El caso Penta ha permitido al Gobierno aprovechar la oportunidad para aumentar las cuotas de poder del Estado en la sociedad chilena.
Publicado el 22.01.2015
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El caso Penta sigue el ritmo de la investigación judicial y continúan saliendo antecedentes acerca de financiamiento a campañas políticas, dañando principalmente la reputación de la UDI en lo que se ha llamado su arista política. No es primera vez que este partido ha sufrido duros golpes. Recordemos que el asesinato de su líder, el senador Jaime Guzmán, remeció a los gremialistas a poco andar del reestreno de la democracia. Pero ese crimen, que permanece en completa impunidad, no logró abatir a los aguerridos y entonces jóvenes dirigentes de ese partido.

Luego vino el caso Spiniak, donde acusaciones completamente falsas, avaladas por políticos y medios de comunicación, tuvieron nuevamente a la UDI a mal traer, aunque el peso de la verdad finalmente se impuso y el partido volvió a retomar su importante rol en la política chilena.

No sabemos cuál será la magnitud y la permanencia del daño que este caso causará a la UDI, aunque podemos adivinar que no será menor por la evidencia que ya se conoce. Las muertes políticas no son comunes, pero es innegable que este caso debilitará al gremialismo.

Esto lo tiene perfectamente claro el gobierno de Michelle Bachelet y ya está operando para sacar el máximo provecho a esta situación. De paso, puede servirle para retirar del camino al incómodo Andrés Velasco.

En una semana, la Nueva Mayoría ya logró derribar el sistema binominal, para reemplazarlo por una ley que muchos consideran mala, pero que paradojalmente la mayoría votó a favor. Nuestro nuevo sistema electoral fue bautizado como “proporcional inclusivo”, vocablo este último jamás usado hasta ahora en la Ciencia Política.

Así puede ser la Nueva Mayoría, irreflexiva e incondicional.

Avanza aceleradamente en su reforma educacional y ha logrado acallar el débil quejido de la Democracia Cristiana, cuya dirigencia no es capaz de tolerar la pérdida del favor de la Presidenta Bachelet y parece prepararse para una etapa de mayor complacencia aún con ella, bajo la dirección del senador Jorge Pizarro. En la tramitación de la ley contra el lucro, la selección y el financiamiento compartido, destacados senadores como Andrés Zaldívar e Ignacio Walker dieron su voto para declarar que artículos que indudablemente requieren de quórum especial por ser materia de ley orgánica, sólo requerían simple mayoría. El asomo de independencia que pareció insinuar la Democracia Cristiana con su oposición inicial a aspectos fundamentales de la reforma, posición liderada por su presidente y Gutenberg Martínez, parece haberse esfumado o ha sido vencida por las mayorías o las transacciones al interior del partido.

Viene ahora la reforma laboral, que es un listado de todas y cada una de las reivindicaciones históricas de las cúpulas sindicales. Una recopilación de las disposiciones más favorables al poder sindical de distintas legislaciones, eligiendo siempre la más radical. Una suerte de fiesta de Babette para la CUT y el Partido Comunista, que ven así cumplido su sueño de controlar por ley la voluntad de los trabajadores, subordinándola a sus intereses, todo ello de la mano suave de la ministra Javiera Blanco.

El próximo año continúa la reforma educacional, con la gratuidad en educación superior y la desmunicipalización entre sus platos fuertes. Reformas a la salud y a la previsión, cuyo alcance y profundidad no podemos conocer hoy.

Y por último el cambio a la Constitución.

Una demolición completa y sistemática del orden institucional, económico y social que nos ha regido en los últimos 25 años y que nos permite exhibir como logros ser el país que más ha reducido la pobreza en el mundo y uno de los que ha experimentado más crecimiento económico en ese período.

Esa es la otra arista política del caso Penta. Porque si bien hemos dicho que no creemos que la UDI sea destruida en esta pasada, el daño de corto plazo es muy grande y la ferocidad con que actúa el Gobierno para aprovechar la oportunidad sólo es comparable con su falta de delicadeza para utilizar el poder del Estado en el logro de su objetivo más preciado: aumentar sus cuotas de poder en la sociedad chilena.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: RODRIGO SÁENZ/AGENCIAUNO

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