Si los recursos no alcanzan, la gradualidad debe favorecer a los estudiantes más vulnerables, eludiendo toda discriminación arbitraria.
Publicado el 18.07.2015
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El gobierno finalmente entregó a la opinión pública, partiendo por los estudiantes de la CONFECh, el documento que contiene las “Bases para una Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior”. El documento elaborado por el Ministerio de Educación (Mineduc) llega tarde y mal; tanto que, a poco de ser difundido, ya le llueven las críticas desde todos los sectores. ¿Qué es lo que explica que el Mineduc en sólo meses haya dilapidado el amplio respaldo ciudadano que concitaba la reforma, que incluso sirvió de impulso para el triunfo electoral de la coalición gobernante, al punto que hoy son más los detractores que los partidarios de la misma?

Un primer factor ha sido la tardanza en entregar un documento que pusiera un marco a la discusión y delimitara las expectativas (que la promesa de gratuidad universal todavía genera). Una semana antes, los propios estudiantes agrupados en la CONFECh difundieron el documento: “Principios Fundamentales para la Educación Pública”, donde proponen reformas que van desde el modelo de desarrollo hasta las condiciones laborales en las universidades. No han sido los únicos: organismos públicos como el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, el Consejo de Rectores (CRUCh) y rectores de instituciones de educación superior (IES) privadas, entre otros, han formulado observaciones y críticas a la propuesta inicial del Ministerio. El documento ministerial no se hace cargo de ninguna de ellas. Es como si todo siguiera igual desde aquellos primeros meses de gobierno, en que todo parecía posible, al alcance de la mano.

Un segundo factor tiene que ver con la vía escogida para lograr una implementación gradual de la gratuidad en educación superior. Es que el Mineduc no sólo eludió hasta aquí el debate público sobre los componentes de la reforma, sino que ahora anuncia que comenzará a implementar la gratuidad –un elemento que ha sido central en el discurso oficialista sobre el pretendido “cambio de paradigma”- sin reforma; esto es, vía ley de presupuestos. Esto es a todas luces inconveniente. La ley de presupuesto no puede –por su naturaleza- plantearse cambios de mayor envergadura, menos aún “reformas estructurales”. Esa vía arriesga hacer de la gratuidad un cambio “gatopardesco”, que reemplaza un mecanismo de financiamiento –fundamentalmente para las universidades del CRUCh- y deja las cosas que realmente importan igual. Pero, además, la ley de presupuesto como instrumento de política entraña el riesgo de volverse permanente, por virtud de la inercia, sobre todo cuando las condicionantes son de tipo financiero. Y claro, no puede ser de otra forma, puesto que en la ley de presupuesto quien lleva la voz cantante no es el ministerio sectorial, sino que Hacienda. Esa ha sido la experiencia de los gobiernos pasados, del ‘90 en adelante; sería decepcionante que el “segundo tiempo” de este gobierno implique retornar a esa forma de hacer políticas públicas.

Pero el principal factor de la insatisfacción generalizada es que el anuncio sobre la puesta en marcha de la gratuidad no sólo traiciona las expectativas de los estudiantes –que pusieron el tema en la agenda pública- sino, también, el programa de gobierno. Si la educación se concibe como un derecho, es el estudiante quien debe estar en el centro de la política y ésta debe apuntar a la equidad en el acceso. Si los recursos no alcanzan, la gradualidad debe favorecer a los estudiantes más vulnerables, eludiendo toda discriminación arbitraria. Los requisitos de calidad –que debe haberlos- tienen que ser objetivos y no establecer exclusiones a priori. Más aún, tales requisitos deben ser consistentes con la libertad de elección de los alumnos y la diversidad de proyectos educativos que garantizan conjuntamente el derecho a la educación y la libertad de enseñanza plasmados en la Constitución y tratados internacionales.

Restringir el comienzo de la gratuidad a las universidades del CRUCh –que, junto con unos pocos IPs y CFTs sin fines de lucro representan una fracción menor de la matrícula total de las IES- implica apartarse del camino trazado por el programa de gobierno, favorecer injustificadamente a un puñado de instituciones en vez de atender las necesidades de los estudiantes y hacer una distribución de los recursos que no resulta coherente con la idea de “la educación como derecho social”.

Por eso, en el estreno de una de las más emblemáticas reformas del actual gobierno no hubo entusiasmos ni aplausos.

 

José Julio León, Profesor de Derecho UDP.

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO