Respuestas como la vista la semana pasada dan espacio para pensar que quienes acusan al gobierno de poner el foco en idealismo en vez de las prioridades, tienen bastante de razón.
Publicado el 15.08.2016
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Con una velocidad asombrosa se instaló en el debate la urgencia de dar respuesta a las deficientes pensiones con la que se están jubilando nuestros adultos mayores. De nada importó que días atrás se haya presentado el proyecto de ley que respondía a la promesa estrella de la campaña presidencial y del famoso programa: la gratuidad, ni menos que las propuesta de la Comisión Bravo –la cual estudió cómo realizar cambios que se tenían identificados hace más de 10 años en el sistema de previsión social– estuvieran esperando que alguien les diera un uso por casi un año. Las prioridades cambiaron, y lo hicieron abruptamente.

Y es que a un gobierno que ha dado claras muestras de no saber encauzar la diversidad interna de la coalición que le da sustento y que en medio de conflictos de interés e irregularidades ha demostrado no ser capaz de dar señales de gobernabilidad, se le apareció una manifestación que logró destapar una olla que viene ganando presión hace rato y que hace tiempo demostró una fuerte legitimad en la ciudadanía. Sin dudas, el elemento catalizador fue el destape de indefendibles y excesivas pensiones para una personera de la Nueva Mayoría en Gendarmería, pero esto responde a algo más estructural.

Que la calle tenga un espacio de manifestación, sobre todo para mostrar su indignación por un sistema de previsión social gestionado por una fuerte regulación estatal –sí, en esto hay responsabilidades más allá de las AFP–, es algo que parece muy atendible y que para este caso en particular tiene una justificación en el hecho de que simplemente no se está dando el ancho. Una realidad reconocida transversalmente pero que inexplicablemente generó una débil respuesta en los 35 años que lleva funcionando el sistema. Reformas en 2002 y 2008 fueron esfuerzos necesarios, pero nunca tuvieron la fuerza suficiente para concretar y asumir lo que era inevitable: cualquier sistema de previsión social, sea reparto o capitalización individual, que enfrente un cambio demográfico como el que existe hoy en día en el mundo requiere de ajustes paramétricos en la tasa de cotización y la edad de jubilación, al menos. De alguna parte tiene que salir la plata.

Pero quedar al acecho de lo que estos grupos de presión quieran dictaminar no parece ser algo que ayude a mejorar la salud de nuestra política e instituciones. Esta situación da cuenta de una desafección entre lo que nuestras autoridades consideran prioritario y las necesidades reales de la ciudadanía. ¿Hay que esperar a que los consultorios se vayan a paro y que hayan cacerolazos contra las colas en los hospitales para asumir que se requiere una reforma en salud? De hecho, respuestas como la vista la semana pasada dan espacio para pensar que quienes acusan al gobierno de poner el foco en idealismo en vez de las prioridades, tienen bastante de razón.

En parte, esta política de la calle –en la cual vemos un comportamiento análogo a lo que pasó en 2011 con las marchas estudiantiles que terminaron con una forma de presión que tuvo su culmen en la “marcha de las marchas”– tiene su explicación en que en nuestro país se ha perdido el hábito de hacer política. La política dejó de ser ese espacio de mediación, de discusión, donde distintas interpretaciones de las necesidades de los ciudadanos se contraponen, enfrentan y consensuan. Pareciera, en cambio, que la política se reduce a promover retroexcavadoras o a oponerse de ellas. Hablamos de reformar lo reformado, tanto en quienes quieren barrer con todo lo que el país ha logrado construir en los últimos años, como quienes quieren barrer con todo lo que estos últimos han hecho para cambiar lo que no les parece de lo consensuado en el pasado. Y es esta lógica de oposición la que ha sentado la crisis institucional en la que hoy se encuentra nuestro país.

Es de esperar que esta invitación al acuerdo nacional, a proponer lineamientos pero a no cerrarlos hasta haber incluido a los distintos actores, que ha sido lo novedoso de la respuesta de este gobierno para el debate sobre las pensiones, sea una nueva forma de entender el hecho de ser gobierno y de dirigir este país. La situación actual exige que se aúnen los esfuerzos, se dejen de lado las actitudes revanchistas y que se delimiten cuáles serán las prioridades políticas, económicas y sociales que le quedan para este segundo tiempo del gobierno que ya va en ocaso. En caso contrario, nunca sabremos si efectivamente las reformas estructurales ya acabaron o están esperando un nuevo remezón que venga de la calle.

 

Cristóbal Ruiz-Tagle C., Director de Estudios IdeaPaís.

 

 

FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO.