Si el humano es, por naturaleza, corruptible, muy difícilmente podremos tener algún sistema político sin corrupción. Pero jamás pasemos por alto que la democracia liberal es un sistema basado en instituciones. Estas permiten mantener la corrupción a raya y hacerla visible para castigarla.
Publicado el 24.04.2015
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La corrupción es un fenómeno que se veía muy lejano hace unos años. Era natural pensar que los “sistemas políticos corruptos” eran otros. Nada en Chile había que se pareciese al caso de Petrobras en Brasil o los casos de clientelismo en México. Por el contrario, el discurso preponderante era que este país fue un ejemplo de transición democrática, con instituciones fuertes y actores políticos legitimados. En suma, Chile se preciaba de un alto grado de gobernabilidad. Chile vivía sus días más brillantes. Todo esto era así hasta el caso Penta.

Efectivamente, el caso desató la autoflagelación de algunos. Empezamos a hablar de que la “transición no fue estética (…), se construyó en base a un perdonazo”, de que “la corrupción ha llegado”, de que hay un “desfile de los políticos a las empresas para que les pongan las lucas”, y un largo etcétera de declaraciones de agentes políticos y empresariales de distintos sectores que hacían presumir que lo que estamos viviendo es especialmente complejo.

Una cosa sea dicha: la corrupción está en todo sistema político y en todos los tiempos, aunque hay condiciones institucionales y sociales que hacen que este flagelo sea más fácil de ocurrir (la corrupción en el régimen soviético era de antología, por ejemplo). Entonces, ¿Chile es un país corrupto? No. ¿Tiene corrupción? Sí. Y hace tiempo.

Según estándares académicos, la corrupción podría verse desde un punto de vista meramente político. En este sentido hay formas de este fenómeno como el soborno (el pago de recompensas para cambiar el juicio de una persona sobre una decisión política o administrativa), obsérvese, por ejemplo, la investigación sobre los contratos municipales de recolección de basura en Maipú y Cerro Navia. El nepotismo también sería una forma de corrupción con casos desde el de Sebastián Dávalos en la Dirección Sociocultural de La Moneda hasta el caso de la esposa de Osvaldo Andrade en la subdirección técnica de Gendarmería o el de Jorge Pizarro Cristi en el Comité de Inversiones Extranjeras. También la corrupción puede alcanzar la forma de la clientela, esto es, la cooptación de servicios públicos con base en posicionar a miembros afines a la posición política del gobierno de turno. Véanse para este caso los problemas con el sistema de Alta Dirección Pública cada vez que hay cambio de gobierno.

Igualmente, desde un punto de vista económico o de política pública, también podrían verse como actos de corrupción fenómenos tales como el fraude (aquí el caso MOP-Gate es emblemático), el abuso, entendido como la obtención de beneficios mediante el aprovechamiento de “vacíos” legales o aspectos poco regulados de la reglamentación vigente (el caso de los falsos exonerados, por ejemplo); o el despilfarro, esto es, gastos ineficientes que no se dirigen a cumplir el objetivo para el que fueron diseñados (los sucesivos subsidios al sistema de transportes metropolitano).

La caracterización anteriormente señalada de algunos tipos de corrupción no la he hecho yo arbitrariamente, sino —repito— está basada en la literatura especializada sobre este problema.

Hasta aquí, el lector podría pensar que la corrupción efectivamente “ha llegado” y que nuestro país está mal y que hay que refundarlo. Nada más equivocado. Una de las gracias de la democracia liberal es que la institucionalidad está pensada para frenar los embates de la corrupción (y otros males, como el populismo). Hay dos factores que tenemos que tomar en cuenta si queremos combatirla.

El primero versa sobre las dimensiones del armatoste estatal. Hay mucha grasa en el Estado: instituciones y cargos cuyas funciones se duplican, empresas estatales que sirven para repartir cargos públicos, discrecionalidad de gastos a nivel municipal, extrema burocratización y obsolescencia de procesos administrativos. Todos ellos son espacios para la corrupción. En este sentido se necesita una descentralización y desconcentración efectivas de las instituciones y de los espacios de toma de decisión. Cuanto más pequeño es el gobierno y cuanto más cercano está a la ciudadanía, más fácil es fiscalizarlo. Por el contrario, un Estado más grande y más centralizado —por extensión, más lejano— es más burocrático y más oscuro.

El segundo trata de la ética pública y el rol de la sociedad civil. Este factor se resuelve con más transparencia y más rendición de cuentas. El poder de los gobernantes tiende a ser más y más extensivo conforme no tienen que explicar las razones de sus decisiones y dar cuenta de sus efectos inmediatos a la ciudadanía. Cuando esto ocurre, la sociedad civil por lo general se organiza, forma asociaciones que exigen transparencia y ordena la información para que la ciudadanía se informe. Esto permite que los votantes sean capaces de demandar a sus representantes estándares de ética pública cada vez mejores.

Para terminar, es conveniente hacer una pequeña advertencia. En estos días en que todo lo político parece tambalear, nunca debemos olvidar que la democracia liberal es un sistema político conformado por humanos. Si el humano es, por naturaleza, corruptible, muy difícilmente podremos tener algún sistema político sin corrupción. Pero jamás pasemos por alto que la democracia liberal es un sistema basado en instituciones. Estas permiten mantener la corrupción a raya y hacerla visible para castigarla. Los llamados a la alarma que hacen diversos personeros hoy son peligrosos. Generalmente acaban pervirtiendo estas instituciones y hacen más lóbrego un sistema que estos días parece estar viviendo su noche más oscura.

 

Jean Masoliver Aguirre, Cientista político, Investigador Fundación para el Progreso.

 

 

Foto: Marcelo Segura Millar / AGENCIAUNO