En el justo equilibrio entre la justicia del pasado y los cambios del futuro se juega la suerte del país.
Publicado el 02.04.2015
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Quienes se interesan por la suerte del país están inquietos; quienes participan en vida pública, temerosos, y los ciudadanos, desmoralizados y desconcertados. Los empresarios, por su parte, preocupados por la acción del SII y la fiscalía.

La crisis chilena -a diferencia de la brasileña- felizmente no tiene como ingrediente una contracción de la economía. Si bien hay desaceleración y baja de la inversión, la desocupación no aumenta significativamente y el potencial de crecimiento sigue por encima del 4%; incluso las proyecciones para este año no son malas, si se tiene en cuenta el difícil cuadro internacional.

¿Cómo orientarse en este cuadro poco promisorio?

Lo primero es establecer una distinción tajante, que voces interesadas tienden a desconocer, entre las exigencias de la justicia respecto a las irregularidades y los delitos cometidos, por una parte, y la necesaria construcción de un consenso sobre las reformas que es preciso impulsar para sanear la democracia.

Todos debemos contribuir a la labor de fiscales y jueces. Como han dicho autoridades de gobierno, “no es posible esconder la mugre bajo la alfombra”. No estamos frente a “un proceso a la ciudad” como lo calificó Jovino Novoa. La ley debe ser pareja para todos. No puede haber zonas de opacidad ni santuarios de impunidad. Felizmente se han superado algunas faltas de sintonía entre el SII y la Fiscalía, que por momentos alarmaron a la opinión pública.

Esa acción de investigación y sanción se refiere al pasado. El problema es que, si bien “no hay futuro sin ayer” como dijera el ex Presidente Ricardo Lagos, tampoco resulta posible mirar el mañana a través del retrovisor. Y el principal desafío del país hoy es renovar sus instituciones, remozar los valores y principios democráticos y revitalizar las buenas prácticas. Lo que el país exige es un amplio compromiso por las necesarias reformas que apunten a robustecer nuestro compromiso como sociedad con la transparencia y la probidad.

En el justo equilibrio entre la justicia del pasado y los cambios del futuro se juega la suerte del país.

Hablamos de una acción encaminada a sancionar la corrupción ya ocurrida y otra destinada a prevenir que esos ilícitos se repitan. Esta es una tarea nacional. Nadie debe ser excluido y nadie debe marginarse. La corrupción no tiene color político, en ella sucumben por igual personas y organizaciones de muy distinta orientación política y doctrinaria, siguiendo motivaciones diversas que las llevan a justificar su mal comportamiento. En este campo ningún sector tiene superioridad moral.

Cuando hace pocos días presentamos como Chile Transparente nuestra propuesta de reformas a la Comisión Presidencial presidida por Eduardo Engel, las agrupamos en tres grandes sectores: el público, el privado y la ciudadanía. En el primero de ellos insistimos en varias iniciativas legales en curso sobre la relación entre dinero y política, conflicto de intereses, acceso a la información pública y la modernización y fortalecimiento de la Fiscalía, la Contraloría, las Superintendencias, el SERVEL y la Justicia Electoral. Pusimos el foco en tres sectores clave: transparentar mejor el gasto fiscal, reforma de los municipios, en especial todo lo relativo a planos reguladores y permisos de construcción, los gobiernos regionales, y sistema de compra de grandes sistemas de armas en el área de Defensa.

En el sector privado, pensamos que se debe ampliar el número de delitos que afectan la responsabilidad penal de las empresas, en vez de reintroducir penas privativas de libertad para sus ejecutivos, aumentando las multas en forma proporcional al daño causado; se deben mejorar los estándares de transparencia de los gobiernos corporativos poniendo mayor información relevante y pertinente a disposición del público y de los stakeholders. También es preciso respaldar la modernización de la Bolsa y de la SVS.

En lo referente a los ciudadanos, hay que partir por incrementar la educación en materia tributaria para bajar los niveles de elusión, en especial cuando este año comienza a aplicarse la reforma. Deben fortalecerse los mecanismos de denuncia como el existente en la CGR y crear el Defensor de las Personas, cuyo proyecto de reforma constitucional fue aprobado hace años por la Cámara de Diputados. Las ONGs, por su parte, deben también asumir mejor su deber de transparencia.

Pensamos que un conjunto de ideas como las propuestas pueden despertar un amplio consenso y generar una plataforma política suficiente para sustentar el accionar de los poderes públicos en el próximo período.

Este año se recuerdan los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Ávila, esa mujer aguerrida, inteligente y tenaz que dejó su impronta luchando por las reformas y enfrentando a la Inquisición. ¿Cómo no recordar, entonces, sus versos: “Nada te turbe/nada te espante… todo se pasa”?

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

 

FOTO: FELIPE FREDES F/AGENCIAUNO