El reconocimiento de parte de sus propias autoridades acerca de la falta de cultura de control interno que derivó en el escándalo de fraude fue un comienzo en esta lucha por limpiar el nombre de Carabineros, pero de nada servirá lo anterior, ni la condena de quienes resulten responsables, si no se ejecutan cambios significativos en el diseño institucional.
Publicado el 09.10.2017
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Como miembros de una ciudadanía conformada por entes complejos y disímiles en cuanto a pensamientos y valores, nos resultan habituales las discrepancias colectivas referentes a diversos temas. Sin embargo, cuando existe un consenso de la mayoría -eso que llamamos opinión pública- se desencadena un resultado que inevitablemente perjudicará o beneficiará ya sea a un tema, contexto, persona o en este caso, a una institución.

El reciente Índice Nacional de Victimización elaborado por Paz Ciudadana y Adimark reveló que Carabineros de Chile continúa con un descenso sostenido en la evaluación que hace la ciudadanía sobre su gestión. El documento dado a conocer a principios de octubre califica a Carabineros con la peor nota de los últimos 10 años. La institución pasó de tener un 4,8 en 2016 a un 4,4 este 2017. El 48,2% de quienes fueron encuestados considera que el desempeño de la institución fue bajo durante este año. Respecto de la pregunta “¿Cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?”, un 18% de las personas encuestadas dijo tener confianza en Carabineros, un 26% bastante confianza y 28% algo de confianza, mientras que un 11% expresó tener “nada de confianza”.

Si bien Carabineros de Chile continúa siendo la institución mejor evaluada, el descenso que ha experimentado en las encuestas realizadas por distintas entidades muestra una reprobación creciente de la opinión pública. Pese a que las encuestas se refieren principalmente a la efectividad en el cumplimiento del orden público, el rechazo a su gestión también se relaciona con el descubrimiento del millonario fraude al interior de Carabineros, cuyo desenlace no se vislumbra en un futuro próximo. Hasta la fecha involucraría una cifra cercana a los $ 22.500 millones y han sido formalizadas 80 personas como potenciales autores de los delitos.

La malversación de fondos públicos más grande que ha conocido el sistema procesal penal acusatorio desde su puesta en marcha en Chile el año 2000 muestra la peor cara de la institución, esa que si retrocediéramos diez o quince años al pasado negaríamos rotundamente basándonos en el orgullo de una institución profesional, incorruptible y la más respetada de Latinoamérica.

El reconocimiento de parte de sus propias autoridades acerca de la falta de cultura de control interno que derivó en los hechos antes señalados, fue un comienzo en esta lucha por limpiar el nombre de Carabineros, pero de nada servirá lo anterior, ni la condena de quienes resulten responsables, si no se ejecutan cambios significativos en el diseño institucional. Carabineros debe estar sujeto a requerimientos de eficiencia y control permanentes, precisamente debido a su carácter de servicio público, ya que lo que produce de manera especializada es un bien social –la seguridad ciudadana– que los posiciona de manera automática en una perspectiva representativa del Estado; es sobre la institución que recae la esencia del pacto constitucional y de las relaciones Estado-ciudadanía.

Se ha hablado de la eventual externalización de servicios y la “reorganización institucional”, anunciada con más de 27 medidas. Entre ellas se incluyen cambios administrativos, operativos, de formación doctrinaria y profesional; sin embargo, aún se percibe una carencia en cuanto a la  voluntad y al consenso político que logre finalmente situar el proceso en su verdadera perspectiva: prioridad de Estado.

Si bien el tema está relativamente presente en la agenda país y la opinión pública manifiesta su descontento con cada encuesta, es responsabilidad de la institución en entredicho, pero también de quien la respalda -el Estado- el tomar medidas urgentes y concretas que pongan punto final no sólo a este escándalo en particular, sino que también a las prerrogativas de la institución, esas que supieron aprovechar ciertas personas y que hoy por hoy tienen a la ciudadanía abjurando de la que otrora fue la policía más confiable de la región.

 

Natalia Farías G., investigadora Centro de Estudios Bicentenario

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO