Adosada a la Reforma Constitucional, la paridad se nos volvió a aparecer. Sin embargo, será mejor archivar ese proyecto debajo de otras carpetas con políticas públicas más urgentes y necesarias para recomponer el verdadero legado de estos últimos cuatro años.
Publicado el 02.03.2018
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Nueve días para el cambio de gobierno y la agenda legislativa de la actual administración permanecerá activa hasta que las velas no ardan. Lo que al Ejecutivo saliente le sobra en fiebre jurídica le falta en prudencia legal. Queda poco tiempo para salir por la puerta ancha y, quizás por eso mismo, la Presidenta quiso enviar una indicación sobre paridad salarial dentro de su reforma a nuestra Constitución.  Broche de oro total, que simboliza muy bien las prioridades en cuanto a su “legado”.

Sin embargo, la idea de igualdad salarial presenta tres problemas: 1) existen otras cuestiones sociales mucho más urgentes de legislar, tales como políticas públicas en torno a la primera infancia; 2) la inequidad (de cualquier tipo) no se solventa a través de una ley, menos constitucional y 3) por último,  nuestra Carta Magna se adelantó a la Presidenta Bachelet, ya que en su Art. 19, No.16 ya consagra la protección de todos los chilenos contra la discriminación laboral.

Esto es de anuncio fácil (suena tan bien), pero de muy difícil ejecución. Ni siquiera en Islandia, el país con el índice más bajo de brecha salarial entre hombres y mujeres, se ha podido legislar para que reine una paridad absoluta. Y aunque Islandia fuese nuestra meta, estamos a años luz de un país con menos de 350 mil habitantes, con un ingreso per cápita de 52 mil dólares anuales (nosotros bordeamos los 23 mil) y cuyo sistema de educación es sumamente competitivo gracias a su calidad. Todo esto se traduce en una alta inserción laboral en donde hombres y mujeres, casi como en ningún otro lugar del planeta, están preparados para competir de igual a igual.

Es loable que la Presidenta saque a la palestra el tema de la paridad, pero a nosotros no nos sobran el tiempo ni los recursos, como a Islandia. Tenemos otros asuntos que resolver primero, por lo que el foco de la Mandataria debiese haber sido otro, comenzando por los niños del Sename, por ejemplo.

Por otra parte, para contrastar las leyes de hoy con las de ayer, recurrí a la opinión de un prestigioso abogado que algunos consideran una especie de Andrés Bello del siglo XX, por su elocuencia, erudición y trayectoria. Conocedor de las leyes como pocos, le pregunté sobre el proyecto en cuestión. Me explicó que Chile debe ser una de las naciones más sobre reguladas del mundo, lo que dice mucho sobre nuestra idiosincrasia, cultura y desarrollo democrático. Y que “para todo acto humano en Chile”, a alguien se le ocurre hacer una ley sin establecer claramente sus objetivos, por lo que muchas veces se termina abultando los códigos con preceptos innecesarios que luego se deben corregir.

¿Es necesaria la indicación sobre paridad?, le pregunté. “Siempre y cuando ésta me pueda asegurar (por medio de otra ley) que ambos sexos siempre producirán la misma calidad de trabajo. La respuesta no está en la paridad salarial, sino en la igualdad de oportunidades acorde a los méritos”, sentenció mi amigo octogenario.

A esto se suma que reformar la Constitución fue una idea que permeó a este gobierno desde el día 1. El estilo de hacerlo sería en concordancia con esa retroexcavadora que amenazó con producirle más de un desgarro a nuestra institucionalidad; borrar no sólo con el codo, sino ojalá con toda la mano para reescribir la historia. Lo que me hizo recordar cómo François Mitterrand no “reformó” la Constitución francesa que dejó De Gaulle de un sopetón ni recién arribado al gobierno, sino que fue un proceso muy delicado y paulatino. Sereno, diría yo. Sin exaltaciones adolescentes del tipo “todo o nada”, que resultan inconducentes y difíciles de recomponer por quienes lleguen después a gobernar.

Por último, ¿nuestra Carta Magna dice algo respecto de la paridad? Claro que sí, y es bastante más dialogante que quienes buscan reescribirla. En su Artículo 19, No. 16, consagra la libertad y protección de trabajar prohibiendo cualquier tipo de discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. O sea, no se puede discriminar basándose en el género, por ejemplo (salario incluido); y ninguna clase de trabajo puede estar vedada (a hombres o mujeres), salvo que se oponga a la moral, seguridad o salubridad pública (…).

Este artículo hace posible, entonces, para la mujer (o el hombre) recurrir a un tribunal si siente que ha sido discriminada de cualquier forma. Por lo tanto, mejor seguir el planteamiento de mi amigo jurista, en cuanto a eximir a los futuros abogados de memorizar una indicación que hoy resulta innecesaria.

Entre gallos y media noche “la paridad”, adosada a la Reforma Constitucional, se nos volvió a aparecer. Sin embargo, será mejor archivar ese proyecto debajo de otras carpetas con políticas públicas más urgentes y necesarias para recomponer lo que fue el verdadero legado de estos últimos cuatro años.

 

Paula Schmidt, periodista y licenciada en Historia

@LaPolaSchmidt

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO