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Publicado el 26 de junio, 2018

La imprescriptibilidad y la solución a delitos aberrantes

Para poder encontrar soluciones adecuadas ante delitos como la pedofilia, no se debe dejar de lado un adecuado planteamiento de su problemática y de las penas.
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Ante la indignación popular generada por la violación y muerte de criaturas inocentes, se va a discutir en el Congreso la posibilidad de que los delitos de pedofilia sean imprescriptibles. Ello nos conduce a analizar tanto la aplicación de la pena de muerte ante dichos delitos, como el agravamiento de las penas y su imprescriptibilidad.

Dejando de lado el tema de la pena de muerte como un atentado contra la vida, la respuesta a esta pregunta no es tan clara, sobre todo si pensamos en los incentivos conductuales de la regulación penal. La pedofilia no suele llevar aparejada la pena de muerte justamente debido al riesgo de que el delincuente, dada la función marginal disuasiva de la pena, suba un peldaño más en su conducta típica y antijurídica y cometa un delito mayor. Así, dado que los pedófilos son racionales –por ello escogen ocupaciones en que tienen contacto con niños y suelen adscribirse a grupos en los que pueden ser protegidos por una malentendida solidaridad–, lo más probable es que, por el aumento de la pena, en lugar de sólo abusar sexualmente o violar a un menor, decidan también matarlo y opten por cometer el “delito perfecto” (escondiendo las evidencias del delito).

Por otra parte, la imprescriptibilidad de la pena se justifica en delitos de lesa humanidad, es decir, respecto de violacion de los derechos humanos por parte del Estado. Lamentablemente, no es un elemento disuasorio e incluso puede llevar a ser un fuerte incentivo para no deponer una dictadura, por ejemplo. Pensemos en Cuba: si el régimen dictatorial cree que se les aplicarán penas imprescriptibles por delitos de lesa humanidad, ¿por qué deberían abdicar? Este tema no es menor desde que en la dictadura de Pinochet se planteó este dilema, que resolvió dictando la Ley de Amnistía respecto de estos delitos. Es decir, tal vez, sin Ley de Amnistía la dictadura no habría negociado la vuelta a la democracia.

A ello se agrega que, en un porcentaje importante y dado nuestro sistema garantista –en materia penal, para poder condenar se exige un alto grado de convicción del delito, es decir, la participación del delincuente debe estar más allá de cualquier duda razonable–, los pedófilos apostarán a que en definitiva no se les aplicará pena alguna. Por tanto, los incentivos por cometer el delito perfecto serían más fuertes en países como Chile que en sistemas en que no se respeten los derechos fundamentales de los victimarios; nuestro sistema penal desarticula la función disuasiva de la pena.

De ninguna manera estoy fomentando que los delitos de lesa humanidad sean prescriptibles, ni que no exista el debido proceso penal, pero no se pueden soslayar los costos que generan algunas reformas. Tampoco se debe dejar de lado un adecuado planteamiento de la problemática del delito y las penas para poder encontrar soluciones adecuadas. Así, por ejemplo, un sistema que agrave la responsabilidad funcionaria de los garantes (a través del Derecho Administrativo) y que prevea sistemas de resguardo dobles respecto de los menores podría ser más eficientes. En definitiva, estimo que en lugar de legislar a partir de la contingencia es preciso analizar las penas que establece nuestra legislación y no sólo la regulación de la imprescriptibilidad de delitos aberrantes.

Rodrigo Barcia Lehmann, Doctor en Derecho, profesor investigador Universidad Finis Terrae

 

FOTO:JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

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