Ocho pesquerías se encuentran sobre-explotadas, ocho agotadas o colapsadas, ocho en plena explotación, una sub-explotada y una en un estado indeterminado. No hay grandes novedades ni cambios especialmente importantes respecto de años anteriores. La Ley de Pesca no es buena ni moderna, y falló en el cumplimiento de las promesas que el propio ministro de Economía de la época realizó en su momento.
Publicado el 16.05.2018
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A mediados del año 2012, en medio del debate legislativo sobre la Ley de Pesca, el ministro de Economía de la época, Pablo Longueira, argumentaba que una de las principales fortalezas de la iniciativa radicaba en la sustentabilidad, la fiscalización y el control de las pesquerías. Aseguraba el ministro que la ley entregaría “un fuerte apoyo para fomentar y potenciar la pesca artesanal en el país” y que no se trataba de una legislación “que beneficie a unos por sobre otros”. Según Longueira, se les “acababa la fiesta” a quienes pescaban sin regulación.

La realidad fue distinta. La Ley de Pesca no terminó con ninguna fiesta -a lo más cambió a los invitados por otros más exclusivos-, y los pescadores artesanales hasta el día de hoy esperan el respaldo para el desarrollo de sus actividades.

La promesa de la sustentabilidad tampoco fue cumplida. El informe sobre el Estado de Situación de las Principales Pesquerías Chilenas en 2017, elaborado por la Subsecretaría de Pesca y publicado en marzo recién pasado, establece que ocho pesquerías se encuentran sobre-explotadas, ocho agotadas o colapsadas, ocho en plena explotación, una sub-explotada y una en un estado indeterminado. No hay grandes novedades ni cambios especialmente importantes respecto de informes de años anteriores.

En estos días ingresó al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Pesca en lo referido al cambio de régimen de las licencias industriales de pesca y al combate contra la pesca ilegal. Es la llamada “ley corta de pesca”, una suerte de anticipo a otro conjunto de modificaciones –de origen todavía incierto- que serían presentados a fines de este año.

La estrategia del Ejecutivo apunta a defender la de Pesca “como una buena ley que sólo requiere perfeccionamientos”. Omite, por cierto, todo el cuestionamiento respecto del origen carente de legitimidad y transparencia. ¿Puede ser buena una ley en cuya tramitación hubo una serie de irregularidades hoy ampliamente conocidas?

Incluso la encuestadora CADEM, reconocidamente cercana al gobierno de Sebastián Piñera, presentó hace algunos meses un informe que da cuenta del desprestigio que pesa sobre la actual legislación: un 67% la califica como mala; el 83% la vincula al beneficio de las grandes empresas en detrimento de otros actores relevantes; un 74% cree que perjudica a las pequeñas y medianas empresas; un 85% piensa que perjudica a la pesca artesanal; el 87% cree que durante su tramitación legislativa hubo irregularidades de parte de parlamentarios para favorecer intereses empresariales; y un 78% sostiene que es necesario que se caduquen los derechos o cuotas pesqueras entregadas a las empresas industriales en la actual ley.

La estrategia del Ejecutivo para defender la Ley de Pesca omite todo el cuestionamiento respecto del origen carente de legitimidad y transparencia. ¿Puede ser buena una ley en cuya tramitación hubo una serie de irregularidades hoy ampliamente conocidas?”

Queda claro que en esta materia el pensamiento del gobierno apunta en una dirección opuesta al sentido común. La Ley de Pesca no es buena ni moderna, y falló en el cumplimiento de las promesas que el propio ministro de Economía de la época –cuya ley invoca tristemente su apellido- realizó en su momento.

¿Y la fiesta de los que pescaban sin regulaciones? Claramente no se acabó. De lo contrario, el gobierno no estaría preocupado de incrementar el combate a la pesca ilegal, aunque ya está próximo a ser despachado un proyecto enviado por la Presidenta Bachelet sobre el tema.

Y mientras el gobierno empeña sus esfuerzos en cambiar las licencias transables a 20 años renovables por subastas no renovables, pero también a 20 años plazo, a partir de 2032, las principales pesquerías del país –merluza, congrio, bacalao, sardina, anchoveta, reineta, raya volantín- se encuentras sobreexplotadas o agotadas.

La pesca artesanal observa con impotencia cómo los recursos se van acabando a manos de la pesca de arrastre, el descarte y las perforaciones. Al paso que vamos, las licencias por 20 años van a durar más que los propios peces.

 

Rabindranath Quinteros Lara, senador PS

 

 

FOTO: ALEJANDRO ZOÑEZ/AGENCIA UNO