidad de reemplazo en la huelga, una posibilidad que prontamente podría acabarse con la reforma laboral propuesta por el gobierno. En ese caso, ni usted, ni yo, tendríamos acceso a ese efectivo. Y es en este punto en donde todos nos veremos afectados.

Los comercios están preocupados porque acumulan en sus locales el dinero recaudado por sus ventas. Si las empresas de valores no retiran esos fondos, es esperable un incremento de los robos.

Hay que tener presente que, en este caso, es particularmente difícil reemplazar trabajadores en huelga por su especialización y requisitos de seguridad. Pero hoy es responsabilidad de las empresas en huelga mantener los cajeros y demás servicios en funcionamiento. Si sus trabajadores están en huelga, deberán buscar la manera de sustituir a los huelguistas. Aprobada la reforma laboral eso ya no será posible.

El caso es interesante a la luz de la reforma en discusión, porque muestra cómo una huelga convertida en paralización termina dañando a los usuarios, a pesar de que ellos no están involucrados en la negociación colectiva. Ese daño sobre los ciudadanos es muy parecido al que ocasionarán las huelgas una vez aplicada la reforma laboral. Los ciudadanos, entonces, serán perjudicados no por culpa de las empresas ni de los trabajadores en huelga, sino por los parlamentarios que voten a favor de la eliminación del reemplazo en la huelga sin reparar en sus consecuencias.

La reforma elimina totalmente la posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga, y convierte así la huelga en una paralización de la empresa. Las empresas, actualmente, pueden sustituir a los trabajadores en huelga por otros empleados de la propia empresa o por trabajadores externos contratados al efecto, pagando del orden de $100.000 al sindicato por cada trabajador externo y siempre que el empleador cumpla con una serie de requisitos. De esta forma, el costo de la huelga lo asume el empleador, pero no los usuarios o consumidores.

Lo he dicho en otras ocasiones y el ejemplo también se ha repetido: pensemos en el Metro de Santiago. Si sus conductores van a huelga, hoy el Metro los puede reemplazar mientras dure la huelga y seguir funcionando. Si no puede hacerlo, tendría que dejar de operar y paralizar la ciudad de Santiago. Casi dos millones de personas se verían injustamente afectadas. Hay más ejemplos, que por cierto están en www.reformalareforma.cl

El gobierno busca establecer “servicios mínimos o turnos éticos”. O sea, equipos de trabajadores en huelga que se comprometan a efectuar ciertos trabajos imprescindibles para que no se dañen las máquinas de la empresa, pero NO para que continúe operando.

La huelga es una herramienta necesaria dentro de la negociación colectiva. Se requiere una huelga que fortalezca el sindicato en la negociación, pero no una paralización que perjudica a ciudadanos y pymes. Estoy seguro de que se pueden encontrar otras vías. Si la empresa quiere reemplazo: que pague y lo haga caro. Pero debe existir esa opción.

 

Bernardo Fontaine, Economista.

 

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO