Esperemos que esta nueva etapa sea hecha de manera consciente, sin parches ni patas cojas y que no se trate a las personas que se integrarán al sistema como conejillos de indias.
Publicado el 12.01.2016
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¿Cómo se puede avanzar hacia un desarrollo sobre la base de leyes parchadas, improvisación, desconfianza e imposición por sobre el diálogo? ¿Tiene el gobierno la legitimidad o el apoyo para jugar con el futuro del país?

Es cierto: el modelo de educación chileno tiene serias fallas en fiscalización, falta de oportunidades de movilidad social (como escuelas públicas que no logran mejorar el servicio que entregan, impidiendo a estudiantes de escasos recursos pensar en la continuidad inmediata de sus estudios, especialmente los técnicos) y proyección hacia el rol público. Hace falta una reforma, una gran reforma que se preocupe realmente por la docencia, la competitividad de todos los sectores y el paso a los niveles superiores.

Sin embargo, hoy se está reformando utilizando la misma lógica o realidad base de hace 20 años. En este afán de abarcar y abarcar, se corre el riesgo de convertir el sistema de educación en una fábrica de juguetes de plástico, en el que lo importante no es la calidad, sino que todos tengan una pieza. El gobierno aún no se da un respiro para pensar antes de cumplir, a pesar de que el ex ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo hace más de tres meses que “el programa educacional padeció de un exceso de ambición” y que debió haber mayor consenso.

Cuando hablamos de reforma, hablamos de oportunidad. Las sociedades cambian y, con ella, las necesidades de desarrollo, las condiciones en las que se vive y las expectativas a futuro. La educación -el pilar de la formación del país, es un punto muy delicado- ya que al fallar los cambios sobre ésta, se está jugando con el futuro de las personas. Por ello, el paso más humano, o al menos el que le da más espacio a la sociedad, no es oponerse a la reforma, sino anteponerse a una reforma mal hecha.

Faltan críticas directas y propositivas, autocrítica de un  gobierno empeñado en trabajar sobre la marcha, y a diseñar un modelo basado en experiencias que en la práctica no han funcionado.

No podemos saber qué pasos tomará el gobierno ahora, pero mirando al 2014 y especialmente el 2015, se me vienen a la cabeza varios conceptos, como “parches”, “leyes cortas”, o medidas inmediatistas que podrían llevar a la educación chilena a quedarse con las patas cojas que tenía, o perjudicar a las futuras generaciones, que tendrán que llevar la carga de cualquier decisión que se tome en adelante.

Presentar gratuidad sin tener un proyecto sólido que lo respalde acaba, lamentablemente, convirtiéndose en una medida de carácter ideológica o de figuración política, por sobre un hito real para mejorar la calidad de vida en el país.

De hecho, la gratuidad, si se implementa a tiempo, es en realidad una beca sin mayores condiciones a los sectores más pobres de nuestro país, pero que le pide requisitos a la universidad y no al alumno, y cuya diferencia entre recibir y no recibir beneficio, está en ganar $ 100 pesos más o menos por familia.

Esto es problemático, debido a que además el discurso del gobierno va cambiando hora tras hora, así como los argumentos que utilizan para acudir a un criterio u a otro. El “show” del tribunal constitucional dilucidó la descoordinación del gobierno y la manera en que un parche puede tapar el sol con un dedo. Y, como si fuera poco, el 29 de diciembre pasado, la ministra confirmó que ni siquiera existía el espacio para tramitar el proyecto; tres días antes desmentía cualquier irregularidad.

¿Qué justifica que la reforma no se desarrolle dando libertad en la oferta de instituciones y desde todos los bloques, para que así se presente como un sistema integral, que contemple desde la formación preescolar del estudiante al ingreso a la educación superior y posteriormente al desarrollo del país? Hacer una reforma de este impacto social, sin saldar al menos las barreras que hoy en día desarticulan el sistema, resulta efectivo como propaganda pero catastrófico en su aplicación final, ya que se deja a un lado la calidad de lo que se entrega.

El ejemplo icónico de esto es la PSU: sólo tres de los 65 puntajes nacionales podrían acceder a gratuidad y los colegios con los mejores puntajes siguen siendo los particulares pagados, con algunas excepciones que deberían servir de ejemplo para desarrollar un sistema que le dé oportunidades a los estudiantes de entrar a la educación superior o técnico-superior.

Buenos colegios públicos o alternativas de bajo costo (como serían los subvencionados correctamente fiscalizados) son el primer y si no el paso más importante para alcanzar el objetivo. El segundo paso es reconsiderar la PSU como sistema predilecto de ingreso. La misma ministra admitió que hay que revisarlo, pero a largo plazo correspondería cambiarla, dado que no mide las habilidades necesarias para proyectar el desempeño de los postulantes en la continuidad de sus estudios ni aún menos considera el factor vocacional como un factor de ponderación en la postulación del estudiante. Hacer pruebas personalizadas resulta más engorroso, pero necesario en el futuro.

Así, la integración y la diversidad en las instituciones y los alumnos que generan el sistema educacional es, sin lugar a dudas, un factor que enriquece el sistema en su totalidad. Sin embargo, ha sido realmente polémico, especialmente porque clasificar deviene casi inevitablemente en diferenciar, y las diferencias que se han dado hasta ahora se han enfocado en la discriminación y la elección de elementos arbitrarios para clasificar “lo bueno” de “lo malo”, y quien no esté de acuerdo con esa calificación es enemigo del derecho a la educación.

Hay que dejar claro que la realidad está muy alejada del discurso que se ha propuesto. Resulta una falacia y poco responsable sesgar y moverse en el reduccionismo. Existen instituciones públicas y privadas, pero ninguna es mejor que otra en su naturaleza sino en el rol que cumplen. Ambas universidades pueden mal administrar sus fondos, tener alumnos vulnerables (y de hecho, gran parte de las privadas contemplan la matrícula del sector al que apunta la glosa de gratuidad) y, por supuesto, ser de buena o mala calidad. Esto, sin hablar de los institutos técnicos-profesionales, que hoy son un factor de movilidad social y que, en estas primeras medidas de la reforma, fueron cruelmente olvidados junto a sus estudiantes.

Debemos proponernos hacer del país un lugar de verdadera democracia, que tenga un espacio para todos y donde todas las visiones y realidades sean parte de estos cambios, ya que son las personas -y no un organismo que ha demostrado discriminar sin criterios más allá que los ideológicos-, quienes finalmente deberán cargar con cualquier parche mal hecho.

Esperemos que esta nueva etapa sea hecha de manera consciente, sin parches ni patas cojas y que, por supuesto, no se trate a las personas que se integrarán al sistema como conejillos de indias, sino como sujetos con derecho al acceso a una educación que fomente tanto el desarrollo personal como el de la sociedad.

Porque, como dijo Nelson Mandela, “la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo”. Por lo mismo, debemos preocuparnos de que ese gran poder se use para ayudar, mejorar y crecer en conjunto.

 

Sascha Hannig, vocera Organización de Federaciones de Educación Superior Privada (Ofesup) y presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. Adolfo Ibáñez de Viña del Mar.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO