La igualdad ante la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia son activos de la humanidad que hoy tenemos la obligación de cautelar.
Publicado el 07.04.2015
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El año comenzó discreto y reservado, sin otro sobresalto –aparente– que incertidumbres de orden legislativo y otras de corte económico, quizá provocadas éstas por las primeras.

Nos esperaba sí una inyección de adrenalina tan potente como el día da luz a la noche o el ruido destruye el silencio.

Los llamados casos Penta, Caval, SQM y los que puedan estar por venir, si los hay, han raído principios que desde mucho no se sancionaban.

La igualdad ante la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia son activos de la humanidad que hoy tenemos la obligación de cautelar.

El problema radica en el asentamiento de una presunción de culpabilidad y falta de credibilidad en los actores de estos hechos, quienes han perdido la inocencia a ojos de la ciudadanía.

Los alcances de estos hechos aparecen irrelevantes por la conmoción que generan, sin embargo, la verdadera alarma debe estar puesta en la pérdida de la inocencia como valor ideológico, derecho humano y principio formador.

¿Hemos perdido la inocencia? Aparentemente los hechos que se han ventilado en estos últimos meses hacen ver con escepticismo actuaciones que hace poco mirábamos como habituales. Lo cierto es que la inocencia tiene que ver con la confianza y esta se gana y se pierde con ritmos distintos.

Nuestra Constitución y los últimos dos lustros de democracia permitieron dar a todos quienes participaban de ella activamente una “protección” llamada presunción de inocencia. Hoy, si bien jurídicamente ello no ha cambiado, resulta difícil dar a esa presunción el mismo valor que hace unos meses.

Agrava lo anterior que los involucrados en estos hechos que quebraron la confianza eran supuestos modelos, ya sea por su posición política, económica y social, contrario a lo que “debe ser”.

Hemos perdido la inocencia. Sentenciar en protección de principios es por lo que debe el Estado velar para que esta denominada “crisis institucional” pueda dar cabida a un crecimiento o maduración de Estado y gobierno. Es, en fin de cuentas, lo que un ejemplo judicial, ejecutivo y legislativo haría.

 

Michael Niedmann, Abogado.

 

 

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO