Detrás de una supuesta intención de condenar la violación a los Derechos Humanos se esconde una nueva jugada política de la izquierda.
Publicado el 06.01.2016
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Indignación causó ayer el debate de un proyecto de ley presentado el 2011 por parlamentarios del PC, PS y la Democracia Cristiana, cuyo único artículo castiga con pena de cárcel al que públicamente “niegue, minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos bajo el régimen militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

Detrás de una supuesta intención de condenar la violación a los Derechos Humanos se esconde una nueva jugada política de la izquierda, que busca dividir en momentos complejos del quehacer nacional, a los chilenos en grupos de buenos y malos, en un primer paso hacia normas que moldean la memoria histórica a gustos de quienes legislan. Aparece un odio a la libertad y afán totalitario que parecía desterrado.

Hay varios temas relevantes en esta discusión:

El primero, es la necesaria condena a cualquier violación de los Derechos Humanos, con independencia del momento histórico, sus circunstancias y sin consideración de quiénes son sus víctimas o sus victimarios. En esto se requiere claridad y consistencia y no deben admitirse dobles líneas argumentales.

Por eso llama tanto la atención esa pretendida superioridad moral de la izquierda, que ahora quiere convertir en una superioridad histórica consagrada por ley con sus votos en el Congreso. Son los mismos que sistemáticamente apoyan la violación de los DDHH en Cuba o Corea del Norte -a las que incluso consideran democracias ejemplares- sino que además homenajean públicamente a sus dictadores como Fidel Castro -cuya tiranía acaba de cumplir 57 años- o a Kim Jong Un, de quien nunca se les pasa la fecha de su cumpleaños para felicitarlo debidamente.

Si esta ley de verdad pretendiera condenar la violación de los DDHH, perfectamente podría condenar la exaltación de todos sus atropellos. En ese caso podríamos preguntarnos si Michelle Bachelet minimiza o no los crímenes tras el Muro con su apología de Margot Honecker y la dictadura en Alemania Oriental, o si nuestros parlamentarias Camila Vallejo y Karol Cariola están justificando, negando o simplemente minimizando las violaciones de los DDHH en Cuba cuando se fotografían con Castro y proclaman que sus reflexiones son “luz para Chile”.

Un segundo tema de especial relevancia es la libertad de expresión y el riesgo de la instauración de una policía del pensamiento en nuestro país.

La prohibición legal de lo que se puede decir o no es una de las primeras formas de limitación de las libertades de los ciudadanos, radicando en el legislador la facultad de decidir qué se puede expresar públicamente y qué no. Esto genera el serio riesgo de que las mayorías transitorias puedan terminar encarcelando a una minoría por pensar distinto. Más todavía cuando las normas se redactan de una forma tan ambigua donde todo podría caber, especialmente en el caso de “minimizar”.

Así se aprecia precisamente en dictaduras como la cubana que encarcelaron y persiguieron sistemáticamente a las Damas de Blanco o la misma dictadura chavista en Venezuela que condenó  y encarceló al líder de la oposición Leopoldo López.

Además de la limitación de la libertad de expresión, este tipo de iniciativas tiende a identificar el centro del poder con el centro de la verdad, por lo que se puede terminar corrompiendo el vínculo de las personas en comunidad y ese “vivir en la verdad” al que se refiere Václav Havel, de “seguir la llamada de su conciencia y alzar la voz frente a la mentira”. No por nada en regímenes totalitarios muchas personas llevan una doble vida, una cara oficial, rostro público frente a los demás, y una cara escondida, íntima y familiar.

Por último, este tipo de iniciativas no busca la verdad histórica sino simplemente consagrar la hegemonía de un grupo político. Por ejemplo, el control que la izquierda tiene del Instituto de Derechos Humanos o de ciertas legítimas visiones de la historia que perfectamente pueden contrastar con otras. Debemos proteger la libertad de expresión, incluso de aquellas ideas que no nos gusten o de cosas que simplemente no queremos oír, caso contrario sería censurar a Neruda y su “Oda a Stalin”, los mensajes de cumpleaños o a nuestros jóvenes parlamentarias y sus reflexiones cubanas. O ese gran discurso homenaje que hizo Salvador Allende a Stalin, el máximo genocida de la historia, en 1953. Crímenes que se negaban, minimizaban o justificaban, por la construcción del socialismo.

 

Julio Isamit, coordinador general de Republicanos.

 

 

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