Nada de extraño que el mismo Gobierno que se comprometió a erradicar el individualismo y la desigualdad haya priorizado no la educación municipal, no al Sename, no la mejora de los consultorios, no el apoyo al embarazo vulnerable, etc., sino una ley que permite atentar directamente contra la vida del más vulnerable e indefenso de los seres humanos, sin siquiera considerar la opinión del padre del niño o niña que está por nacer.
Publicado el 22.08.2017
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Desde Michelle Bachelet hacia abajo, ayer todo era celebración en las filas de la Nueva Mayoría. Su razonamiento era sencillo: dado que la sentencia del Tribunal Constitucional —en lo sustancial— rechazó el requerimiento parlamentario y validó el proyecto de aborto, el Gobierno se anotó un triunfo emblemático. Pero cualquiera sea la sensación de victoria en lo inmediato, los problemas que todo esto acarreará a nuestra izquierda en el futuro son inevitables.

Aunque sus principales dirigentes están lejos de advertirlo, lo ocurrido en torno al aborto confirma no sólo su desorientación —hoy quienes luchan por los débiles son otros—, sino también su progresivo distanciamiento con las fuentes que dotaron de legitimidad política a este sector en el Chile post dictadura. Después de todo, dicha legitimidad se fundó en un discurso político y moral articulado en tres pilares: la lucha por los derechos humanos, la defensa de la democracia (en oposición al autoritarismo) y la reciente diatriba contra el individualismo que azotaría nuestra sociedad; y nada de esto resulta mínimamente consistente con los planteamientos de la izquierda acerca del TC y del aborto.

Desde luego, lo principal guarda relación con los derechos humanos. Acá no se trata de comparar una atrocidad con otra —los males son inconmensurables—, sino simplemente de comprender los enormes entuertos intelectuales, prácticos y simbólicos que derivan de la defensa del aborto directo que hoy abunda en la izquierda nacional. En adelante, los derechos fundamentales y la dignidad personal ya no se basarán en la sola pertenencia a nuestra especie, sino en algo distinto (vaya uno a saber qué). Hasta aquí el panorama era diferente y por eso no sorprende la alusión del requerimiento de los diputados al Informe Rettig. A diferencia del Gobierno actual, el informe reconoció entre las víctimas de violaciones a los derechos humanos a “la criatura que se encuentra en el vientre materno”, llegando a decir que “la interrupción de la vida intrauterina de la criatura constituye violación del derecho a la vida”, el que “se inicia a partir de la concepción”. A buen entendedor, pocas palabras.

Pero hay más. La izquierda no sólo olvidó su compromiso con los derechos de todos los seres humanos característico de su discurso noventero. Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez y varios otros realizaron aseveraciones con aroma autoritario en esta coyuntura, olvidando que la democracia presupone el respeto a las instituciones y límites al poder, incluyendo al legislador (en este contexto, la afinidad de Miguel Crispi con el chavismo no es más que la lógica consecuencia de la confusión de sus mayores).

Así las cosas, nada de extraño que el mismo Gobierno que se comprometió a erradicar el individualismo y la desigualdad haya priorizado no la educación municipal, no al Sename, no la mejora de los consultorios, no el apoyo al embarazo vulnerable, etc., sino una ley que permite atentar directamente contra la vida del más vulnerable e indefenso de los seres humanos, sin siquiera considerar la opinión del padre del niño o niña que está por nacer.

Y es que guste o no, la conclusión de todo esto es inequívoca: la izquierda se olvidó de todo aquello por lo que decía luchar.

 

Claudio Alvarado R., Instituto de Estudios de la Sociedad

 

 

FOTO: CLAUDIO DIAZ/ AGENCIA UNO