El ministerio de Educación, junto con tramitar los proyectos de la reforma educacional en el Parlamento, debe preocuparse de que la ley actual se cumpla, pues de lo contrario se corre el grave riesgo de que se vuelvan a dictar normas que no se lleven a la práctica.
Publicado el 25.09.2014
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Ha regresado la discusión sobre el lucro en la educación. Esta vez algunos proponen recurrir al Derecho Penal para sancionar a los infractores. Es sin duda una propuesta extrema, que revela una fuerte confianza en el poder de la ley para determinar las conductas.

Entre nosotros existe una actitud paradójica frente a la ley. Por una parte, Chile pasa por ser un país amante de la legalidad y respetuoso de sus normas. Desde Portales se ha instalado la idea del gobierno de las leyes y no de las personas. Esta convicción ha ido acompañada con la idea de que las leyes tienen un enorme poder para determinar el comportamiento y cambiar valores y creencias. Se razona como si la costumbre no existiera y no fuera determinante al momento de las decisiones humanas: Andrés Bello recelaba de la costumbre, a la cual sólo atribuía poder jurídico cuando la ley se remitía expresamente a ella.

Además se pasa por alto que muchas veces se dictan leyes que caen en desuso y sus normas se convierten en letra muerta. Incluso, a veces los propios legisladores van postergando su entrada en vigencia, temerosos tal vez de lo que ellos mismos han aprobado. Así sucedió, por ejemplo, con la norma que se publicó el 2009 y que daba un plazo para que los sostenedores de colegios particulares se transformaran en personas jurídicas de giro único. En dos oportunidades el Parlamento ha extendido el plazo, la última vez hasta fines del 2015, sin que exista una razón plausible para ello. Estas prórrogas han dificultado enormemente la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Educación para determinar que los recursos fiscales destinados a la subvención escolar pudieran ser derivados hacia otros fines.

El contralor Ramiro Mendoza ha vuelto a reiterar cómo en numerosos municipios se han usado los fondos de la subvención preferencial para otros fines. Y sus dichos, de por sí graves, no parecen haber conmovido a la sociedad ni al mundo municipal. Entre los diputados la polémica se centró en las razones del celo fiscalizador de la CGR hacia el sector público y no hacia el sector privado. Más allá de que los argumentos del ente contralor para justificar esta actitud son discutibles, el hecho incontrarrestable es que los fondos fiscales destinados a la educación se usan para otra cosa, y no se ha oído hablar de ninguna investigación penal sobre la materia, pese a que esas conductas caben perfectamente dentro de los delitos contemplados por el Código Penal.

Con frecuencia, la ley queda sin aplicación o derechamente se la vulnera en forma impune. Es lo que pasó por años con la prohibición del lucro en las universidades. Pocos la respetaban y muchos planteles buscaron medios ingeniosos para eludirla. Tanto que las universidades se compran y se venden como si fueran un bien comercial. La ley suele distorsionarse en su propósito esencial, como ocurrió con el sistema de acreditación universitaria, donde se estableció un entramado de intereses corporativos que permitió que ese cuerpo legal cayera en un desprestigio mayor.

Antes de sancionar penalmente el lucro ilegítimo, entendiendo que la reforma establece algunas formas de retribución de la administración escolar y el retiro de la inversión realizada, habría que exigir que las autoridades, y en especial la Superintendencia de Educación, cumplan con su rol fiscalizador. Ello debe partir por la rendición de cuentas públicas de cada establecimiento escolar, público o privado, transparentando los ingresos y los gastos, como lo establece para la educación obligatoria la LEGE. Pero esa norma, dictada hace cinco años, no se cumple. ¿Por qué la Superintendencia no tiene el mismo celo que el Consejo para la Transparencia para hacer cumplir la ley?

Volveré a insistir en un punto: el ministerio de Educación, junto con tramitar los proyectos de ley de la reforma educacional en el Parlamento, debe preocuparse desde ya que la ley actual se cumpla, pues de lo contrario se corre el grave riesgo de que se vuelvan a dictar normas que no se lleven a la práctica, sea por inercia burocrática, sea porque la cultura con que operan los agentes de la educación no ha evolucionado lo suficiente, sea por la dificultad de controlar su cumplimiento.

Esta actitud reverencial hacia la ley, acompañada por un espíritu que busca anular los efectos de su aplicación cabal, también se puede detectar en el sector de la salud. La reforma que se hizo durante el gobierno de Ricardo Lagos ha quedado, en parte, en el papel. Los hospitales no se han logrado acreditar y, por tanto, no han podido acceder a un sistema más autónomo y eficiente de gestión; las fichas clínicas no se han digitalizado, dificultando enormemente que los establecimientos operen en red; todavía se cuestiona que, en casos del sistema AUGE, si el sector público no brinda una atención oportuna, se deba recurrir al sector privado; las isapres operan en gran parte como si el Tribunal Constitucional no hubiera expulsado del ordenamiento jurídico la tabla de reajustabilidad de los planes de los seguros por los factores de edad y sexo, y la enumeración podría seguir. Lo que sucede es que esa importante reforma no fue acompañada por una acción masiva y eficaz de cambio de la cultura de los agentes de salud. Ahora se vuelve a hablar de “reforma”, sin que se conozca hasta ahora un estudio que evalúe la reforma de salud que introdujo el AUGE, cambió la estructura del sistema y modificó la ley de isapres. Lo primero sería poder contar con un instrumento de esa naturaleza para pisar sobre terreno firme.

La ley es importante, pero no basta para cambiar la realidad.

 

José Antonio Vierga-Gallo, Foro Líbero.

 

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO