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Publicado el 04 de abril, 2018

La Haya y el activismo judicial

Los tribunales internacionales corren el riesgo de convertirse en irrelevantes por la negativa de los países a someterse a sus fallos si perciben que en ellos priman consideraciones ajenas al derecho. El activismo judicial transfronterizo terminará con la Corte de La Haya.
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En la inauguración del Observatorio Judicial, centro que aspira a promover entre los jueces una cultura de respeto a la ley en sus decisiones, le escuché al magistrado peruano José Luis Sardón una frase que sonó como música para mis oídos. Dijo algo así como: “Los jueces debiéramos acostumbrarnos a dictar más fallos con los que no estamos de acuerdo”.

Con esa provocadora frase, Sardón quiso destacar la importancia que tiene para una sociedad libre que los fallos judiciales se ajusten a la ley, aun en el caso de que el propio juez no esté de acuerdo con el contenido de ésta. La discusión sobre si el gobierno debe ser de las leyes o de los hombres se remite a Platón y Aristóteles, y fue resuelta magistralmente, a mi juicio, por los padres fundadores de los Estados Unidos cuando hicieron explícita su preferencia por el gobierno de las leyes.

El llamado activismo judicial, que campea hoy en muchos de nuestros tribunales, es justamente lo opuesto. En palabras de Sardón nuevamente: “La necesidad de interpretar la ley para aplicarla no debe ser una coartada para que el juez imponga sus puntos de vista o valores”.

¿Qué tiene que ver con esto la Corte de la Haya?

Cada vez más personas plantean públicamente la conveniencia de que Chile se retire del Pacto de Bogotá, especialmente si en su próximo fallo la Corte Internacional de Justicia acoge la demanda boliviana estableciendo la obligación chilena de negociar de buena fe una salida al mar para Bolivia. El ex canciller Hernán Felipe Errázuriz es uno quienes con más claridad ha planteado, desde hace ya un tiempo, esa posición, la cual es cada vez más compartida por expertos de diversas sensibilidades políticas.

En nuestro caso, lo planteamos hace dos años y medio en una columna en El Mercurio, pues, recordábamos, es la pertenencia a dicho pacto lo que nos obliga a concurrir a la Corte de La Haya ante la demanda de cualquiera de nuestros vecinos signatarios del mismo. Al reconocer la jurisdicción de un tribunal, las partes delegan a un tercero una decisión de interpretación de una ley o contrato sobre los que no tienen acuerdo. Ello es propio de sociedades civilizadas en la medida que, de persistir el desacuerdo, la resolución del conflicto podría llevar a fuertes tensiones entre las partes.

Sin embargo, esta decisión se basa en la premisa de que la Corte falla en derecho. Si no lo hace, y en su fallo intervienen factores políticos y consideraciones de otro tipo, propias del activismo judicial —como favorecer al más débil—, la evaluación cambia. Como nuestro país no tiene reivindicaciones territoriales con sus vecinos, sólo puede perder si permanece en el Pacto de Bogotá.

En el caso de la demanda de delimitación marítima que interpuso Perú, la Corte Internacional de Justicia falló de acuerdo a un criterio “de equidad” que se apartó del tratado entre ambos países. Y al acoger la demanda boliviana a tramitación, la Corte ignoró que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 es anterior a la firma del Pacto de Bogotá, por lo que debía entenderse que no tenía jurisdicción para tratar este caso.

Este tipo de actuaciones tiene el riesgo que los países, ante la incerteza jurídica a la que se ven enfrentados, decidan retirarse del Pacto de Bogotá, que le da competencia a la Corte Internacional de Justicia para pronunciarse sobre las controversias entre las naciones signatarias. Colombia ya lo hizo, tras un fallo de la Corte que favoreció a Nicaragua en su perjuicio.

Los nacionales de un país están obligados a aceptar la jurisdicción de las cortes del territorio en que viven, por lo que el activismo judicial al interior de las fronteras nos hace menos libres. Sin embargo, tratándose de tribunales internacionales, la comparecencia ante ellos tiene carácter voluntario, en cuanto los países, de acuerdo a la práctica del derecho internacional, pueden denunciar los tratados que entregan jurisdicción a cortes foráneas. Esta diferencia es fundamental, pues el riesgo que corren los tribunales internacionales es de convertirse en irrelevantes por la negativa de los países a someterse a sus fallos, si perciben que en ellos priman consideraciones ajenas al derecho. El activismo judicial transfronterizo terminará con la Corte de La Haya.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

 

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