Columnas de opinión es presentado por:
Publicado el 27 de diciembre, 2014

La reforma del Código de Aguas

El Gobierno está cumpliendo su objetivo de modificar profundamente el régimen de las aguas en Chile, aprovechándose de la inactividad y desunión de los principales afectados.
Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

En un año en el que Chile y su legislación han estado plagados de reformas de todo tipo, la reforma del Código de Aguas ha pasado desapercibida, no obstante el alto impacto que tendrá especialmente en la agricultura chilena, la que utiliza para riego el 70% del agua dulce disponible a nivel de cuenca. La reforma planteada por el Ejecutivo es, a no dudarlo, la reforma más radical de todas las planteadas por la Presidenta Michelle Bachelet, quien en este caso señala expresamente que más que una simple reforma, corresponde a un cambio de concepción del Derecho de Aguas en Chile.

Efectivamente la propuesta del Ejecutivo implica un cambio radical y fundamental no sólo a la ley, sino que también a los principios que hasta la fecha servían de fundamento de la legislación de aguas, y que  afectarán fundamentalmente a la agricultura, pero también –aunque en menor intensidad– a la industria y la minería.

De dueño a titular

La propuesta del Ejecutivo es de gran amplitud e intensidad. Implica, entre otros efectos, que quien hoy es dueño del derecho de aprovechamiento de aguas ya no lo seguirá siendo, y  sólo será “titular”. Esto significa, entre otras consecuencias, que quien hoy puede ejercer todos los atributos inherentes al derecho de dominio –esto es uso, goce y disposición– ya no lo podrá ejercer; implica que quien hoy puede utilizar libremente las aguas a las que tiene derecho en una o más actividades ya no lo podrá hacer; significa que si la administración -por las razones que sean- determina limitar el uso del agua y tal limitación provoca daños o perjuicios a un usuario, el Estado queda eximido por el solo ministerio de la ley de la obligación de indemnizar.

La modificación del Código de Aguas -a diferencia de otras reformas promovidas con grandes anuncios que han permitido el conocimiento de ellas por parte de la comunidad  y los debates consiguientes– ha sido planteada en forma silenciosa, casi en secreto, a través de la fórmula de introducir lo que aparentemente serían pequeñas modificaciones en diversos proyectos de ley en tramitación, pero que sumados unos con otros implican un cambio de  magnitud colosal, no sólo de orden legal, sino también de orden constitucional.

La sumatoria de las propuestas efectuadas por la administración es de tal intensidad y magnitud que probablemente si la reforma al Código de Aguas hubiera sido planteada como una gran modificación –como las otras reformas– habría provocado la inquietud, manifestaciones y modificaciones a las que ha obligado la movilización ciudadana en el caso de las reformas  tributaria y educacional. En este caso, la administración está cumpliendo su primer objetivo, que no es otro que modificar profundamente el régimen de las aguas en Chile, casi sin reclamos ni oposición, aprovechándose de la inactividad y desunión de los principales afectados (los agricultores) y del silencio de quienes probablemente serán los principales beneficiados: las grandes empresas sanitarias, las grandes empresas eléctricas y las grandes empresas mineras.

 

Diego Castro, Abogado experto en Código de Aguas.

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: