El gobierno debe decidir si está de parte de los violentistas y les sigue brindando tratos especiales, o hace lo que corresponde, es decir, frenar y detener a quienes amenazan y atacan en la región de La Araucanía.
Publicado el 16.07.2015
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Ocurrió lo que la gran mayoría, a excepción de las autoridades de gobierno, sabíamos de antemano que iba a suceder: un comunero se iba a escapar del Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol, recinto semiabierto que, pese al despilfarro de 300 millones de pesos en arreglos para recibirlo, nunca ha sido -no es y nunca será- un lugar adecuado para albergar a reos peligrosos como el fugado, Cristián Levinao.

¿Cómo pasó todo esto? Recordemos…

Levinao, comunero mapuche condenado a 10 años por robo con intimidación, ejerció presiones para ser traslado desde la cárcel -de donde jamás debió salir- mediante huelgas de hambre junto a otros comuneros mapuche. Entre ellos Luis Marileo, sentenciado por el homicidio del parcelero Héctor Gallardo Aillapán, de origen mapuche. Esto último es preciso remarcarlo para dejar en evidencia que la actividad criminal de los grupos radicalizados del sur de Chile ataca a miembros de su propio pueblo si es necesario hacerlo, para mostrar fuerza y así amedrentar a las comunidades pacíficas. Siempre ha sido una farsa aquello de que solamente atentan contra las forestales y agricultores de buena situación económica, farsa que ya es hora desenmascarar: agreden, amenazan y hostigan a todos por igual, sin ningún tipo de distinciones ni miramientos.

Levinao, luego de torcerle la mano a las autoridades, llegó al CET, pero no duró mucho tiempo allí: fue reenviado a la cárcel por mala conducta (golpizas a otros internos y a un gendarme, detalles que comprueban lo agresivo que es). Este delincuente, conociendo la facilidad con que deja presionar el gobierno, inició entonces una segunda huelga de hambre exigiendo lo mismo que la vez anterior: ser trasladado a un recinto semiabierto.

El resultado de la demanda del comunero lo conocemos: fue otra vez enviado al CET de Angol, pese a los antecedentes de su estadía previa en ese mismo lugar y a los pocos meses se fugó.

Sencillamente para no creerlo, opinarán algunos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque esta fuga era predecible hasta por el más chanta de los adivinos. Solamente un gobierno irresponsable se le podía ocurrir trasladar a reos peligrosos a un recinto semiabierto. Y afirmo que es un gobierno irresponsable por varias razones. Primero, por la labor de su de Ministerio de Justicia; segundo, su Presidenta ha venido a La Araucanía exclusivamente de vacaciones siendo la única región del país a la que no ha venido de manera oficial; y tercero, su representante -el intendente Huenchumilla- no ha dado ninguna solución y hace noticia por polémicas y por frases incendiarias que no aportan en nada, sino todo lo contrario se le premia manteniéndolo en el cargo cuando por sensatez se le debió pedir la renuncia hace mucho tiempo.

Mientras escribo esto, y recuerdo otras tantas cosas que incompresibles que han sucedido y siguen aconteciendo en La Araucanía, no sé si reírme del absurdo o llorar de pena por nuestra querida región. Sin embargo, no haré ni lo uno ni lo otro. Por el contrario, es el momento de exigir.

Exigimos que el gobierno se decida de una vez por todas: o está de parte de los grupos radicalizados y de los violentistas y les sigue brindando tratos especiales y privilegios que terminan en fuga, o derechamente hace lo que corresponde, es decir, frenar y detener a los violentistas que amenazan, agreden y atacan a quienes lo único que desean es trabajar y contribuir con la prosperidad y el crecimiento de la región. No queda otra alternativa, ni menos aún aceptaremos más demoras por una decisión definitiva y categórica. Es ahora o nunca.

Para que el gobierno nos demuestre que sí hay voluntad debe, como medida inmediata, ordenar que el otro comunero, Luis Marileo -que fue trasladado al CET de Angol presionando con huelga de hambre- sea reenviado a la cárcel y allí cumpla, de manera efectiva y sin más tratos especiales, la respectiva condena que la justicia le aplicó. Él y Levinao no son “presos políticos”, como se autocalifican con total descaro, sino que son lisa y llanamente delincuentes peligrosos y deben ser tratados como tales por las autoridades. Basta ya de permisividad e indulgencia.

 

Alejandro Martini Iriarte, Movimiento Paz en La Araucanía.

 

FOTO: CRISTÓBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO