Como debe salirse de la constitución —o convencer a 2/3 del Congreso— para convocar a una AC, Bachelet está jugando en la ambigüedad para tratar de vender un enchulamiento a la Constitución de 1980 como un producto nuevo.
Publicado el 30.04.2015
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Cuando se esperaba que la Presidenta Bachelet aprovechara la entrega del Informe del Consejo Anti-corrupción para enviar una contundente señal a favor de la probidad y la transparencia, el sorpresivo anuncio sobre el inicio del proceso constituyente en septiembre se convirtió en una guinda más grande que la torta de reformas que anunció Bachelet. Porque una nueva constitución es mucho más trascendental que cualquier otra reforma, la decisión de Bachelet de anunciar, al final de su discurso, el inicio del proceso constituyente opacó al Informe de la Comisión Engel. Como Bachelet además fue excesivamente ambigua respecto al camino que tomará el proceso constituyente, será inevitable que se comience a sentir un efecto negativo en la economía del país y en la fortaleza de las instituciones ante esta gigantesca cuota de incertidumbre que la Presidenta ha puesto sobre la mesa.

Desde nuestra consolidación como república, Chile ha tenido tres constituciones. La Constitución de 1833 permitió la consolidación de la república presidencialista y, después de la guerra de 1891, se acomodó a la aparición de un régimen casi parlamentario. La crisis de los años 20 desembocó en la Constitución de 1925. Después del golpe militar, la dictadura impuso la Constitución de 1980. El proceso de transición a la democracia y las reformas de 2005 eliminaron los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980 y la dotaron de un manto de legitimidad que permite aseverar que Chile tiene hoy una democracia plena. Como el país solo ha tenido tres constituciones en 180 años, el anuncio de Bachelet de que en septiembre se iniciará un nuevo proceso constituyente no es menor. Los terremotos grado 8 o superiores son más comunes en nuestro país que los procesos constituyentes.

Por su origen autoritario, la Constitución de 1980 es considerada inaceptable para muchos que hoy quieren profundizar y mejorar la democracia. Ninguna reforma —por más que se acerque a las demandas de la ciudadanía— corrige esa falla fundacional de la constitución. De ahí que la Concertación —y ahora la Nueva Mayoría— hayan hecho de una nueva constitución una demanda histórica preciada. Para la NM, aunque la nueva constitución resultara idéntica a la actual, el solo hecho de ser generada en democracia bastaría para darle legitimidad.

Pero no hay garantías de que la nueva constitución elimine preceptos que resultan inaceptables para parte de la izquierda —como el poder del tribunal constitucional, el reconocimiento a los pueblos originarios, las altas mayorías necesarias para introducir reformas o el rol subsidiario del Estado—. Peor aún, la nueva constitución pudiera constituir un retroceso en temas ya zanjados —como la abolición de la pena de muerte—. Así y todo, la nueva constitución será más legítima que la actual porque no tendrá ese pecado de origen. De poco sirve contra-argumentar que hay otras constituciones con origen autoritario que han dado luz a democracias plenas. El debate sobre la nueva constitución es pasional, no racional.

Ahora bien, como la constitución actual no provee mecanismos para su remplazo, Bachelet fue especialmente ambigua en su anuncio. La Presidenta habló de “un proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos”. Pero como se debe remplazar la constitución de Pinochet, no basta con un proceso participativo que introduzca reformas constitucionales. Eso ya se hizo en 1989, 2005 y varias veces más, pero no corrigió el problema de legitimidad de origen de la constitución.

Como devolver el poder a los ciudadanos es una condición para tener una verdadera nueva constitución, la Asamblea Constituyente es la única opción que permitirá producir una nueva constitución. Cualquier otra cosa sería solo reformar la constitución de Pinochet. Pero como debe salirse de la constitución —o convencer a 2/3 del Congreso— para convocar a una AC, Bachelet está jugando en la ambigüedad para tratar de vender un enchulamiento a la Constitución de 1980 como un producto nuevo.

Una solución razonable sería convocar a un plebiscito y que los chilenos decidan si quieren iniciar un proceso constituyente (con Asamblea Constituyente) o si quieren seguir por el camino conocido de reformas a la constitución. El resultado de este plebiscito legitimaría una AC o bien dotaría a la constitución de Pinochet de un saludable baño de legitimidad democrática. Pero en vez de jugarse esa carta, Bachelet prefirió quedarse en la ambigüedad y no especificar quién cortará el queque.

Por más que el gobierno se haya esmerado ayer en recular en el anuncio de la Presidenta sobre el proceso constituyente —privilegiando en cambio las iniciativas de reformas propuestas por la comisión Engel—, la Presidenta echó a andar un proceso que, si bien lo había prometido en su campaña (con la misma ambigüedad jurídica), amenaza con escapársele de las manos de la misma forma que se la ha escapado el control de las crisis gatilladas por los escándalos Penta, SQM y Caval.

 

Patricio Navia, miembro del Foro Líbero y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO_.

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